domingo, 5 de septiembre de 2010

DOS DEBATES HISTÓRICOS

El valor histórico y político de la denuncia pública

A debate de control político en la Cámara de Representantes, fueron llevados dos temas cruciales para el país: “Tierra, desplazamiento forzado, víctimas y despojo” y cementerios NNs en el departamento del Meta.

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Para muchos colombianos los dos hechos políticos más importantes que se han registrado en los últimos meses, los ha protagonizado el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. La razón es haber convocado a dos debates cruciales para la historia del país: Uno sobre tierras y otro sobre los cementerios de NN ubicados en el departamento del Meta. Ambos temas resultan esenciales; pues en ellos se revela el origen y la permanencia del largo conflicto interno que ha padecido Colombia durante los últimos 60 años. La inequidad en la tenencia de la tierra con sus formas variadas de despojo, y la falta de verdad y justicia para los miles de casos denunciados sobre ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos que han ocurrido durante los últimos años en el país.

En los Llanos orientales se ha comprobado la existencia de cuatro cementerios de NNs en los que reposan 1.632 cuerpos, sobre los cuales no existe registro alguno acerca de la causa del fallecimiento. Muchos de estos fueron entregados por la fuerza pública, cuyos agentes habrían cumplido funciones de policía judicial para el levantamiento de los cadáveres, violando además los protocolos internacionales de inhumación de restos humanos.

No es una exageración plantear estos debates como hechos de enorme valor histórico; porque encarar y dar solución a ambos problemas es fundamental para el afianzamiento democrático, el fortalecimiento de la justicia y para sentar las bases de un genuino proyecto de reconciliación nacional. La democratización de la tenencia de la tierra y los derechos a la verdad, la justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia son sustento para la consolidación de un genuino Estado Social de derecho.

El problema de la tenencia de la tierra, la falta de políticas públicas que brinden garantías de subsistencia digna al campesinado, soberanía alimentaria y fomento para el desarrollo agrario, sumado a la acción de grupos paramilitares que en asocio con multinacionales, empresarios y políticos han provocado el desplazamiento masivo de comunidades y familias campesinas para adueñarse de la tierra y asignar numerosas hectáreas a la siembra de palma o impulsar diversos megaproyectos, evidencian que se trata de un problema histórico que se ha ido transformado con el tiempo en cuanto a la adopción de nuevas modalidades para el despojo de la tierra y la violencia, pero que sigue reflejando la misma precariedad administrativa y la ausencia de voluntad por parte del Estado colombiano.

El problema de la tierra ha sido histórico en Colombia. Durante el siglo XIX los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, a través de la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, el de Alberto Lleras con una nueva ley de reforma agraria y la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1961 y la aprobación de la Ley 1a. de 1968 bajo el gobierno Carlos Lleras Restrepo, se intentó hacer algo al respecto, pero los avances obtenidos fueron mínimos.

La violencia bipartidista de aquel entonces, que significó el desplazamiento masivo de miles de campesinos hacia las ciudades, el proceso de expropiación de fincas improductivas y tierra de propiedad privada por parte del Incora obstaculizado por latifundistas conservadores y liberales con fuerte injerencia política, sumado a las presiones y control que ejercían los terratenientes sobre el Congreso de la República, impidieron concretar la reforma agraria. Finalmente, en 1972, a través del Pacto de Chicoral, bajo el gobierno de Misael Pastrana, y el auspicio del senador Víctor Mosquera Chaux se abrió paso la contrarreforma, se fortalecieron los latifundios y la reforma fue descartada. Miles de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes fueron expropiados de sus territorios.

Hoy el 70% de la tierra productiva en Colombia está en manos de los poderes mafiosos.

“No habrá reforma agraria si el campesinado y sus organizaciones de usuarios no la imponen”, afirmaba el presidente Carlos Lleras.

La realidad del despojo, expuesta en el debate, y de la cual no pueden ser ajenos la dirigencia política del país ni la sociedad en su conjunto, es una de las causas fundamentales, sino la principal, del ancestral conflicto que vive Colombia. De allí la resistencia que el tema ha genera en amplios sectores del país.

Tres días antes de realizarse el debate de control político sobre tierras, desplazamiento y despojo ante la plenaria de la Cámara de Representantes convocado por los parlamentarios Iván Cepeda Castro, Wilson Arias y Guillermo Rivera, dos líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y de la Asociación de Desplazados de Colombia, y el representante Cepeda, recibieron una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar “Bloque Capital” de las Águilas Negras.

Pese a ello y a las suspicacias generadas, el debate se realizó en la fecha prevista y se hicieron graves denuncias.

El Debate de Tierras, víctimas y despojo

Con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se llevó a cabo un candente debate que finalizó cerca de la media noche del pasado 18 de agosto. Varias las denuncias fueron realizadas por los parlamentarios convocantes y varios los compromisos ratificados por el gobierno nacional.

El representante Cepeda reveló las nuevas caras del despojo, en relación con una bonanza especulativa que se viene presentando en varias regiones del país y que involucra empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Las nuevas agropecuarias son las que se están quedando con la tierra.

Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones dadas por ex cabecilla paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en el 2008 a la Fiscalía General y que fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Según Castillo Peralta la estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

Pitirri afirmó haber estado en dos reuniones con el entonces senador Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su socio político. La primera reunión fue en el municipio de Sagún, Córdoba y la segunda en el Hotel Piscis de Caucasia, Antioquia.

“…Quiero tierras en las regiones donde ustedes están metidos –cuenta Pitirri que le dijo Mario Uribe-, quiero engrandecer el terreno, pero la verdad es que no voy a poner esas tierras a nombre mío, tu sabes que eso es una vaina ilegal, que tenemos que reconocer a fondo que es ilegal, pero vamos a poner testaferros para que un futuro esas tierras pasen a mi nombre, yo sabré a quien se las voy a poner. […] Me interesa la finca la Alemania, que es de Rafael Zuleta, que era de los hermanos Julio y Zuleta se las quitó, se las remató; La Chispa, en San Marcos, una finca ganadera muy bonita. […] Averíguame esas tierras por ahora… ¿Hay que matar? No sé, eso es problema de ustedes, total, que las tierras sean baratas”.

El paramilitar encargado de conseguirle tierras baratas al ex congresista Mario Uribe, según cuenta Pitirri, fue Eder Pedraza, alias 'Ramón Mojana'.

El representante Cepeda con lista le pidió a la Fiscalía General interrogar a alias Ramón Mojana sobre las tierras del ex senador Mario Uribe y al gobierno de Juan Manuel Santos aplazar su extradición a Estados Unidos, en tanto no comparezca ante los jueces y fiscales colombianos y las 2.600 víctimas de sus acciones delictivas no tengan acceso a justicia, verdad y reparación. Igualmente solicitó que se investigue al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, a Rodrigo Sierra, alias El Negro o Ricardo, desmovilizado del bloque Calima y responsable del desplazamiento de decenas de miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, y dueño de varios cultivos de palma en el Chocó[1].

La bonanza especulativa

A comienzos de 2008, empresarios antioqueños empezaron a llegar a varios municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, y luego a la Orinoquía, para comprar tierras, muchas de las cuales habían sido propiedad de campesinos desplazados por la violencia. Desde ese entonces se desató una fiebre especulativa sin precedentes. “La hectárea de tierra que compraron el año pasado a 300 mil pesos, hoy vale dos millones. La de un millón, vale tres”[2], denunció la Silla Vacía.

Otras personas, que según el representante Iván Cepeda se habrían beneficiado comprando predios en zonas de desplazamiento forzado fueron Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana y supuesto propietario de tierras al Norte de Santander; el empresario y contratista William Vélez Sierra y el ganadero cordobés Abraham Ganem[3]

“El representante Cepeda también denunció la existencia de una fundación llamada Amigos de Los Montes de María, de la cual forma parte Otto Bula, propietario de la empresa agropecuaria El Central S. A. y quien fuera parte de una lista de Mario Uribe al Congreso, considerada una de las mayores compradoras de tierras en la zona de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre”.

Cepeda recordó una carta que le fue dirigida a él y al ex candidato presidencial Gustavo Petro hace dos meses, en la cual varios ex jefes paramilitares afirmaron que “el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)”.

En la misma carta afirman: “El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico (...) la parapolítica, como la parainstitucionalidad y la paraeconomía, tienen un puesto en el banquillo de los acusados”.

Durante los últimos años han sido asesinados decenas de víctimas desplazadas y líderes comunitarios por reclamar sus tierras. La organización Somos Defensores denunció que a mayo de 2010, habían sido asesinados siete líderes campesinos y amenazadas 110 organizaciones de derechos humanos[4]. El de junio, el Tiempo informó que 45 líderes de víctimas fueron asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres. Otros tantos han sido objeto de intimidaciones y amenazas de muerte. Hace dos meses circuló por correo electrónico una amenaza firmada por las 'Águilas Negras' que iba dirigida contra 70 organizaciones defensoras de derechos humanos; 20 de ellas se dedican al tema de restitución de tierras. En el caso del Alto Naya, donde era líder Alexánder Quintero, uno de los asesinados, los panfletos los acusan de "oponerse al desarrollo".

Patricia Buriticá, comisionada de la CNRR, afirma que en algunas regiones se han detectado intereses económicos detrás de la escalada contra líderes de víctimas. Eso ha pasado, según informes de la Fiscalía y del Gobierno, en los Montes de María y en algunos pueblos del Sur de Bolívar[5].

El representante liberal, Guillermo Rivera, reveló que los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas del total de más de cinco millones de hectáreas que lograron apropiarse mediante el despojo, el desplazamiento o la venta obligada a precios irrisorios[6].

Rivera le solicitó a la Fiscalía que investigue algunos nombres de personas que han sido señaladas de fungir como testaferros de tierras en regiones objeto de masacres y desplazamientos forzados.

Entre los señalados por el parlamentario, figuran Augusto Tuto Castro Pacheco, hermano de un ex congresista condenado por parapolítica, quien tendría miles de hectáreas abandonadas por sus dueños en Magdalena, y que en Chivolo, en ese mismo departamento, aparecen como propietarios de predios que presuntamente fueron vendidos por amenazas de alias Jorge 40. También mencionó los nombres de Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco y Neila Soto[7].

El representante Rivera denunció que algunas de las empresas palmicultoras instaladas en zonas de desplazados en el Chocó aportaron dineros a la campaña del ex presidente Uribe en 2002 y al referendo reeleccionista de 2009. También declaró que con el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, se beneficiaron personas incluidas en la Lista Clinton y solicitadas en extradición por narcotráfico, como en el caso del empresario de Cúcuta Jensy Dávila, alias Ernesto, y Jorge Enrique Domínguez, alias Only, del Valle[8].

Durante el debate también se denunciaron serias anomalías al interior del Incoder. Varios de sus dirigentes han sido investigados por vínculos paramilitares o por haberse beneficiado del programa Agro Ingreso Seguro. El sistema de convocatorias públicas para acceder a la tierra implica enormes gastos para las familias campesinas y desplazadas que en promedio deben invertir 6 millones de pesos para poder participar; y varias de las asignaciones de tierras se realizan a dedo siguiendo intereses políticos y económicos.

Rivera recordó que la corte constitucional expresa que hay 60 observaciones de tiempo perentorio en materia restitución tierras, y lo más grave es que fue el propio gobierno de Uribe el que instruyó a su coalición para que en el último trámite de conciliación de textos de cámara y senado archivara el proyecto de victimas que incluía un capítulo sobre restitución de tierras; esperanza de más de 400 familias y 4 millones de desplazados que esperaban que el congreso expidiera una orden expedita para la restitución de sus bienes.

Wilson Arias, representante a la Cámara por el PDA, se refirió a las razones del desplazamiento vinculadas a problemas de tipo económicos y a la falta de oportunidades que enfrentan los sectores campesinos del país. También señaló la pertinencia de entender las causas directas del despojo para poder asumir de manera integral y eficaz una política de restitución de tierras, que reconozca en el modelo económico imperante, una de las principales causas del desplazamiento.

El propósito fundamental de su intervención, según afirmó, fue advertir sobre la precarización del campo, la concentración de la tierra en pocas manos, el uso inadecuado de ésta y la falta de garantías para la seguridad alimentaria de amplios sectores rurales del país.

En respuesta a las denuncias hechas, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se comprometió a impulsar una reingeniería del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, y del Incoder, y a poner en marcha una política pública clara para la restitución de tierras y el resarcimiento a las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia.

“Estamos trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados y afectados por la violencia, esto es uno de los temas que tiene muy claro el Gobierno”, enfatizó[9].

Las políticas que planea adelantar el gobierno nacional en materia de tierras, y que serán recogidas en un nuevo estatuto de desarrollo rural y una Ley de Tierras, deberán ser sometidas a un proceso de consulta previa con las organizaciones de desplazados, con los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, de acuerdo a lo establecido en el convenio 069 de la OIT. Así mismo, esta iniciativa gubernamental debe reconocer la existencia del “Mandato Agrario por vida, soberanía alimentaria y derecho a la tierra” y la existencia de las zonas de reserva campesinas, creadas a por la Ley 160 de 1994 con el fin de regular la ocupación de terrenos baldíos, fortalecer las economías campesinas, estabilizar la situación de los desplazados y evitar la concentración de la tierra en manos de testaferros del paramilitarismo, mafias y empresarios.

El representante Cepeda Castro, exigió que las denuncias sobre el modelo de despojo ejecutado por grupos paramilitares con el patrocinio de empresarios y políticos, beneficiados directamente del desplazamiento forzado, sean investigadas por la Fiscalía General de la Nación y que sus responsables, protagonistas de la paraeconomía, también sean obligados a devolver todas las tierras acumuladas a través del despojo, la violencia y la bonanza especulativa que se viene implementando en varias regiones del país, como en los Montes de María.

“Hay que crear una unidad especial de la Fiscalía para perseguir a quienes se han beneficiado del despojo de tierras” afirmó el parlamentario Cepeda.

Destinar las regalías de la explotación de recursos mineros y del petróleo a la compra de tierras para que sean entregadas a las víctimas, sería a criterio del congresista, un mecanismo idóneo que le permitiría al Estado cumplir con su deber constitucional de reparar y satisfacer integralmente a las víctimas del despojo y la violencia.

LOS CEMENTERIOS DE NN

El segundo debate, convocado por el representante Iván Cepeda Castro y la senadora Gloria Inés Ramírez del PDA, sobre la existencia cuatro cementerios de NNs en el Meta y el Guaviaré y la crisis humanitaria en los Llanos Orientales, reveló la grave situación de violencia e impunidad que se vive en esta región de Colombia.

A la falta de controles para la inhumación de cuerpos no identificados, la precariedad con la cual debe operar tanto la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía como medicina legal, la posibilidad de que agentes de la fuerza pública sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales para presentar éxitos militares en la lucha contra el “terrorismo”, se suma la situación de miseria y abandono en que se encuentra sumido este departamento.

Iván Cepeda Castro, fue quien denunció la existencia de cuatro cementerios, ubicados en los municipios de Granada, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guavire, con 1.632 cuerpos sin identificar. Los descalificativos y las agresiones en su contra no han cesado desde entonces.

José Obdulio Gaviria, escudero del anterior gobierno, e investigado actualmente por su presunta participación en las chuzadas del DAS, sostuvo en su columna de opinión de El Tiempo, que “dos desmovilizados me previnieron en mayo que las Farc planeaban hacer detonar un escándalo monumental contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia. Efectivamente, así ocurrió”[10]. Lamentable declaración, que incurre en la calumnia para restarle importancia a un hecho de tanta gravedad y niega la presentación del valioso material documental que el congresista Cepeda aportó al debate.

Cinco casos de víctimas de falsos positivos y el testimonio de un ex soldado de la Brigada XII de Ejército quien narró la manera en que fueron ejecutados tres labriegos por haber reclamado al ejército el sacrificio de ganado de su propiedad, fueron denunciados por Iván Cepeda durante el debate. Según el testigo, después de ser ejecutados, el ejército alteró la escena del crimen para dejar rastros de combate, y luego presentó los cuerpos como guerrilleros caídos en combate. “Los hermanos Agudelo Velázquez y el señor Javier Enteno les reclamaron a militares de la Brigada Móvil por sacrificar sus reses. Por esa razón habrían sido asesinados. Sus familiares buscaron sus cuerpos y los encontraron en el cementerio de Granada, en una tumba como NN”.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, no hizo referencia a los testimonios, y en lugar de ello negó enfáticamente que en La Macarena (Meta) existiera alguna fosa común. Lo que lo que allí existe es un cementerio legal y con pleno acceso al público, declaró en tono enérgico. También señaló que la responsabilidad de los crímenes cometidos en la región debe achacársele exclusivamente a las FARC.

Según denuncias de algunos medios de comunicación, en La Macarena existe una fosa común que tendría alrededor de 2.000 cuerpos enterrados sin identificar. La Procuraduría General de la Nación avaló está denuncia.

Cepeda pidió a las autoridades lograr la plena identificación de esas personas y determinar si existe responsabilidad por parte de efectivos de la fuerza pública en esos hechos. También solicitó una evaluación detallada sobre los controles empleados para la inhumación de los cuerpos, e investigar si el Ejército Nacional había asumido funciones de policía judicial.

“Cuatro cementerios del Meta dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Son la punta del iceberg, miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o clandestinos”, afirmó el parlamentario.

“La labor de identificación que adelanta la Unidad de Justicia y paz de la Fiscalía es lenta y con muy limitados recursos. Al ritmo que va, su tarea de exhumación tardaría por lo menos 50 años en concluirse. Por eso sería conveniente buscar una alianza entre la academia, investigadores forenses nacionales e internacionales, asociaciones de víctimas y la institucionalidad del Estado para que apoyen esa labor”, afirmó.

Los congresistas citantes al debate, aportaron fotografías de tumbas donde yacen cuerpos sin identificar y retomaron testimonios de víctimas que asistieron a la “Audiencia Pública por la crisis humanitaria en los Llanos Orientales” celebrada en julio pasado en La Macarena, en donde varios habitantes de la región denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales[11].

Entre los casos citados por el parlamentario Cepeda Castro figura el de Everardo Borda Acuña, desaparecido en la vereda Mancitas, municipio La Uribe, Meta, el 15 de enero de 2007.

Un familiar de la víctima declaró: “El 16 de enero 2007, 5:00 a.m. lo pasaron cerca de la escuela de Mancitas. Le dijeron que iba a llegar el helicóptero a bombardear a la guerrilla, que se metiera en una caneca que hay no le pasaba nada. Él lo hizo, luego el Ejército empezó a disparar a la caneca. No había ningún guerrillero. Lo mataron. El mismo día llegó un helicóptero y se lo llevó. No volvimos a saber nada”

Cepeda sostuvo que “entre 2002 y el 2006 en La Macarena no se respetaron las mínimas normas para identificación de cadáveres e inhumación de cuerpos”, denunciando que las autoridades militares se “han tomado atribuciones de policía judicial”.

Tres días después del debate, apareció una declaración pública del señor Jesús Humberto Hernández, sepulturero del Cementerio Municipal de la Macarena quien desmintió al representante y declaró estar siendo objeto de amenazas.

“Hace alguna semanas -cuenta- un extranjero lo contactó: "Me ofreció plata para que dijera que en La Macarena había una fosa común y muchos falsos positivos (...) Prefiero que me dejen al lado de los N.N. antes que decir lo que no he visto"”[12].

Una delegación de europarlamentarios que participó en la audiencia pública de La Macarena el pasado 22 de julio, corroboró la existencia del cementerio de la Macarena y certificó que éste se ubica en inmediaciones de la base militar de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra.

El ex presidente Uribe desestimó el informe presentado por la Comisión y señaló a sus miembros de ser aliados del terrorismo.

“Hoy el terrorismo, a través de voceros, está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria final. El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”[13].

El representante Iván Cepeda invitó al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para que visite los cementerios de NNs a fin de que constate las denuncias presentadas, y le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que realice una inspección judicial en el cementerio de NNs de Granada, Meta.

El Polo Democrático Alternativo rechazó a quienes quieren minimizar estas denuncias llamando “mensajeros del terrorismo” a quienes intentan evidenciar esta realidad y exigen la acción de la justicia; al tiempo que desmintió haber usado una fotografía de la antigua Yugoslavia en las denuncias de La Macarena. La imagen ha sido replicada equivocadamente por diferentes medios de comunicación tras haber sido publicada en una página de Internet[14].

Lo cierto del caso es que los 4 cementerios existen y dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de DDHH y graves infracciones al DIH. Miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o en cementerios clandestinos.

Colombia no puede acostumbrarse a la deshumanización del conflicto y mucho menos pretender justificar con posiciones ideológicas la ejecución de civiles, como se presume sucedió en el Meta. Los crímenes denunciados deben ser investigados con la mayor celeridad por la justicia colombiana, y será ésta la que determine la responsabilidad que en estos hechos pudieran tener miembros de la fuerza pública.

Visibilizar la realidad sobre la existencia de 1.632 cadáveres sin identificar, sepultados en cuatro cementerios de NN y cuyos procesos de custodia no cumplieron con las normas correspondientes, como lo afirmó la Procuraduría General de la Nación, más que un deber propio del ejercicio parlamentario, es una responsabilidad humana, social y del alto gobierno, que amerita la realización de exhaustivas investigaciones y la búsqueda de claridad sobre estos hechos.

Es irresponsable que emisarios del gobierno lancen temerarias acusaciones contra quienes denuncian los hechos de violencia que ocurren en nuestro país. Igualmente lo es, a base de calumnias, intentar demostrar la existencia de vínculos entre grupos alzados en armas con los denunciantes o pretender negar esta realidad afirmando que las imágenes que lo demuestran fueron tomadas en otro país. Estas acciones, con las que se quiere desviar la atención sobre el caso, obstaculizar la acción de la justicia y una vez más, condenar a los familiares de las presuntas víctimas a la impunidad, deben llamar la atención de la justicia para que ésta le revele al país cuáles son las intenciones políticas y de encubrimiento que se ocultan tras estas afirmaciones.

La verdad sobre los cementerios denunciados son un enorme reto para la Justicia: No se ha producido hasta el momento ninguna investigación penal que pueda esclarecer estos hechos, toda la investigación –incluyendo la de presuntos crímenes de lesa humanidad- la viene realizando la Justicia Penal Militar y no existen registros claros sobre los hechos que rodearon la muerte de los miles de muertos que sin identificación reposan en cientos de cementerios de NNs en todo el país. De allí la necesidad de visibilizar las irregularidades, denunciar los crímenes cometidos, de lograr que los organismos competentes lo asuman con la trascendencia que merece y se impulse la creación de un banco de datos sobre las personas desaparecidas en Colombia, como lo solicitó el representante Iván Cepeda Castro.



[1] El Espectador; Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras y víctimas”. Despojo, compra y legalización. Agosto 19 de 2010.

[2] En La Silla Vacía; Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. Noviembre de 2009

[3] En El Espectador; Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras y víctimas”. Despojo, compra y legalización. Agosto 19 de 2010.

[4] http://www.colombiadefensores.org/noticias/item.asp?n=9583

[5] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7737280.html

[6]El Espectador, Op Cit

[7] Idem

[8] Idem

[9] idem

[10] En El Tiempo. ALERTAS TEMPRANAS (I). Columna de Opinión. Miércoles 1 de septiembre de 2010

[11] En Revista Semana. El debate sobre los NN en los cementerios de Meta y Guaviare. Agosto 26 de 2010.

[12] En El Tiempo; Sepulturero del cementerio de La Macarena (Meta) dice que hay 461 N.N. y que 'no hay fosa común'. La verdad sobre el cementerio de La Macarena. Agosto 31 de 2010

lunes, 28 de junio de 2010

CARTA ABIERTA DE IVAN CEPEDA AL PRESIDENTE URIBE

Bogotá D.C., 28 de junio de 2010.

Señor

Álvaro Uribe Vélez

Presidente de la República de Colombia

Ciudad

Señor Presidente de la República:

A raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuel Cepeda vs. Colombia, usted formuló la semana pasada una declaración que presentó ante la opinión pública como una petición de perdón. Los términos y el espíritu en que se pronunció, nos llevan a considerar que dicha declaración es inaceptable. Su solicitud se constituye en un nuevo agravio para las víctimas y desconoce los términos de la sentencia del tribunal interamericano.

1. En sus palabras no se hace el reconocimiento de la responsabilidad estatal por el crimen perpetrado el 9 de agosto de 1994 contra el senador Cepeda Vargas por integrantes del Ejército Nacional en complicidad con miembros de grupos paramilitares. Esa responsabilidad fue establecida nítidamente por la Corte Interamericana en los siguientes términos: “La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda Vargas no sólo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales. La planeación y ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas, así realizada, no habría podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes de mandos superiores y jefes de esos grupos, pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP[1].

Con su declaración, usted desconoce esta sentencia y los fallos judiciales que se han adoptado en Colombia en el caso; pero además omite que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la propia Corte Interamericana.

2. Su declaración no reúne las condiciones previstas en la sentencia de la Corte Interamericana (párrafos 223 y 224) que ordena que la petición de perdón debe realizarse en un acto solemne, ante las dos cámaras del Congreso de la República, con transmisión en directo por los medios de comunicación oficiales, en la fecha conmemorativa del asesinato, en presencia de los familiares del Senador y de los líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica. La sentencia además explicita que el Gobierno Nacional debe pactar con las víctimas los detalles de dicha ceremonia.

3. Como es de su conocimiento, la petición de perdón en situaciones en las que se han cometido crímenes contra la humanidad es un acto solemne. Para que sea auténtico requiere que admita sin ambigüedad la verdad de los hechos, la demostración de la voluntad para esclarecerlos, la enunciación de los destinatarios de la petición -nombrar a las víctimas y dirigirse específicamente a ellas-. Sólo se puede pedir perdón en forma veraz, señor Presidente, si se manifiesta públicamente la conciencia del daño que se ha causado y se asume el compromiso de no repetir en el futuro acciones similares. Ninguna de tales condiciones la cumple su declaración.

4. No obstante, el aspecto más deplorable de sus palabras es que no contienen una solicitud auténtica de perdón, y en realidad encubren un nuevo agravio a las víctimas, con expresiones tales como: "No se puede exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones"; "no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obliguen (sic) al Estado a pedir perdón, y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio, a maltratar injustamente a compatriotas y la honra de los gobiernos"; "yo no entiendo que se pueda exigir pedir perdón, en nombre del odio"[2].

Estas afirmaciones difamatorias no toman en consideración que la sentencia del tribunal internacional determinó que en otras oportunidades usted incurrió en similares conductas que han violado el derecho al buen nombre de las víctimas en este caso (párrafos 205 a 209).

A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció su disposición de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Cepeda. Sin embargo, su actitud, señor Presidente, contradice abiertamente esa promesa. Su deber constitucional es acatar las decisiones de la justicia internacional. Pero además, debemos recordarle que en este caso le cabe responsabilidad personal. La creación de las empresas de seguridad Convivir, que usted lideró con entusiasmo, estimuló el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia, el mismo grupo ilegal que asesinó al senador Cepeda en complicidad con miembros del Ejército Nacional. Asimismo, es pertinente mencionar que uno de los presuntos autores de este crimen, el señor José Miguel Narváez, fue nombrado por usted subdirector del DAS y ha sido su colaborador cercano.

Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara

Vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado

Rafael Barrios Mendivil

Presidente

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Copia:

- Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos




[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 124.

[2] El Tiempo, “No puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda, pero hoy pido perdón: Uribe”, 24 de junio de 2010.

viernes, 25 de junio de 2010

FALLO HISTÓRICO: CORTE INTERAMERICANA CONDENA AL ESTADO POR EL ASESINATO DE MANUEL CEPEDA VARGAS



FALLO HISTÓRICO: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONDENA AL ESTADO POR EL ASESINATO DEL SENADOR DE LA UP, MANUEL CEPEDA VARGAS


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia a través de la sentencia de 26 de mayo de 2010 sobre (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones) acaba de emitir un fallo histórico.


Es la primera vez que ante este alto organismo se condena al Estado por el asesinato de un líder político de la UP. El gobierno nacional debe acatar este fallo y reparar pública y económicamente a la familia del líder de la UP Manuel Cepeda, Senador asesinado el 9 de agosto de 1994.


Al respecto el presidente Álvaro Uribe, pidió perdón por el asesinato del líder de la izquierda Manuel Cepeda, en agosto de 1994, pero subrayó que no puede decir que el autor de ese crimen haya sido el Estado.


"Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que lo asesinaron. Y que eso es muy grave y que eso no se puede repetir. Y yo pido perdón" dijo Uribe.


“Pero hay que tener en cuenta una cosa: no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de los gobiernos. Eso es muy grave. Porque es tan grave el crimen físico como el crimen moral. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado” puntualizó el Mandatario.


Por su parte el Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos afirmó que: “Es un caso en el que hay agentes del Estado condenados, en el que hay condenas por parte del Consejo de Estado … Ahora lo que viene es cumplir lo que la Corte plantea, una beca, un acto en el Congreso y continuar las investigaciones de justicia”.


Iván Cepeda, hijo del Senador asesinado valoró el fallo de la Corte y dijo que aspira a que con éste se logre obtener un similar resultado en el proceso colectivo que por el genocidio de la Up se sigue ante el mismo organismo.


“Con esta sentencia la Corte da un paso nuevo al señalar que el Estado no sólo permitió la muerte de campesinos y jueces como ha dicho en otras sentencias, sino que tuvo una responsabilidad mayor en el exterminio de la UP. Este fallo permite que el caso colectivo encuentre una jurisprudencia acorde a este resultado... Se han superado varios obstáculos y tenemos la satisfacción del trabajo cumplido, el cual responde a un imperativo ético y es el de la justicia. Para quien ha sufrido de cerca tanto la violencia como la impunidad, encontrar un reconocimiento internacional y una sentencia que esculpe en mármol una verdad historia es un hecho histórico de enorme relevancia y un gran logro”.



Recordando a Manuel



Manuel Cepeda Vargas (13 de abril de 1930 - 9 de agosto de 1994)



"Desnudarse y caer,
como un volcán que se va a pique
o saber que siempre fuimos cráteres encendidos,
que hasta en los más remotos terremotos anduvimos despiertos,
que nunca conocimos la tranquilidad
ni el punto aparte…


¡Hay que hacer algo antes de aniquilarse,
Antes de que desaparezcas,
que preguntes si fuiste
Porque definitivamente ya eres nada!"
Manuel Cepeda Vargas



“Dedicó su vida a la paz, a la convivencia, a la tolerancia, a sacar a este país de la miseria, del atraso, de la ignominia, de la angustia y de la desesperanza. Estos días me han dicho mis compañeros, mis amigos, la gente del común: -Aída no hable tan duro porque en este país eso no se puede hacer-, pero yo no puedo quedarme con lo que los dos sabíamos… Si Manuel, todas las noches, yo creo que todas las noches desde hace mucho rato te llamaban a amenazarte, si, todos sabíamos que eras la persona que el militarismo y el terrorismo de Estado querían llevarse. Y se lo llevaron, los terroristas, esos terroristas que usan las armas del Estado contra su propio pueblo, ellos lo han traído aquí, ellos se lo quitaron a la causa de la revolución y de la libertad…”



Palabras de Aída Abella en el cementerio central, durante el entierro de Manuel Cepeda Vargas.



Abogado, escritor, periodista, poeta y político, Manuel Cepeda fue un hombre polifacético pero de una sola pieza. En 1952, mientras realizaba estudios de derecho en la Universidad del Cauca, y empezaba a dar muestras de una innegable vocación política, ingresó al Partido Comunista colombiano. En 1958, cuando sólo tenía 26 años de edad, participó en el VIII Congreso del PCC, donde salió elegido miembro del Comité Central del Partido y se le asignó la tarea de reconstruir la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, de la que ocuparía luego la Secretaría General. En su labor de reconstrucción militó al lado de destacadas figuras políticas de la vida nacional, como Jaime Bateman Cayón, Hernando González Acosta, Yira Castro (su futura esposa), Jaime Pardo Leal y Miller Chacón, entre otros.



En 1960 contrajo matrimonio con Yira Castro, el amor de su vida, con quien tuvo dos hijos: Iván y María.



El mundo de aquel entonces, cuando Manuel salía a la calle con el alma inundada de sueños de porvenir y revolución, ya parecía una aldea globalizada. Ningún país, por autónomo que fuera o pretendiera serlo, escapaba a la estructura bipolar que dominaba el planeta en medio de la llamada Guerra Fría. Colombia siempre sentó su posición, obediente a los mandatos norteamericanos, de lado de dónde prima el capitalismo, la rapiña comercial, dónde el hombre es lobo para el hombre, como anotara Thomas Hobbes, el pensador inglés del siglo XVII. Ya desde 1951 cuando el país participaba en la Guerra de Corea tomaba la bandera del anticomunismo.



La brecha entre dos mundos ideologizados se profundizaba. Una doctrina militar represiva y expansiva orientada por EE UU determinó la formación militar de varios ejércitos en el continente bajo sus propios intereses y lineamientos. “La participación de las Fuerzas Armadas colombianas en Corea permitió, en forma diáfana, visualizar al enemigo que sería necesario combatir (el comunismo) sentando las bases ideológicas del nuevo concepto estratégico a implantar”. (Torres del Río, 2000:65) (1) .



Desde antes de la guerra de Corea, las Fuerzas Armadas de Colombia se habían convertido en instrumento destinado a reprimir y acallar todo esfuerzo organizativo por una Colombia más justa y democrática. En un comunicado expedido por el comando del Ejército, y firmado por el coronel Gustavo Rojas Pinilla, se evidencia cuál era el papel de las Fuerzas Armadas:

“Tercera Brigada. Comando Cali, 25 de marzo de 1949



No., E.M I-002091


Señor Mayor Batallón “Palacé”. Buga



REF: consigna para las tropas que prestan servicio en manifestaciones políticas. Como consigna especial, que debe impartirse a las tropas que prestan servicio de vigilancia en manifestaciones políticas, está la de impedir que los oradores lancen palabras injuriosas o descomedidas contra el gobierno constituido. El comandante de las tropas que presta este servicio, deberá hacer conocer al orador la autorización de impedir –aún haciendo uso de la fuerza si fuere necesario- que se continúe lanzando improperios contra tales entidades.


Atentamente,
Coronel Gustavo Rojas Pinilla
Comandante de la Tercera Brigada” (Rojas, 1949:29)



Colombia enfrentaba no sólo la tal amenaza comunista que se expandía por el mundo, sino que ésta, sumada a la precariedad del campo, y la violencia bipartidista que azotaba buena parte del territorio nacional con el subsecuente surgimiento de grupos guerrilleros y un registro espantoso de asesinatos, mutilados y desplazados horrorizados, hacían la realidad mucho más compleja y difícil de controlar. Sin embargo, al establecimiento, más que la sangre campesina derramada, le estremecía profundamente considerar que aquello que no pasaba de ser una grave contienda política que se podría conjurar desde el poder político, pudiera ser desbordada por un levantamiento popular que llevara al temido proletariado al poder, tal como parecía perfilarse en algunos rincones del mundo a partir de la fuerza que alcanzaban las organizaciones sindicales arropadas bajo una misma bandera: la de la Internacional Socialista. El surgimiento de guerrillas maoistas, troskistas, marxistas leninistas o de las denominadas, autodefensas campesinas en Colombia, no podían tampoco desestimarse.



En 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, y cuando el continente americano era estremecido por los fuegos de la rebeldía tras el triunfo de la revolución cubana, Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso y la Escuela de las Américas, “imponía a las Fuerzas Armadas una nueva tarea adicional a la del control de las fronteras: la guerra contrainsurgencia” (2) . La CIA se estrenaba en la aplicación del temido "Manual Kubark" de interrogación y el mundo se encontraba ferozmente marcado por la Guerra Fría. La represión, que no era cosa nueva en Colombia, se extendió velozmente a todas las ciudades y municipios del país, y varios jóvenes soñadores e idealistas, fueron apresados, entre ellos Manuel. De la Cárcel Modelo de Bogotá, al cabo de un breve tiempo, salió fortalecido, más firme en sus convicciones y con un libro de poemas terminado: “Vencerás Marquetalia”, en homenaje a la valerosa lucha de resistencia campesina del Tolima que a falta de garantías y acuerdos políticos y sociales, daría origen a las FARC.



Pronto Manuel se convirtió en destacado columnista del semanario Voz Proletaria y pasó a asumir su dirección durante varios años, mientras se desempeñaba como miembro del Comité Ejecutivo Central del PCC, sin dejar de lado su vocación poética y su vida familiar que entonces, era fuertemente golpeada por los inexpugnables misterios del destino.



En 1981, en homenaje póstumo a su esposa quien fallece ese mismo año, publicó un libro estremecedor, “Yira Castro: mi bandera es la alegría”. Luego escribió gran cantidad de textos y un prologo excepcional para el libro “Operación Cóndor” de Valentín Mashkin.



Manuel sabía que en el contexto de guerra que vivía Colombia: la abierta y medianamente publicitada, la que arrasa con campos y veredas campesinas, deja millares de huérfanos, desterrados y viudas; y la otra, la guerra soterrada: la que bajo directrices imperialistas se desata contra las organizaciones sociales y movimientos políticos, y hacen de los humildes su blando predilecto, era necesario crear un escenario por encima de las ideologías, que trascendiera la política y ondeara una única bandera: la de la ética y la defensa de la vida y los derechos humanos. Es así, como en el marco de conclusiones del “I Foro Nacional por los Derechos Humanos y las libertades democráticas”, realizado en Bogotá durante los días 30-31 de marzo y 1 de abril de 1.979 (3) , bajo el represivo estatuto de seguridad del gobierno Turbay, decidió crear, junto al Maestro Gerardo Molina, Gilberto Vieira, el asesinado José Cardona Hoyos y otros demócratas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.



La ultraderecha colombiana encontró entonces otro espacio al cual dirigir su odio y enconada actividad criminal. A finales de los ochentas, el CPDH afrontaba una cruenta campaña de exterminio. En el VI Foro de Derechos Humanos que se realizó en Bogotá, se informó que 22 de sus mejores miembros habían sido asesinados, entre ellos su Vicepresidente Nacional, el médico y político, Héctor Abad Gómez (4) , quien fuera acribillado el 25 de agosto de 1987 junto a Leonardo Betancur Taborda, y 6 Presidentes de Comités departamentales, sin que los asesinos fueran públicamente identificados, aprehendidos y castigados. El Comité exigió al gobierno que respondiera por estos crímenes, el desmonte definitivo de las estructuras paramilitares y que los responsables de su organización, financiación y entrenamiento para la ejecución de los crímenes, incluyendo agentes de la fuerza pública, así como proveedores de logística, fueran expuestos ante el país y debidamente sancionados de acuerdo a la justicia colombiana. La respuesta del gobierno fue el silencio.



Manuel, pese al clima de desasosiego y terror, continuó en su incesante actividad política. En 1992 fue nombrado secretario general del PCC en reemplazo de Álvaro Vásquez del Real, y un año después, en 1994, resultó electo Senador de la República por el PC-UP.



Como parlamentario siempre estuvo en el ojo del huracán por sus fuertes denuncias. Fue Manuel quien expuso ante el Congreso de la República la existencia del «Plan Golpe de Gracia» en cuya lista de ejecutables figuraba él mismo. En un debate realizado tiempo después, acusó directamente a los generales Harold Bedoya y Rodolfo Herrera Luna de ser algunos de los principales gestores del paramilitarismo e impulsores de los planes de exterminios contra la UP, el CPDH y el movimiento sindical en Colombia. “Bedoya, además de responderle públicamente, lo demandó por difamación, pero la sentencia fue favorable a Cepeda”. No obstante, la justicia no actúo como era obvio que lo hiciera y las amenazas contra el Senador se intensificaron. “Se recibían entre 15 y 20 llamadas diarias en la casa diciendo que lo iban a matar”, comenta una persona cercana al político en aquellos días.(5) La situación de los militantes de la UP se hizo insostenible cuando el general Carlos Julio Gil Colorado fue víctima de un atentado que le costó la vida y el hecho fue atribuido a las FARC. El «Plan Golpe de Gracia» se intensificó. Asesinado Miller Chacón, el primero en la lista, ya se sabía quiénes serían los próximos en caer. Manuel decidió entonces salir del país.



A las pocas semanas de su regreso a Colombia, y dos días después de que César Gaviria entregara el poder al también liberal Ernesto Samper, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido por voto popular de la UP, fue asesinado por seis sicarios; tres de ellos, efectivos del Ejército Nacional que actuaban bajo órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien a su vez respondía a superiores, al parecer pertenecientes el llamado “Grupo de los 8”, integrado por políticos, Generales y personas influyentes, y cuyas identidades aún no ha sido determinadas por la justicia nacional. Con Manuel ya eran 9 los congresistas asesinados de la UP.



La muerte del Senador Cepeda se constituyó en un golpe fulminante no sólo para la UP y la política colombiana, s ino, y en particular, para aquellos que aún tenían la esperanza que Colombia, de la mano de hombres como él y desde el pleno y legítimo ejercicio democrático, lograría derrotar la barbarie que se consolidaba en el país. Estaba entonces tan oscuro, tan oscuro, que muchos creían que se acercaba un nuevo y más diáfano amanecer. La muerte del Senador Cepeda, reveló, sin equívocos, que ese nuevo amanecer aún estaba lejos por llegar.



Manuel, además de la disciplina, la constancia y la solvencia ética y moral, características propias de hombres a los que la naturaleza hace excepcionales, tenía el don de la sensibilidad que certeramente podía expresar tanto en un debate político como a través de su prolífica obra poética. Las capacidades intelectuales de Manuel, la alegría de su espíritu, y su visión siempre altruista y generosa, lo convirtieron en uno de esos poquísimos seres humanos que terminan por hacerse imprescindibles para las sociedades, pero que por ello mismo, y porque son siempre consecuentes y firmes en sus convicciones, también se convierten en el blanco predilecto de los abanderados de la ignominia, la intolerancia y la cobardía.



El 9 de agosto de 1994 se ejecutó la fatal sentencia. Manuel Cepeda salió temprano de su apartamento ubicado al occidente de Bogotá y tomó la avenida Las Américas para dirigirse al Congreso de la República, dónde se desempañaba como Senador para llevar a cabo un debate sobre derecho Internacional Humanitario en el marco del Convenio de Ginebra. Iba tranquilo, se despidió como de costumbre de su hijo, y se subió al carro que como medida de seguridad le habían asignado. Habían transitado apenas unas cuadras, cuando el campero fue interceptado por un automóvil y una moto. Seis sicarios lo acribillaron a disparos. Minutos después, a bordo de una buseta, Iván, su hijo, se encontró con la terrible escena del crimen.



“Mi padre era el último congresista elegido por la Unión Patriótica, después del asesinato de ocho congresistas de la UP entre los años 1986 y 1994… Esos congresistas fueron asesinados en distintos momentos, pero a mi padre lo asesinaron bajo un plan que la UP sostiene que existió entre1992 y 1994, denominado “Plan Golpe de Gracia”. Dicho plan consistía en aniquilar a un grupo de la dirigencia de la UP que había logrado sobrevivir a las primeras etapas del exterminio. Encabezaban esa lista mi padre, Aída Abello que en ese entonces era la presidenta del partido, el también senador Hernán Mota, quien era suplente de mi padre y otro dirigente del partido Comunista, José Miller Chacón. Fueron asesinados, mi padre y Miller Chacón, y Aída y Hernán viven hoy en el exilio. Ese asesinato ocurrió en un contexto donde se buscaban unos diálogos con la guerrilla. Se había hecho una reunión en Tlaxcala, México y otra en Caracas, Venezuela. Entre tanto, la UP seguía siendo una fuerza que, a pesar de haber sido diezmada, todavía tenía juego político, pero todo tendía a acabar con las últimas reservas políticas que tenía el movimiento” (6)



El magnicidio del Senador se convirtió entonces en un caso paradigmático para la justicia colombiana, porque en él, como en ningún otro caso, se revelaba sin ambages la estrecha alianza que existía entre altos militares y paramilitares para la ejecución de crímenes políticos. También, se hacía ya insoportable el peso de tanta y tan vergonzosa impunidad.



En su libro “Mi Confesión” el jefe paramilitar, Carlos Castaño afirmó en su libro: “El nueve de agosto de 1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al Senador Manuel Cepeda Vargas […]. Hace pocos días -¡qué ironía y qué deplorable justicia!- la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá me absolvió de toda responsabilidad en ese crimen sin siquiera yo haber contratado un abogado para mi defensa!.



Este crimen es una muestra del perfecto ensamblaje entre paramilitares y militares, “donde ya no se puede hablar sólo de nexos sino de planificación conjunta, de relación orgánica al más alto nivel”, asegura un experto en el genocidio de la UP” (7)



También se supo entonces, que en 1993 se celebró una reunión en la región del Magdalena Medio entre diversos sectores impulsores y financiadores del paramilitarismo a la que acudió Carlos Castaño. “En esa cumbre se estableció que había que “frenar” la actividad de tres destacados dirigentes de la Unión Patriótica: Aida Abella, Hernán Motta y Manuel Cepeda”.



La familia del Senador, acompañada por sus abogados, decidió reclamar justicia al entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien les aseguró haría lo que estuviera a su alcance, pero les pidió “resignación” dado el nivel de impunidad que había en el país. En las otras instancias estatales donde acudieron el resultado fue similar, así que los familiares empezaron a investigar por su cuenta (8) .



Por esos días, un paramilitar que estaba recluido en una cárcel de Bogotá, vio a través de las noticias al hijo del Senador denunciando el crimen y exigiendo justicia. De inmediato buscó la manera de contactarse con él. Una vez lograron reunirse, el prisioneror les contó, a Iván y sus abogados, que había trabajado en la IX Brigada bajo la dirección del general Herrera Luna. Todo parecía aclararse. Luego rindió testimonio ante la justicia y afirmó que dos suboficiales que había conocido le contaron que el propio general Herrera Luna había dado la orden de ejecutar al Senador Cepeda. Esa confesión más otras pruebas, provocaron la detención de los sargentos Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho del Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá por su participación en el crimen. El General Herrera ni siquiera fue vinculado.



Los dos suboficiales fueron condenados a 43 años de cárcel, sin embargo, además de que las penas fueron reducidas a menos de la cuarta parte, “varios testigos afirman que Medina Camacho fue visto en su casa, a veces en compañía de Gil Zúñiga, durante el periodo de supuesta detención” (9) . Pese a estar condenados y recluidos, Zúñiga y Medina, siguieron en su actividad criminal. Al parecer habrían participado en una operación encubierta de ejecución llevada a cabo contra el teniente José Simón Talero, quien, según testimonios de testigos, venía denunciando irregularidades al interior de la institución.



Sobre los autores intelectuales del magnicidio, la justicia colombiano nunca se pronunció.



En consecuencia, y ante la falta de voluntad del Estado y la justicia colombiana por adelantar las debidas investigaciones, el caso del Senador Cepeda fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hasta la fecha, ha sido el único sobre el cual el alto organismo se ha pronunciado.



El 12 de marzo de 1997, mediante la adopción del Informe 05/974 (10) , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el caso 11.227 sobre el exterminio practicado contra los miembros de la Unión Patriótica, proceso que se había iniciado el 16 de diciembre de 1993 cuando la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) solicitaron que se declarara la responsabilidad del Estado Colombiano en el exterminio y persecución de los miembros de la UP por la participación directa de agentes estatales que se valieron del paramilitarismo para la ejecución de los crímenes y, en últimas, por no haber garantizado la vida de los líderes y activistas amenazados de la UP, tolerando pasivamente el genocidio. La petición de las organizaciones no gubernamentales, también recordó que el 23 de octubre de 1992, la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares para la protección de algunos dirigentes y que éstas no fueron rigurosamente acatadas por el Estado colombiano.



Si bien la Comisión no admitió que se tipificara como genocidio el caso de la UP, si afirmó en su informe de admisibilidad que “los hechos alegados por los peticionarios (Reiniciar y la CCJ) exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituye, interpretando este término de conformidad con su uso corriente” (11) .



“El caso colectivo de la UP es un caso único en el sistema del derecho internacional. Por ejemplo, en la Corte de Derechos Humanos del sistema europeo se han presentado casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones de un grupo político como en Kurdestan, pero ningún caso colectivo es de la magnitud que el de la UP por la cantidad de violaciones a los derechos de los miembros de una sola colectividad, la sistematicidad y la acción del Estado para concertar el exterminio de un grupo político. En otros sistemas de derechos humanos no existe un precedente como el de la UP” (12)



El organismo de la OEA, en su resolución sobre el caso sostuvo que:



“La información suministrada por los peticionarios también tiende a establecer que el Estado de Colombia ha tolerado la práctica de persecución contra la Unión Patriótica al no tomar medidas para prevenirla. Primero, la omisión alegada de investigar y sancionar debidamente las acciones contra la Unión Patriótica implica que no se han prevenido de manera eficaz las violaciones de los derechos humanos de sus miembros. La impunidad resultante de esa omisión crea una situación propicia para la comisión de abusos adicionales”.



A finales de 1997, y de acuerdo al procedimiento establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 48 f), se puso a disposición de las partes buscar una solución amistosa al caso. En marzo de 1999, con los buenos oficios de la Comisión, se constituyó una Comisión Mixta con el objeto de “definir una metodología de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso en mención y por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y el reconocimiento de una reparación integral”. Esta comisión fue integrada de parte de los peticionarios, por representantes de Reiniciar, CCJ, Partido Comunista Colombiano, UP y, de parte de los demandados, por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación.



El 24 de marzo de 2001 las partes vinculadas al proceso suscribieron un nuevo acuerdo en el marco del proceso de solución amistosa, en el que además se constituyó un Grupo de Trabajo, con los mismos integrantes de la Comisión Mixta más un representante de la Defensoría del Pueblo y dos personalidades más, con el objetivo de aportar a la prevención de nuevas las violaciones de los derechos humanos y garantizar una protección oportuna y eficaz a los miembros y sobrevivientes de la UP. No obstante, las medidas adoptadas resultaron insuficientes, se hizo evidente la falta de voluntad del gobierno nacional para cumplir los acuerdos, toda vez que sólo se ofrecían endebles esquemas de seguridad, mientras las acciones políticas y jurídicas tendientes a poner fin a la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas eran totalmente nulas, “el 9 de mayo de 2005, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, esta última representada por Iván Cepeda Castro –hijo de Manuel Cepeda— solicitaron a la Comisión que diera por concluida la etapa de búsqueda de solución amistosa” (13)


El 26 de julio de 2005 la Comisión comunicó a las partes del caso 11.227 que los representantes de los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas habían solicitado el desglose del reclamo relacionado con la muerte del Senador de la UP. La petición se hizo efectiva el 5 de diciembre de 2005 (14) .



El Gobierno no sólo se sustrajo de su obligación de protección sino que, además, alentó nuevos hostigamientos. La violencia y las persecuciones contra activistas de izquierda se sostuvieron, mientras la CIDH, seguía el caso del Senador y el del UP con enorme detenimiento.



En marzo de 2007 el Gobierno colombiano conformó una delegación integrada por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, y el embajador ante la OEA, Camilo Ospina, para enfrentar 10 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además del caso de la Unión Patriótica, presentado ante la Comisión en febrero de 1994 y admitido en marzo de 1997, y del asesinato del Senador Manuel Cepeda, el gobierno también tuvo que responder por otros casos: vulneraciones a la integridad étnica de los indígenas Uwa por la exploración petrolera en el bloque Samoré, Boyacá, seguimiento a las medidas cautelares asignadas al senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro y a una asociación juvenil de Cali, desplazamiento de un grupo de familias en Turbo (Antioquia) y de 22 comunidades en febrero de 1997 a causa de la operación militar ‘Génesis’, del ejercito en límites entre Chocó y Antioquia, entre otros casos. “En ese momento, según el Ministerio del Interior y Justicia, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se registraban 158 casos que involucran al Estado colombiano […] y se habían dispuesto 102 medidas cautelares para igual número de personas en riesgo (15) .



Durante la audiencia por el caso de la UP ante la CIDH, Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, denunció falta de garantías por parte del Estado para los sobrevivientes de la UP y además presentó un amplio material probatorio, que incluía el caso Carlos Lozano, director del semanario VOZ, a quien Uribe había acusado públicamente, días antes de la audiencia, de ser cómplice de la guerrilla. Ante los estrados internacionales, el Estado se defendió argumentando haber cumplido con lo acordado mientras se mantuvo la búsqueda de una solución amistosa. Como prueba de ello, señaló haber desembolsado $32.630 millones a partir del 2.000 para brindar medidas de protección a los sobrevivientes, a los que además, les financió diversos proyectos productivos . Frente al caso Cepeda, no tuvo más alternativa que aceptar su responsabilidad en el crimen perpetrado por agentes del Estado y paramilitares.



Era la primera vez que un gobierno colombiano admitía ante un tribunal internacional, su responsabilidad por acción y por omisión en el asesinato de un dirigente de la Unión Patriótica. Esta aceptación se produjo sólo con el fin de evitar que el caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica; aspiración que tampoco se concretó porque el caso siguió su curso y finalmente fue admitido por la Corte. Así mismo, la aceptación del gobierno sobre su responsabilidad en el magnicidio tampoco significó un cambio sustancial en sus actitudes ni contribuyó a reafirmar los compromisos adquiridos ante la justicia internacional. Las víctimas de la UP seguían en aumento, y a ellos se sumaba los asesinatos selectivos de varios dirigentes sindicales, activistas políticos y líderes regionales en todo el país. En un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, presentando en el 2007 por la Comisión Colombiana de Juristas se afirma:



“En el primer periodo del presidente Álvaro Uribe 2002-2006, en Colombia fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política 11.292 personas. El 75% de estos crímenes fueron responsabilidad de agentes del Estado. La guerrilla en promedio asesinó a 397 personas por año. Los paramilitares, asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, 1.741 personas fueron muertas en masacres, 823 personas fueron víctimas de torturas y 6.192 colombianos/as fueron detenidos/as arbitrariamente durante este tiempo…” (16)



El reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente al asesinato del Senador de la UP, si bien constituye un hecho sin precedentes, no es suficiente para dar cumplimiento a las exigencias que en materia de reparación imponen los tratados internacionales, por varias razones. Entre ellas, y fundamentalmente debido a la falta de garantías para la restitución de los derechos vulnerados y el libre desarrollo de la acción política de los sobrevivientes, así como por la negativa del Estado de lograr verdad y justicia para las víctimas, siendo este punto, su principal clamor.


“El Estado hizo un reconocimiento tanto por la acción como por la omisión de sus agentes y, al mismo tiempo, reconoció que violó múltiples derechos de un miembro de un partido político de izquierda. Ante el Sistema Interamericano, el Estado ha reconocido la responsabilidad de ciertos casos, pero este reconocimiento por su nitidez y contundencia, y por tratarse de un opositor político de un movimiento que ha sido objeto de un genocidio tiene un significado que nosotros catalogamos de histórico. Este es un primer paso importante, no sólo en el campo de la reparación y de la justicia del genocidio de la UP, sino en general del reconocimiento a lo que ha sido la persecución contra los opositores políticos en el país. Este reconocimiento no se ha producido, simplemente, por buena voluntad del Estado, sino que ha sido el resultado de un largo proceso de lucha por la justicia en Colombia” (17) - declaró Iván Cepeda tras haber asistido a la audiencia de conciliación ante la CIDH en Washington.



El 27 de junio de 2007, los peticionarios comunicaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su decisión de no continuar en la etapa de búsqueda de una solución amistosa con el Estado colombiano. La falta de voluntad política del gobierno quedaba evidenciaba en el incumplimiento de constituir un grupo de fiscales e investigadores dedicado de manera exclusiva al esclarecimiento del genocidio, en su negativa a restablecer la personería jurídica de la UP y al hacer caso omiso a la petición de asignar una partida presupuestaria fija para la resolución de caso. Todo ello, como era de esperarse, agotó las posibilidades de insistir en una solución amistosa.


“Nosotros hemos tenido, junto con los abogados, que dar batallas no solamente para intentar esclarecer el caso y buscar los caminos de la verdad, sino también para hacer frente a los hostigamientos y las persecuciones. En este sentido hay que señalar que dos familiares del testigo principal fueron desaparecidos y que algunas personas estuvieron en la cárcel por años, siendo inocentes. El Estado quiere evitarse otra parte de su responsabilidad porque este reconocimiento si bien tiene una connotación como la que acabo de señalar, sigue siendo parcial porque a mi padre lo mataron paramilitares y agentes estatales. Este es un caso en el cual el Estado actuó en conjunto o en colaboración con los paramilitares y eso no ha sido reconocido como tampoco han sido identificados y sancionados los actores intelectuales del crimen. Entonces por esas razones y, además, por los malos antecedentes de soluciones amistosas del Estado colombiano en el Sistema Interamericano de no cumplir las promesas de justicia, reparación a las víctimas y esclarecimiento; sumado a que se buscó esa conciliación durante casi cinco años en el contexto del caso general de la UP, se rompe el proceso.



Teniendo en cuenta esos precedentes, además de que no queremos conciliar por una indemnización o simplemente por alcanzar este nivel de esclarecimiento, sino que queremos la verdad y la justicia plena, hemos decidido no aceptar la oferta de una solución amistosa en este momento” (18)



Por esos mismos días, la Corporación REINICIAR, denunció que entre febrero y septiembre del año 2004, otros 139 de sus miembros fueron víctimas de violaciones de derechos humanos . Los arrestos arbitrarios continuaron, como en el caso de Álvaro Manzano, ex presidente de la ACVC y ex concejal de la Unión Patriótica. Manzano fue arrestado en la ciudad de Barrancabermeja el 6 de junio de 2005 por órdenes del jefe operativo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jairo Carrillo. Tres hombres armados y de civil, argumentando un requerimiento de la Fiscalía de Bucaramanga, se lo llevaron a la fuerza justo cuando el ex Concejal se encontraba con el observador y defensor de derechos humanos estadounidense Scott Nicholson, de la Red de Derechos Humanos de Montana (EU). (19) Casos similares siguen presentándose en Colombia y la modalidad de saquear las organizaciones sociales, sigue sucediendo con alarmante frecuencia. El 6 de noviembre de 2007, la sede de Reiniciar fue saqueada por individuos sin identificar, quienes dejaron un lazo mortuorio en una de las puertas de los armarios vulnerados (20) . Igual sucedió en la casa del abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la oficina de la Consultoría para los Derechos Humanos y la población Desplazada, Codhes, en la Corporación Yira Castro tanto en su sede Bogotá como en el municipio de Soacha donde se encontró debajo de la puerta una hoja con la imagen de una calavera, y excremento. también fueron atacadas la Corporación Infancia y Desarrollo, en la Red Juvenil de Medellín, el Centro Cristiano para la Justicia y la Acción No-Violenta – JUSTAPAZ, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz,IMP, y otras más.



Iván Cepeda, y las demás víctimas del genocidio afirmaron que ante este tremendo panorama y evidente falta de voluntad por parte del gobierno y ausencia de garantías, que el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “donde confiamos encontrar la justicia que ha sido denegada internamente […] El litigio continuará en tanto no se revelen los nombres de los autores intelectuales de este homicidio y sean ejemplarmente sancionados”.



En noviembre de 2008, el caso del Senador Cepeda fue remitido a la Corte Interamericana, con el fin de que este alto organismo declara al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, los derechos políticos y la protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 23 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Manuel Cepeda Vargas. (21)



De acuerdo con el embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, el Estado colombiano admitiría responsabilidad total, menos en el tema de justicia, pues a su juicio los otros implicados en el proceso como Carlos Castaño, están muertos y por lo tanto no pueden ser sancionados (22) .



El 10 de diciembre de 2008, como mecanismo de defensa ante las presiones internacionales, la Sala Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de apelación, condenó al Estado colombiano a indemnizar a la familia Cepeda por omisiónen el asesinato al no habérsele brindado las debidas medidas de protección al Senador Cepeda, quien se encontraba fuertemente amenazado.



La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa Palacio, condenó a la Nación (Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) a pagar, por concepto de perjuicios morales, cien salarios mínimos vigentes para cada uno de los tres demandantes También la sentenció a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de novecientos diez millones trescientos ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos ($910.308.742), a favor de la viuda del Senador Cepeda.



Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado no reconoció la responsabilidad del Estado por acción en el crimen, aún cuando su directa participación ya había sido demostrada, y el mismo gobierno colombiano había reconocido ante la CIDH, su falla por acción y omisión en el crimen del dirigente.



“Luego de quince años, en diciembre pasado el Consejo de Estado sentenció a la Nación a indemnizarme a mí y a mi familia por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. A pesar de reconocer la responsabilidad estatal en dicho crimen, el reconocimiento viola el derecho a la verdad. El alto tribunal aceptó la responsabilidad sólo por la omisión de los funcionarios públicos al no proteger la vida del senador Cepeda, y no por la acción criminal que urdieron y ejecutaron miembros del Ejército Nacional en compañía de paramilitares, como ya ha sido demostrado”.



Iván Cepeda también solicitó que se investigue el llamado «Plan Golpe de Gracia», denunciado por la UP ante el gobierno de César Gaviria y con el que el alto mando militar buscaba exterminar los remanentes de la UP (23) .


“El hecho de que la sentencia proferida riña con mi derecho a la verdad, y que se utilice de forma permanente la calumniosa acusación de enriquecerme con la labor de derechos humanos que realizo, me ha llevado a tomar una decisión. En forma individual, renuncio a toda indemnización por el caso del asesinato de mi padre. Donaré esos dineros a un fondo para que los hijos y descendientes de víctimas del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica puedan recibir educación. Y para formalizar este compromiso he solicitado que se certifique públicamente la donación. Esta decisión no debe ser interpretada de ninguna forma como un gesto que impugne o descalifique el derecho a la reparación que tienen las víctimas. Por el contrario, es mi forma personal de reivindicar ese derecho y de exigir que sea respetada la dignidad de las víctimas. Tampoco significa que renuncie a mis derechos a la verdad y a la justicia. Tal es el fin último y la motivación ética de mi trabajo” (24)



La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió fallo condenatorio contra el Estado colombiano el pasado 22 de junio de 2010. Es el primer caso en el que el asesinato de un líder político colombiano se resuelve satisfactoriamente en la alta Corte. El Estado ha sido condenado a reparar a las víctimas tanto de forma pecuniaria como simbólica. Por ello, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, deberá pedir perdón público en plenaria ante el Congreso de la República, se deben producir avances en materia de justicia en un plazo máximo de dos años a fin de que los autores intelectuales del asesinato sean identificados y sancionados, y los autores materiales sean recapturados al haber sido burlada la justicia con su precipitada liberación. Así mismo se debe publicar la sentencia completa de la Corte en un medio de circulación nacional, se deberá transmitir un especial durante un mes con presentación semanal sobre la vida y obra del Senador Cepeda, se creará la beca Manuel Cepeda Vargas para periodistas del semanario Voz y se deben ofrecer garantías de no repetición para todos los familiares y sobrevivientes del genocidio contra la UP.



Este fallo histórico abre camino para que el caso colectivo de la UP produzca similares resultados ante este organismo.



La sentencia de la Corte, numeral 120 sobre "El deber de investigar la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas”, afirma que “…el perito Michael Reed señaló que las investigaciones de crímenes como el del Senador Cepeda deben atender a la comunidad de la prueba de otros procesos que permitan revelar patrones, por lo que esa ejecución debe vincularse con otros casos en situación similar, como los asesinatos, hostigamientos y amenazas de otros líderes, representantes e incluso candidatos presidenciales de la UP” (27)



Iván Cepeda, en un gesto de gran valor y coherencia política, renunció a la indemnización que le correspondió como familiar del Senador asesinado. Los más de 100 mil dólares que le fueron asignados serán nuevamente entregados a un fondo de auxilio económico educativo con el fin de que los hijos y nietos de los miembros de la UP asesinados, puedan solventar sus estudios.



Hoy, gracias a las confesiones de cabecillas paramilitares, se sabe que uno de los actores intelectuales del magnicidio fue el ex subdirector del Das, José Miguel Narváez. También se presume que contó con el apoyo de altos mandos militares y políticos tradicionales. Esos nombres deben ser revelados al país y los responsables tendrán que ser llevados ante los estrados judiciales.



MEMORIA



Como una forma de honrar la memoria del Senador asesinado y emprender acciones jurídicas y simbólicas para vencer la impunidad, su hijo, Iván Cepeda Castro, y su nuera, Claudia Girón crearon la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Esta organización, además de realizar importantes actividades por la defensa de los derechos humanos y libertades que confiere la Constitución política de Colombia, en especial de las víctimas de Estado, y la jurisdicción internacional, pretende a través de un trabajo de memoria y l desarrollo de acciones públicas, simbólicas y judiciales, posicionar en el debate público, la dimensión colectiva del daño que genera la violencia sociopolítica y la ausencia de pluralidad en la construcción de memorias en el espacio público.



La amnesia colectiva acerca de los acontecimientos violentos que han sucedido en Colombia, tiene hondas implicaciones sociales, políticas y culturales, que impiden la construcción de una memoria histórica incluyente y encontrar genuinos caminos de reconciliación. Pues más allá de pensarse la reconciliación como el sacramento de la penitencia, o como el pacto silencioso de perdón y olvido, donde los dolores se lanzan al cuarto oscuro de lo nunca sucedido o donde la derrota no se nombra, se trata de asumir como colectivo y desde lo individual, una acción valiente y decidida que se enmarque dentro de unos claros principios éticos y de compromiso humano, capaz de sustraernos del horror padecido, pero no a través de la negación o el cómplice silencio, sino desde la reelaboración de las múltiples memorias que dan forma a una historia y cuenta de una realidad. La memoria es un derecho a través del cual se pretende la visibilización y el reconocimiento público de las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos que han determinado la historia reciente de Colombia, y que marcan nuestro presente.



“Dejar de olvidar, en griego se dice “a-letheia” y esta palabra traducida al latín y allegada al castellano se lee como «verdad»” (25)



“Abordar el tema de memoria en un país como Colombia, implica una necesaria referencia a su multiplicidad; más que de una única memoria, hablamos de una rica suma de memorias que nos llaman a la reflexión y a quebrantar la rigidez del pensamiento. Se trata de una memoria que para ser tal se resiste a la mordaza, a la negación, a la domesticación del discurso, y que en su negativa a ser silencio y en su necesidad de romper un pacto tácito con el olvido, se configura como expresión alegórica de nuestra amplia diversidad cultural; de nuestra riqueza y potencial humano, de nuestra capacidad para resignificar una y otra vez nuestro propio pasado” (26)



Como apelación simbólica al uso de la memoria y con el fin de preservar el nombre del mártir del genocidio contra la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el reconocido artista plástico, Omar Rayo, diseñó un monumento en su honor, el cual fue ubicado a pocos metros del sitio del sitio donde fue asesinado.



El Concejal de Bogotá, Fernando Rojas, presentó el 1 de octubre de 2004, el proyecto de Acuerdo No 206, mediante el cual se crea el Parque de la Vida (ubicado en el Globo B del Cementerio Central) y se dictan normas para la recuperación de la Memoria Histórica" . Esta propuesta, diseñada con el objetivo de preservar la memoria sobre la sistemática violación a los derechos humanos ocurrida en el país durante las últimas décadas, y honrar la memoria de las víctimas, pretende reafirmar valores democráticos, de justicia y respeto a la vida con el fin de que los horribles hechos de violencia padecidos en el país, en especial contra organizaciones sociales y de oposición política, nunca más se vuelvan a repetir. El proyecto declara el 11 de octubre, fecha en la cual fue asesinado Jaime Pardo Leal, cómo día distrital de la memoria histórica.



Igualmente, y como forma de rendirle homenaje póstumo Cepeda y su obra, el antiguo colegio IED Britalia de Bogotá, pasó a llamarse Colegio Manuel Cepeda Vargas.



También un frente guerrillero de las FARC lleva su nombre. Frente a esto último, su hijo, Iván Cepeda han repudiado el uso del nombre de su padre por parte de las FARC, y ha condenado en varias ocasiones las acciones de esa guerrilla, declarando que "Una sociedad justa y democrática, como la que quería mi padre, no se construye a punta de atentados indiscriminados contra la población civil” (27)



“Ahora podrás pensar y cantar sin fatiga
-ni aves ni mariposas mutiladas-
Atrás quedó la arena movediza
y esta noche
tu noche
la de todos...”



Gloria Cepeda Vargas
Aparte del poema "Elegía en agosto"
"Carta a Manuel"



NOTAS AL PIE


(1) Pablo Andrés Nieto Ortiz (Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia. Candidato Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia) “Subordinación o autonomía? El ejército colombiano, su relación política con el gobierno civil y su configuración en la violencia 1953-1990”


(2) Idem
(3) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Reseña histórica.
http://cpdh.free.fr/todo.htm
(4) Indem
(5) Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. Enero 31 de 2007
(6) Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(7)Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. Enero 31 de 2007
(8) Idem
(9) Idem
(10) CIDH, Informe No. 5/97 (admisibilidad), Caso 11.227, José Bernardo Díaz y otros “Unión Patriótica”, Colombia, 12 de marzo de 1997, Apéndice 2.
(11) Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. La OEA investiga los crímenes contra la UP. Enero 31 de 2007
812) Op Cit.Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(13) ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuel Cepeda Vargas (Caso 12.531) contra la República de Colombia. Noviembre de 2008. Ver:
http://www.cidh.org/demandas/12.531%20Manuel%20Cepeda%20Vargas%20Colombia%2014%20nov%2008%20ESP.pdf
(14) Idem; Desgloce del caso;Ver proceso de la CIDH 2007 y 2008.
(15)En El Tiempo; “Diez audiencias enfrentará gobierno colombiano durante 2 días en Comisión Interamericana de DD.HH”. Sección Justicia. Marzo 5 de 2007
(16) Datos obtenidos de la cita anterior. El Tiempo, marzo 5 de 2007
(17) Informe “Sindicalismo en Colombia, en la lucha por la vida y la libertad”. Observatorio del Trabajo. Fuente Comisión Colombiana de Juristas.
(18) Op Cit.Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(19) Idem; En la misma entrevista, Iván Cepeda cita dos ejemplos en los cuales el Estado en procesos de solución amistosa ha incumplido los acuerdos establecidos. “En el Sistema Interamericano ha habido reconocimientos de responsabilidad en varios hechos. Voy a citar dos: el primero es el caso de la masacre de Trujillo que se perpetró, durante varios años, de manera continuada a comienzos de los noventa. El Estado colombiano hizo un reconocimiento en cabeza del presidente Ernesto Samper de su responsabilidad en ese hecho y prometió que a las víctimas las iba no sólo a indemnizar debidamente, sino que se iban a tomar una serie de disposiciones tendientes a juzgar a los responsables y ofrecer garantías para que las familias que estaban en situación de desplazamiento retornaran, pero ninguna de esas cosas se cumplió. Igual ocurrió en el caso de la masacre de la Rochela. El Estado reconoce su responsabilidad y con esto quiere conciliar, pero después no cumple y no cumple porque todavía hay grandes deficiencias en el sistema de justicia y porque también hay una falta real de voluntad política. Es decir, el Estado avanza solamente hasta cierto nivel de la responsabilidad en cuanto a los autores materiales, pero los autores intelectuales quedan siempre por fuera porque buena parte han sido figuras que han desempeñado en el orden jerárquico del Estado responsabilidades de primera plana muy significativas en el poder ejecutivo o legislativo. Frente a esas limitaciones pensamos que hay que seguir hasta las últimas consecuencias ante el sistema de justicia internacional”
(20) Op Cit; Caja de Herramientas, entrevista a Iván Cepeda Castro
(21) Op Cit; Genocidio político: Caso Unión Patriótica. “Exterminio de una esperanza. Seis mil víctimas de la UP en 20 años”. Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. Febrero de 2005. Número 1.
(22) Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Zona de Reserva Campesina, 6 de junio de 2005 “Comienza el encarcelamiento de los dirigentes de la ACVC. Detenido de nuevo Álvaro Manzano, ex concejal de la UP. “Álvaro ya había sido capturado el 24 de abril en la vereda Notepases. En esa oportunidad fue detenido ilegalmente por efectivos del Batallón Nueva Granada al mando del coronel Castillo y sometido a presiones y torturas psicológicas durante más de 15 días. Nunca se le mostró una orden judicial y el Ejército manifestó que Álvaro se encontraba voluntariamente con ellos, para burlar los procedimientos de protección, como los hábeas corpus interpuestos. Durante su detención ilegal fue obligado bajo presiones a firmar varios documentos que nunca pudo leer. El objetivo del Ejército era obligarlo a convertirse en un "reinsertado", siendo un civil, y en un miembro de la red de informantes.
(22) Boletín Informativo. Reiniciar, 12 de noviembre de 2007. Miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Corporación REINICIAR. El personal de la organización no gubernamental de derechos humanos Corporación Reiniciar y las personas en cuyo favor trabaja corren peligro tras un asalto a las oficinas de la organización en la capital, la mañana del 6 de noviembre de 2008.. En 2002, a causa de las constantes amenazas y de su situación de vulnerabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, dictó medidas cautelares para la Corporación Reiniciar. En ellas se instaba al gobierno colombiano a adoptar medidas de seguridad para proteger a los miembros de la Corporación. El 10 de octubre de 2007, el ex presidente de UP prestó testimonio en el caso de UP en una vista de la Comisión Interamericana. Este asalto a las oficinas de la Corporación Reiniciar es uno más de los que han tenido lugar este año en oficinas de organizaciones no gubernamentales de derechos humano en Bogotá. (Véase AU 165/07, AMR 23/018/2007, del 28 de junio de 2007.)
OEA Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia Caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. 14 de noviembre de 2008.
(23) Op Cit; Genocidio político
(24) Op Cit, El Tiempo
(25) Cepeda Castro Iván; “No es por la Plata”. Columna de opinión publicada En El Espectador. Enero 24 de 2009
(26) Revista Taller; “Abriendo la cortina para ver el árbol de la memoria” por José Darío Antequera
En “Memoria, historia y futuro en Colombia”. Proyecto Académico literario de la Universidad de Neiva. Capitulo: “La memoria como constituyente de identidad social y colectiva” Maureén Maya. 2009
Alcaldía Mayor de Bogotá; Proyecto de Acuerdo No. 206 de 2004 presentado por el Concejal Fernando Rojas


(27) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA. SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)


(28) CEPEDA, Castro Iván; “6 de marzo”. EN El Espectador. Sección Opinión. Febrero 21 de 2008