FALLO HISTÓRICO: CORTE INTERAMERICANA CONDENA AL ESTADO POR EL ASESINATO DE MANUEL CEPEDA VARGAS

FALLO HISTÓRICO: CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONDENA AL ESTADO POR EL ASESINATO DEL SENADOR DE LA UP, MANUEL CEPEDA VARGAS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia a través de la sentencia de 26 de mayo de 2010 sobre (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones) acaba de emitir un fallo histórico.

Es la primera vez que ante este alto organismo se condena al Estado por el asesinato de un líder político de la UP. El gobierno nacional debe acatar este fallo y reparar pública y económicamente a la familia del líder de la UP Manuel Cepeda, Senador asesinado el 9 de agosto de 1994.

Al respecto el presidente Álvaro Uribe, pidió perdón por el asesinato del líder de la izquierda Manuel Cepeda, en agosto de 1994, pero subrayó que no puede decir que el autor de ese crimen haya sido el Estado.

"Yo no puedo decir que el Estado asesinó al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que lo asesinaron. Y que eso es muy grave y que eso no se puede repetir. Y yo pido perdón" dijo Uribe.

“Pero hay que tener en cuenta una cosa: no se puede implorar, exigir a la justicia internacional que obligue al Estado colombiano a pedir perdón y al mismo tiempo adelantar falsas acusaciones, proceder con odio a maltratar injustamente a compatriotas, a maltratar injustamente la honra de los gobiernos. Eso es muy grave. Porque es tan grave el crimen físico como el crimen moral. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado” puntualizó el Mandatario.

Por su parte el Vicepresidente de Colombia, Francisco Santos afirmó que: “Es un caso en el que hay agentes del Estado condenados, en el que hay condenas por parte del Consejo de Estado … Ahora lo que viene es cumplir lo que la Corte plantea, una beca, un acto en el Congreso y continuar las investigaciones de justicia”.

Iván Cepeda, hijo del Senador asesinado valoró el fallo de la Corte y dijo que aspira a que con éste se logre obtener un similar resultado en el proceso colectivo que por el genocidio de la Up se sigue ante el mismo organismo.

“Con esta sentencia la Corte da un paso nuevo al señalar que el Estado no sólo permitió la muerte de campesinos y jueces como ha dicho en otras sentencias, sino que tuvo una responsabilidad mayor en el exterminio de la UP. Este fallo permite que el caso colectivo encuentre una jurisprudencia acorde a este resultado... Se han superado varios obstáculos y tenemos la satisfacción del trabajo cumplido, el cual responde a un imperativo ético y es el de la justicia. Para quien ha sufrido de cerca tanto la violencia como la impunidad, encontrar un reconocimiento internacional y una sentencia que esculpe en mármol una verdad historia es un hecho histórico de enorme relevancia y un gran logro”.

Recordando a Manuel

Manuel Cepeda Vargas (13 de abril de 1930 - 9 de agosto de 1994)

"Desnudarse y caer,
como un volcán que se va a pique
o saber que siempre fuimos cráteres encendidos,
que hasta en los más remotos terremotos anduvimos despiertos,
que nunca conocimos la tranquilidad
ni el punto aparte…

¡Hay que hacer algo antes de aniquilarse,
Antes de que desaparezcas,
que preguntes si fuiste
Porque definitivamente ya eres nada!"
Manuel Cepeda Vargas

“Dedicó su vida a la paz, a la convivencia, a la tolerancia, a sacar a este país de la miseria, del atraso, de la ignominia, de la angustia y de la desesperanza. Estos días me han dicho mis compañeros, mis amigos, la gente del común: -Aída no hable tan duro porque en este país eso no se puede hacer-, pero yo no puedo quedarme con lo que los dos sabíamos… Si Manuel, todas las noches, yo creo que todas las noches desde hace mucho rato te llamaban a amenazarte, si, todos sabíamos que eras la persona que el militarismo y el terrorismo de Estado querían llevarse. Y se lo llevaron, los terroristas, esos terroristas que usan las armas del Estado contra su propio pueblo, ellos lo han traído aquí, ellos se lo quitaron a la causa de la revolución y de la libertad…”

Palabras de Aída Abella en el cementerio central, durante el entierro de Manuel Cepeda Vargas.

Abogado, escritor, periodista, poeta y político, Manuel Cepeda fue un hombre polifacético pero de una sola pieza. En 1952, mientras realizaba estudios de derecho en la Universidad del Cauca, y empezaba a dar muestras de una innegable vocación política, ingresó al Partido Comunista colombiano. En 1958, cuando sólo tenía 26 años de edad, participó en el VIII Congreso del PCC, donde salió elegido miembro del Comité Central del Partido y se le asignó la tarea de reconstruir la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, de la que ocuparía luego la Secretaría General. En su labor de reconstrucción militó al lado de destacadas figuras políticas de la vida nacional, como Jaime Bateman Cayón, Hernando González Acosta, Yira Castro (su futura esposa), Jaime Pardo Leal y Miller Chacón, entre otros.

En 1960 contrajo matrimonio con Yira Castro, el amor de su vida, con quien tuvo dos hijos: Iván y María.

El mundo de aquel entonces, cuando Manuel salía a la calle con el alma inundada de sueños de porvenir y revolución, ya parecía una aldea globalizada. Ningún país, por autónomo que fuera o pretendiera serlo, escapaba a la estructura bipolar que dominaba el planeta en medio de la llamada Guerra Fría. Colombia siempre sentó su posición, obediente a los mandatos norteamericanos, de lado de dónde prima el capitalismo, la rapiña comercial, dónde el hombre es lobo para el hombre, como anotara Thomas Hobbes, el pensador inglés del siglo XVII. Ya desde 1951 cuando el país participaba en la Guerra de Corea tomaba la bandera del anticomunismo.

La brecha entre dos mundos ideologizados se profundizaba. Una doctrina militar represiva y expansiva orientada por EE UU determinó la formación militar de varios ejércitos en el continente bajo sus propios intereses y lineamientos. “La participación de las Fuerzas Armadas colombianas en Corea permitió, en forma diáfana, visualizar al enemigo que sería necesario combatir (el comunismo) sentando las bases ideológicas del nuevo concepto estratégico a implantar”. (Torres del Río, 2000:65) (1) .

Desde antes de la guerra de Corea, las Fuerzas Armadas de Colombia se habían convertido en instrumento destinado a reprimir y acallar todo esfuerzo organizativo por una Colombia más justa y democrática. En un comunicado expedido por el comando del Ejército, y firmado por el coronel Gustavo Rojas Pinilla, se evidencia cuál era el papel de las Fuerzas Armadas:

“Tercera Brigada. Comando Cali, 25 de marzo de 1949

No., E.M I-002091

Señor Mayor Batallón “Palacé”. Buga

REF: consigna para las tropas que prestan servicio en manifestaciones políticas. Como consigna especial, que debe impartirse a las tropas que prestan servicio de vigilancia en manifestaciones políticas, está la de impedir que los oradores lancen palabras injuriosas o descomedidas contra el gobierno constituido. El comandante de las tropas que presta este servicio, deberá hacer conocer al orador la autorización de impedir –aún haciendo uso de la fuerza si fuere necesario- que se continúe lanzando improperios contra tales entidades.

Atentamente,
Coronel Gustavo Rojas Pinilla
Comandante de la Tercera Brigada” (Rojas, 1949:29)

Colombia enfrentaba no sólo la tal amenaza comunista que se expandía por el mundo, sino que ésta, sumada a la precariedad del campo, y la violencia bipartidista que azotaba buena parte del territorio nacional con el subsecuente surgimiento de grupos guerrilleros y un registro espantoso de asesinatos, mutilados y desplazados horrorizados, hacían la realidad mucho más compleja y difícil de controlar. Sin embargo, al establecimiento, más que la sangre campesina derramada, le estremecía profundamente considerar que aquello que no pasaba de ser una grave contienda política que se podría conjurar desde el poder político, pudiera ser desbordada por un levantamiento popular que llevara al temido proletariado al poder, tal como parecía perfilarse en algunos rincones del mundo a partir de la fuerza que alcanzaban las organizaciones sindicales arropadas bajo una misma bandera: la de la Internacional Socialista. El surgimiento de guerrillas maoistas, troskistas, marxistas leninistas o de las denominadas, autodefensas campesinas en Colombia, no podían tampoco desestimarse.

En 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, y cuando el continente americano era estremecido por los fuegos de la rebeldía tras el triunfo de la revolución cubana, Estados Unidos, a través de la Alianza para el Progreso y la Escuela de las Américas, “imponía a las Fuerzas Armadas una nueva tarea adicional a la del control de las fronteras: la guerra contrainsurgencia” (2) . La CIA se estrenaba en la aplicación del temido "Manual Kubark" de interrogación y el mundo se encontraba ferozmente marcado por la Guerra Fría. La represión, que no era cosa nueva en Colombia, se extendió velozmente a todas las ciudades y municipios del país, y varios jóvenes soñadores e idealistas, fueron apresados, entre ellos Manuel. De la Cárcel Modelo de Bogotá, al cabo de un breve tiempo, salió fortalecido, más firme en sus convicciones y con un libro de poemas terminado: “Vencerás Marquetalia”, en homenaje a la valerosa lucha de resistencia campesina del Tolima que a falta de garantías y acuerdos políticos y sociales, daría origen a las FARC.

Pronto Manuel se convirtió en destacado columnista del semanario Voz Proletaria y pasó a asumir su dirección durante varios años, mientras se desempeñaba como miembro del Comité Ejecutivo Central del PCC, sin dejar de lado su vocación poética y su vida familiar que entonces, era fuertemente golpeada por los inexpugnables misterios del destino.

En 1981, en homenaje póstumo a su esposa quien fallece ese mismo año, publicó un libro estremecedor, “Yira Castro: mi bandera es la alegría”. Luego escribió gran cantidad de textos y un prologo excepcional para el libro “Operación Cóndor” de Valentín Mashkin.

Manuel sabía que en el contexto de guerra que vivía Colombia: la abierta y medianamente publicitada, la que arrasa con campos y veredas campesinas, deja millares de huérfanos, desterrados y viudas; y la otra, la guerra soterrada: la que bajo directrices imperialistas se desata contra las organizaciones sociales y movimientos políticos, y hacen de los humildes su blando predilecto, era necesario crear un escenario por encima de las ideologías, que trascendiera la política y ondeara una única bandera: la de la ética y la defensa de la vida y los derechos humanos. Es así, como en el marco de conclusiones del “I Foro Nacional por los Derechos Humanos y las libertades democráticas”, realizado en Bogotá durante los días 30-31 de marzo y 1 de abril de 1.979 (3) , bajo el represivo estatuto de seguridad del gobierno Turbay, decidió crear, junto al Maestro Gerardo Molina, Gilberto Vieira, el asesinado José Cardona Hoyos y otros demócratas, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH.

La ultraderecha colombiana encontró entonces otro espacio al cual dirigir su odio y enconada actividad criminal. A finales de los ochentas, el CPDH afrontaba una cruenta campaña de exterminio. En el VI Foro de Derechos Humanos que se realizó en Bogotá, se informó que 22 de sus mejores miembros habían sido asesinados, entre ellos su Vicepresidente Nacional, el médico y político, Héctor Abad Gómez (4) , quien fuera acribillado el 25 de agosto de 1987 junto a Leonardo Betancur Taborda, y 6 Presidentes de Comités departamentales, sin que los asesinos fueran públicamente identificados, aprehendidos y castigados. El Comité exigió al gobierno que respondiera por estos crímenes, el desmonte definitivo de las estructuras paramilitares y que los responsables de su organización, financiación y entrenamiento para la ejecución de los crímenes, incluyendo agentes de la fuerza pública, así como proveedores de logística, fueran expuestos ante el país y debidamente sancionados de acuerdo a la justicia colombiana. La respuesta del gobierno fue el silencio.

Manuel, pese al clima de desasosiego y terror, continuó en su incesante actividad política. En 1992 fue nombrado secretario general del PCC en reemplazo de Álvaro Vásquez del Real, y un año después, en 1994, resultó electo Senador de la República por el PC-UP.

Como parlamentario siempre estuvo en el ojo del huracán por sus fuertes denuncias. Fue Manuel quien expuso ante el Congreso de la República la existencia del «Plan Golpe de Gracia» en cuya lista de ejecutables figuraba él mismo. En un debate realizado tiempo después, acusó directamente a los generales Harold Bedoya y Rodolfo Herrera Luna de ser algunos de los principales gestores del paramilitarismo e impulsores de los planes de exterminios contra la UP, el CPDH y el movimiento sindical en Colombia. “Bedoya, además de responderle públicamente, lo demandó por difamación, pero la sentencia fue favorable a Cepeda”. No obstante, la justicia no actúo como era obvio que lo hiciera y las amenazas contra el Senador se intensificaron. “Se recibían entre 15 y 20 llamadas diarias en la casa diciendo que lo iban a matar”, comenta una persona cercana al político en aquellos días.(5) La situación de los militantes de la UP se hizo insostenible cuando el general Carlos Julio Gil Colorado fue víctima de un atentado que le costó la vida y el hecho fue atribuido a las FARC. El «Plan Golpe de Gracia» se intensificó. Asesinado Miller Chacón, el primero en la lista, ya se sabía quiénes serían los próximos en caer. Manuel decidió entonces salir del país.

A las pocas semanas de su regreso a Colombia, y dos días después de que César Gaviria entregara el poder al también liberal Ernesto Samper, Manuel Cepeda Vargas, el último Senador elegido por voto popular de la UP, fue asesinado por seis sicarios; tres de ellos, efectivos del Ejército Nacional que actuaban bajo órdenes del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil, quien a su vez respondía a superiores, al parecer pertenecientes el llamado “Grupo de los 8”, integrado por políticos, Generales y personas influyentes, y cuyas identidades aún no ha sido determinadas por la justicia nacional. Con Manuel ya eran 9 los congresistas asesinados de la UP.

La muerte del Senador Cepeda se constituyó en un golpe fulminante no sólo para la UP y la política colombiana, s ino, y en particular, para aquellos que aún tenían la esperanza que Colombia, de la mano de hombres como él y desde el pleno y legítimo ejercicio democrático, lograría derrotar la barbarie que se consolidaba en el país. Estaba entonces tan oscuro, tan oscuro, que muchos creían que se acercaba un nuevo y más diáfano amanecer. La muerte del Senador Cepeda, reveló, sin equívocos, que ese nuevo amanecer aún estaba lejos por llegar.

Manuel, además de la disciplina, la constancia y la solvencia ética y moral, características propias de hombres a los que la naturaleza hace excepcionales, tenía el don de la sensibilidad que certeramente podía expresar tanto en un debate político como a través de su prolífica obra poética. Las capacidades intelectuales de Manuel, la alegría de su espíritu, y su visión siempre altruista y generosa, lo convirtieron en uno de esos poquísimos seres humanos que terminan por hacerse imprescindibles para las sociedades, pero que por ello mismo, y porque son siempre consecuentes y firmes en sus convicciones, también se convierten en el blanco predilecto de los abanderados de la ignominia, la intolerancia y la cobardía.

El 9 de agosto de 1994 se ejecutó la fatal sentencia. Manuel Cepeda salió temprano de su apartamento ubicado al occidente de Bogotá y tomó la avenida Las Américas para dirigirse al Congreso de la República, dónde se desempañaba como Senador para llevar a cabo un debate sobre derecho Internacional Humanitario en el marco del Convenio de Ginebra. Iba tranquilo, se despidió como de costumbre de su hijo, y se subió al carro que como medida de seguridad le habían asignado. Habían transitado apenas unas cuadras, cuando el campero fue interceptado por un automóvil y una moto. Seis sicarios lo acribillaron a disparos. Minutos después, a bordo de una buseta, Iván, su hijo, se encontró con la terrible escena del crimen.

“Mi padre era el último congresista elegido por la Unión Patriótica, después del asesinato de ocho congresistas de la UP entre los años 1986 y 1994… Esos congresistas fueron asesinados en distintos momentos, pero a mi padre lo asesinaron bajo un plan que la UP sostiene que existió entre1992 y 1994, denominado “Plan Golpe de Gracia”. Dicho plan consistía en aniquilar a un grupo de la dirigencia de la UP que había logrado sobrevivir a las primeras etapas del exterminio. Encabezaban esa lista mi padre, Aída Abello que en ese entonces era la presidenta del partido, el también senador Hernán Mota, quien era suplente de mi padre y otro dirigente del partido Comunista, José Miller Chacón. Fueron asesinados, mi padre y Miller Chacón, y Aída y Hernán viven hoy en el exilio. Ese asesinato ocurrió en un contexto donde se buscaban unos diálogos con la guerrilla. Se había hecho una reunión en Tlaxcala, México y otra en Caracas, Venezuela. Entre tanto, la UP seguía siendo una fuerza que, a pesar de haber sido diezmada, todavía tenía juego político, pero todo tendía a acabar con las últimas reservas políticas que tenía el movimiento” (6)

El magnicidio del Senador se convirtió entonces en un caso paradigmático para la justicia colombiana, porque en él, como en ningún otro caso, se revelaba sin ambages la estrecha alianza que existía entre altos militares y paramilitares para la ejecución de crímenes políticos. También, se hacía ya insoportable el peso de tanta y tan vergonzosa impunidad.

En su libro “Mi Confesión” el jefe paramilitar, Carlos Castaño afirmó en su libro: “El nueve de agosto de 1994 viajé a Bogotá y dirigí el comando que ejecutó al Senador Manuel Cepeda Vargas […]. Hace pocos días -¡qué ironía y qué deplorable justicia!- la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá me absolvió de toda responsabilidad en ese crimen sin siquiera yo haber contratado un abogado para mi defensa!.

Este crimen es una muestra del perfecto ensamblaje entre paramilitares y militares, “donde ya no se puede hablar sólo de nexos sino de planificación conjunta, de relación orgánica al más alto nivel”, asegura un experto en el genocidio de la UP” (7)

También se supo entonces, que en 1993 se celebró una reunión en la región del Magdalena Medio entre diversos sectores impulsores y financiadores del paramilitarismo a la que acudió Carlos Castaño. “En esa cumbre se estableció que había que “frenar” la actividad de tres destacados dirigentes de la Unión Patriótica: Aida Abella, Hernán Motta y Manuel Cepeda”.

La familia del Senador, acompañada por sus abogados, decidió reclamar justicia al entonces Fiscal General de la Nación, Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien les aseguró haría lo que estuviera a su alcance, pero les pidió “resignación” dado el nivel de impunidad que había en el país. En las otras instancias estatales donde acudieron el resultado fue similar, así que los familiares empezaron a investigar por su cuenta (8) .

Por esos días, un paramilitar que estaba recluido en una cárcel de Bogotá, vio a través de las noticias al hijo del Senador denunciando el crimen y exigiendo justicia. De inmediato buscó la manera de contactarse con él. Una vez lograron reunirse, el prisioneror les contó, a Iván y sus abogados, que había trabajado en la IX Brigada bajo la dirección del general Herrera Luna. Todo parecía aclararse. Luego rindió testimonio ante la justicia y afirmó que dos suboficiales que había conocido le contaron que el propio general Herrera Luna había dado la orden de ejecutar al Senador Cepeda. Esa confesión más otras pruebas, provocaron la detención de los sargentos Justo Gil Zúñiga y Hernando Medina Camacho del Batallón de Artillería No. 12 de Bogotá por su participación en el crimen. El General Herrera ni siquiera fue vinculado.

Los dos suboficiales fueron condenados a 43 años de cárcel, sin embargo, además de que las penas fueron reducidas a menos de la cuarta parte, “varios testigos afirman que Medina Camacho fue visto en su casa, a veces en compañía de Gil Zúñiga, durante el periodo de supuesta detención” (9) . Pese a estar condenados y recluidos, Zúñiga y Medina, siguieron en su actividad criminal. Al parecer habrían participado en una operación encubierta de ejecución llevada a cabo contra el teniente José Simón Talero, quien, según testimonios de testigos, venía denunciando irregularidades al interior de la institución.

Sobre los autores intelectuales del magnicidio, la justicia colombiano nunca se pronunció.

En consecuencia, y ante la falta de voluntad del Estado y la justicia colombiana por adelantar las debidas investigaciones, el caso del Senador Cepeda fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hasta la fecha, ha sido el único sobre el cual el alto organismo se ha pronunciado.

El 12 de marzo de 1997, mediante la adopción del Informe 05/974 (10) , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió el caso 11.227 sobre el exterminio practicado contra los miembros de la Unión Patriótica, proceso que se había iniciado el 16 de diciembre de 1993 cuando la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) solicitaron que se declarara la responsabilidad del Estado Colombiano en el exterminio y persecución de los miembros de la UP por la participación directa de agentes estatales que se valieron del paramilitarismo para la ejecución de los crímenes y, en últimas, por no haber garantizado la vida de los líderes y activistas amenazados de la UP, tolerando pasivamente el genocidio. La petición de las organizaciones no gubernamentales, también recordó que el 23 de octubre de 1992, la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares para la protección de algunos dirigentes y que éstas no fueron rigurosamente acatadas por el Estado colombiano.

Si bien la Comisión no admitió que se tipificara como genocidio el caso de la UP, si afirmó en su informe de admisibilidad que “los hechos alegados por los peticionarios (Reiniciar y la CCJ) exponen una situación que comparte muchas características con el fenómeno del genocidio y se podría entender que sí lo constituye, interpretando este término de conformidad con su uso corriente” (11) .

“El caso colectivo de la UP es un caso único en el sistema del derecho internacional. Por ejemplo, en la Corte de Derechos Humanos del sistema europeo se han presentado casos de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones de un grupo político como en Kurdestan, pero ningún caso colectivo es de la magnitud que el de la UP por la cantidad de violaciones a los derechos de los miembros de una sola colectividad, la sistematicidad y la acción del Estado para concertar el exterminio de un grupo político. En otros sistemas de derechos humanos no existe un precedente como el de la UP” (12)

El organismo de la OEA, en su resolución sobre el caso sostuvo que:

“La información suministrada por los peticionarios también tiende a establecer que el Estado de Colombia ha tolerado la práctica de persecución contra la Unión Patriótica al no tomar medidas para prevenirla. Primero, la omisión alegada de investigar y sancionar debidamente las acciones contra la Unión Patriótica implica que no se han prevenido de manera eficaz las violaciones de los derechos humanos de sus miembros. La impunidad resultante de esa omisión crea una situación propicia para la comisión de abusos adicionales”.

A finales de 1997, y de acuerdo al procedimiento establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 48 f), se puso a disposición de las partes buscar una solución amistosa al caso. En marzo de 1999, con los buenos oficios de la Comisión, se constituyó una Comisión Mixta con el objeto de “definir una metodología de trabajo para propender por el esclarecimiento de los hechos a los que se refiere el caso en mención y por la realización de los derechos a la verdad y a la justicia y el reconocimiento de una reparación integral”. Esta comisión fue integrada de parte de los peticionarios, por representantes de Reiniciar, CCJ, Partido Comunista Colombiano, UP y, de parte de los demandados, por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación.

El 24 de marzo de 2001 las partes vinculadas al proceso suscribieron un nuevo acuerdo en el marco del proceso de solución amistosa, en el que además se constituyó un Grupo de Trabajo, con los mismos integrantes de la Comisión Mixta más un representante de la Defensoría del Pueblo y dos personalidades más, con el objetivo de aportar a la prevención de nuevas las violaciones de los derechos humanos y garantizar una protección oportuna y eficaz a los miembros y sobrevivientes de la UP. No obstante, las medidas adoptadas resultaron insuficientes, se hizo evidente la falta de voluntad del gobierno nacional para cumplir los acuerdos, toda vez que sólo se ofrecían endebles esquemas de seguridad, mientras las acciones políticas y jurídicas tendientes a poner fin a la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas eran totalmente nulas, “el 9 de mayo de 2005, la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Fundación “Manuel Cepeda Vargas”, esta última representada por Iván Cepeda Castro –hijo de Manuel Cepeda— solicitaron a la Comisión que diera por concluida la etapa de búsqueda de solución amistosa” (13)

El 26 de julio de 2005 la Comisión comunicó a las partes del caso 11.227 que los representantes de los familiares del Senador Manuel Cepeda Vargas habían solicitado el desglose del reclamo relacionado con la muerte del Senador de la UP. La petición se hizo efectiva el 5 de diciembre de 2005 (14) .

El Gobierno no sólo se sustrajo de su obligación de protección sino que, además, alentó nuevos hostigamientos. La violencia y las persecuciones contra activistas de izquierda se sostuvieron, mientras la CIDH, seguía el caso del Senador y el del UP con enorme detenimiento.

En marzo de 2007 el Gobierno colombiano conformó una delegación integrada por la viceministra del Interior, María Isabel Nieto, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, Carolina Barco, y el embajador ante la OEA, Camilo Ospina, para enfrentar 10 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además del caso de la Unión Patriótica, presentado ante la Comisión en febrero de 1994 y admitido en marzo de 1997, y del asesinato del Senador Manuel Cepeda, el gobierno también tuvo que responder por otros casos: vulneraciones a la integridad étnica de los indígenas Uwa por la exploración petrolera en el bloque Samoré, Boyacá, seguimiento a las medidas cautelares asignadas al senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro y a una asociación juvenil de Cali, desplazamiento de un grupo de familias en Turbo (Antioquia) y de 22 comunidades en febrero de 1997 a causa de la operación militar ‘Génesis’, del ejercito en límites entre Chocó y Antioquia, entre otros casos. “En ese momento, según el Ministerio del Interior y Justicia, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se registraban 158 casos que involucran al Estado colombiano […] y se habían dispuesto 102 medidas cautelares para igual número de personas en riesgo (15) .

Durante la audiencia por el caso de la UP ante la CIDH, Jahel Quiroga, directora de Reiniciar, denunció falta de garantías por parte del Estado para los sobrevivientes de la UP y además presentó un amplio material probatorio, que incluía el caso Carlos Lozano, director del semanario VOZ, a quien Uribe había acusado públicamente, días antes de la audiencia, de ser cómplice de la guerrilla. Ante los estrados internacionales, el Estado se defendió argumentando haber cumplido con lo acordado mientras se mantuvo la búsqueda de una solución amistosa. Como prueba de ello, señaló haber desembolsado $32.630 millones a partir del 2.000 para brindar medidas de protección a los sobrevivientes, a los que además, les financió diversos proyectos productivos . Frente al caso Cepeda, no tuvo más alternativa que aceptar su responsabilidad en el crimen perpetrado por agentes del Estado y paramilitares.

Era la primera vez que un gobierno colombiano admitía ante un tribunal internacional, su responsabilidad por acción y por omisión en el asesinato de un dirigente de la Unión Patriótica. Esta aceptación se produjo sólo con el fin de evitar que el caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica; aspiración que tampoco se concretó porque el caso siguió su curso y finalmente fue admitido por la Corte. Así mismo, la aceptación del gobierno sobre su responsabilidad en el magnicidio tampoco significó un cambio sustancial en sus actitudes ni contribuyó a reafirmar los compromisos adquiridos ante la justicia internacional. Las víctimas de la UP seguían en aumento, y a ellos se sumaba los asesinatos selectivos de varios dirigentes sindicales, activistas políticos y líderes regionales en todo el país. En un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, presentando en el 2007 por la Comisión Colombiana de Juristas se afirma:

“En el primer periodo del presidente Álvaro Uribe 2002-2006, en Colombia fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política 11.292 personas. El 75% de estos crímenes fueron responsabilidad de agentes del Estado. La guerrilla en promedio asesinó a 397 personas por año. Los paramilitares, asesinaron o desaparecieron a 1.060 personas cada año, 1.741 personas fueron muertas en masacres, 823 personas fueron víctimas de torturas y 6.192 colombianos/as fueron detenidos/as arbitrariamente durante este tiempo…” (16)

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente al asesinato del Senador de la UP, si bien constituye un hecho sin precedentes, no es suficiente para dar cumplimiento a las exigencias que en materia de reparación imponen los tratados internacionales, por varias razones. Entre ellas, y fundamentalmente debido a la falta de garantías para la restitución de los derechos vulnerados y el libre desarrollo de la acción política de los sobrevivientes, así como por la negativa del Estado de lograr verdad y justicia para las víctimas, siendo este punto, su principal clamor.

“El Estado hizo un reconocimiento tanto por la acción como por la omisión de sus agentes y, al mismo tiempo, reconoció que violó múltiples derechos de un miembro de un partido político de izquierda. Ante el Sistema Interamericano, el Estado ha reconocido la responsabilidad de ciertos casos, pero este reconocimiento por su nitidez y contundencia, y por tratarse de un opositor político de un movimiento que ha sido objeto de un genocidio tiene un significado que nosotros catalogamos de histórico. Este es un primer paso importante, no sólo en el campo de la reparación y de la justicia del genocidio de la UP, sino en general del reconocimiento a lo que ha sido la persecución contra los opositores políticos en el país. Este reconocimiento no se ha producido, simplemente, por buena voluntad del Estado, sino que ha sido el resultado de un largo proceso de lucha por la justicia en Colombia” (17) - declaró Iván Cepeda tras haber asistido a la audiencia de conciliación ante la CIDH en Washington.

El 27 de junio de 2007, los peticionarios comunicaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su decisión de no continuar en la etapa de búsqueda de una solución amistosa con el Estado colombiano. La falta de voluntad política del gobierno quedaba evidenciaba en el incumplimiento de constituir un grupo de fiscales e investigadores dedicado de manera exclusiva al esclarecimiento del genocidio, en su negativa a restablecer la personería jurídica de la UP y al hacer caso omiso a la petición de asignar una partida presupuestaria fija para la resolución de caso. Todo ello, como era de esperarse, agotó las posibilidades de insistir en una solución amistosa.

“Nosotros hemos tenido, junto con los abogados, que dar batallas no solamente para intentar esclarecer el caso y buscar los caminos de la verdad, sino también para hacer frente a los hostigamientos y las persecuciones. En este sentido hay que señalar que dos familiares del testigo principal fueron desaparecidos y que algunas personas estuvieron en la cárcel por años, siendo inocentes. El Estado quiere evitarse otra parte de su responsabilidad porque este reconocimiento si bien tiene una connotación como la que acabo de señalar, sigue siendo parcial porque a mi padre lo mataron paramilitares y agentes estatales. Este es un caso en el cual el Estado actuó en conjunto o en colaboración con los paramilitares y eso no ha sido reconocido como tampoco han sido identificados y sancionados los actores intelectuales del crimen. Entonces por esas razones y, además, por los malos antecedentes de soluciones amistosas del Estado colombiano en el Sistema Interamericano de no cumplir las promesas de justicia, reparación a las víctimas y esclarecimiento; sumado a que se buscó esa conciliación durante casi cinco años en el contexto del caso general de la UP, se rompe el proceso.

Teniendo en cuenta esos precedentes, además de que no queremos conciliar por una indemnización o simplemente por alcanzar este nivel de esclarecimiento, sino que queremos la verdad y la justicia plena, hemos decidido no aceptar la oferta de una solución amistosa en este momento” (18)

Por esos mismos días, la Corporación REINICIAR, denunció que entre febrero y septiembre del año 2004, otros 139 de sus miembros fueron víctimas de violaciones de derechos humanos . Los arrestos arbitrarios continuaron, como en el caso de Álvaro Manzano, ex presidente de la ACVC y ex concejal de la Unión Patriótica. Manzano fue arrestado en la ciudad de Barrancabermeja el 6 de junio de 2005 por órdenes del jefe operativo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jairo Carrillo. Tres hombres armados y de civil, argumentando un requerimiento de la Fiscalía de Bucaramanga, se lo llevaron a la fuerza justo cuando el ex Concejal se encontraba con el observador y defensor de derechos humanos estadounidense Scott Nicholson, de la Red de Derechos Humanos de Montana (EU). (19) Casos similares siguen presentándose en Colombia y la modalidad de saquear las organizaciones sociales, sigue sucediendo con alarmante frecuencia. El 6 de noviembre de 2007, la sede de Reiniciar fue saqueada por individuos sin identificar, quienes dejaron un lazo mortuorio en una de las puertas de los armarios vulnerados (20) . Igual sucedió en la casa del abogado Rafael Barrios, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la oficina de la Consultoría para los Derechos Humanos y la población Desplazada, Codhes, en la Corporación Yira Castro tanto en su sede Bogotá como en el municipio de Soacha donde se encontró debajo de la puerta una hoja con la imagen de una calavera, y excremento. también fueron atacadas la Corporación Infancia y Desarrollo, en la Red Juvenil de Medellín, el Centro Cristiano para la Justicia y la Acción No-Violenta – JUSTAPAZ, la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz,IMP, y otras más.

Iván Cepeda, y las demás víctimas del genocidio afirmaron que ante este tremendo panorama y evidente falta de voluntad por parte del gobierno y ausencia de garantías, que el caso sería llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “donde confiamos encontrar la justicia que ha sido denegada internamente […] El litigio continuará en tanto no se revelen los nombres de los autores intelectuales de este homicidio y sean ejemplarmente sancionados”.

En noviembre de 2008, el caso del Senador Cepeda fue remitido a la Corte Interamericana, con el fin de que este alto organismo declara al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección de la honra y de la dignidad, la libertad de pensamiento y expresión, la libertad de asociación, los derechos políticos y la protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 8, 11, 13, 16, 23 y 25 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos consagrada en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Manuel Cepeda Vargas. (21)

De acuerdo con el embajador colombiano ante la OEA, Camilo Ospina, el Estado colombiano admitiría responsabilidad total, menos en el tema de justicia, pues a su juicio los otros implicados en el proceso como Carlos Castaño, están muertos y por lo tanto no pueden ser sancionados (22) .

El 10 de diciembre de 2008, como mecanismo de defensa ante las presiones internacionales, la Sala Cuarta del Consejo de Estado, en fallo de apelación, condenó al Estado colombiano a indemnizar a la familia Cepeda por omisiónen el asesinato al no habérsele brindado las debidas medidas de protección al Senador Cepeda, quien se encontraba fuertemente amenazado.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Ruth Stella Correa Palacio, condenó a la Nación (Ministerio de Defensa, Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) a pagar, por concepto de perjuicios morales, cien salarios mínimos vigentes para cada uno de los tres demandantes También la sentenció a pagar, por concepto de perjuicios materiales, la suma de novecientos diez millones trescientos ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos ($910.308.742), a favor de la viuda del Senador Cepeda.

Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado no reconoció la responsabilidad del Estado por acción en el crimen, aún cuando su directa participación ya había sido demostrada, y el mismo gobierno colombiano había reconocido ante la CIDH, su falla por acción y omisión en el crimen del dirigente.

“Luego de quince años, en diciembre pasado el Consejo de Estado sentenció a la Nación a indemnizarme a mí y a mi familia por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. A pesar de reconocer la responsabilidad estatal en dicho crimen, el reconocimiento viola el derecho a la verdad. El alto tribunal aceptó la responsabilidad sólo por la omisión de los funcionarios públicos al no proteger la vida del senador Cepeda, y no por la acción criminal que urdieron y ejecutaron miembros del Ejército Nacional en compañía de paramilitares, como ya ha sido demostrado”.

Iván Cepeda también solicitó que se investigue el llamado «Plan Golpe de Gracia», denunciado por la UP ante el gobierno de César Gaviria y con el que el alto mando militar buscaba exterminar los remanentes de la UP (23) .

“El hecho de que la sentencia proferida riña con mi derecho a la verdad, y que se utilice de forma permanente la calumniosa acusación de enriquecerme con la labor de derechos humanos que realizo, me ha llevado a tomar una decisión. En forma individual, renuncio a toda indemnización por el caso del asesinato de mi padre. Donaré esos dineros a un fondo para que los hijos y descendientes de víctimas del genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica puedan recibir educación. Y para formalizar este compromiso he solicitado que se certifique públicamente la donación. Esta decisión no debe ser interpretada de ninguna forma como un gesto que impugne o descalifique el derecho a la reparación que tienen las víctimas. Por el contrario, es mi forma personal de reivindicar ese derecho y de exigir que sea respetada la dignidad de las víctimas. Tampoco significa que renuncie a mis derechos a la verdad y a la justicia. Tal es el fin último y la motivación ética de mi trabajo” (24)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió fallo condenatorio contra el Estado colombiano el pasado 22 de junio de 2010. Es el primer caso en el que el asesinato de un líder político colombiano se resuelve satisfactoriamente en la alta Corte. El Estado ha sido condenado a reparar a las víctimas tanto de forma pecuniaria como simbólica. Por ello, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, deberá pedir perdón público en plenaria ante el Congreso de la República, se deben producir avances en materia de justicia en un plazo máximo de dos años a fin de que los autores intelectuales del asesinato sean identificados y sancionados, y los autores materiales sean recapturados al haber sido burlada la justicia con su precipitada liberación. Así mismo se debe publicar la sentencia completa de la Corte en un medio de circulación nacional, se deberá transmitir un especial durante un mes con presentación semanal sobre la vida y obra del Senador Cepeda, se creará la beca Manuel Cepeda Vargas para periodistas del semanario Voz y se deben ofrecer garantías de no repetición para todos los familiares y sobrevivientes del genocidio contra la UP.

Este fallo histórico abre camino para que el caso colectivo de la UP produzca similares resultados ante este organismo.

La sentencia de la Corte, numeral 120 sobre "El deber de investigar la ejecución extrajudicial del senador Cepeda Vargas”, afirma que “…el perito Michael Reed señaló que las investigaciones de crímenes como el del Senador Cepeda deben atender a la comunidad de la prueba de otros procesos que permitan revelar patrones, por lo que esa ejecución debe vincularse con otros casos en situación similar, como los asesinatos, hostigamientos y amenazas de otros líderes, representantes e incluso candidatos presidenciales de la UP” (27)

Iván Cepeda, en un gesto de gran valor y coherencia política, renunció a la indemnización que le correspondió como familiar del Senador asesinado. Los más de 100 mil dólares que le fueron asignados serán nuevamente entregados a un fondo de auxilio económico educativo con el fin de que los hijos y nietos de los miembros de la UP asesinados, puedan solventar sus estudios.

Hoy, gracias a las confesiones de cabecillas paramilitares, se sabe que uno de los actores intelectuales del magnicidio fue el ex subdirector del Das, José Miguel Narváez. También se presume que contó con el apoyo de altos mandos militares y políticos tradicionales. Esos nombres deben ser revelados al país y los responsables tendrán que ser llevados ante los estrados judiciales.

MEMORIA

Como una forma de honrar la memoria del Senador asesinado y emprender acciones jurídicas y simbólicas para vencer la impunidad, su hijo, Iván Cepeda Castro, y su nuera, Claudia Girón crearon la Fundación Manuel Cepeda Vargas. Esta organización, además de realizar importantes actividades por la defensa de los derechos humanos y libertades que confiere la Constitución política de Colombia, en especial de las víctimas de Estado, y la jurisdicción internacional, pretende a través de un trabajo de memoria y l desarrollo de acciones públicas, simbólicas y judiciales, posicionar en el debate público, la dimensión colectiva del daño que genera la violencia sociopolítica y la ausencia de pluralidad en la construcción de memorias en el espacio público.

La amnesia colectiva acerca de los acontecimientos violentos que han sucedido en Colombia, tiene hondas implicaciones sociales, políticas y culturales, que impiden la construcción de una memoria histórica incluyente y encontrar genuinos caminos de reconciliación. Pues más allá de pensarse la reconciliación como el sacramento de la penitencia, o como el pacto silencioso de perdón y olvido, donde los dolores se lanzan al cuarto oscuro de lo nunca sucedido o donde la derrota no se nombra, se trata de asumir como colectivo y desde lo individual, una acción valiente y decidida que se enmarque dentro de unos claros principios éticos y de compromiso humano, capaz de sustraernos del horror padecido, pero no a través de la negación o el cómplice silencio, sino desde la reelaboración de las múltiples memorias que dan forma a una historia y cuenta de una realidad. La memoria es un derecho a través del cual se pretende la visibilización y el reconocimiento público de las sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos que han determinado la historia reciente de Colombia, y que marcan nuestro presente.

“Dejar de olvidar, en griego se dice “a-letheia” y esta palabra traducida al latín y allegada al castellano se lee como «verdad»” (25)

“Abordar el tema de memoria en un país como Colombia, implica una necesaria referencia a su multiplicidad; más que de una única memoria, hablamos de una rica suma de memorias que nos llaman a la reflexión y a quebrantar la rigidez del pensamiento. Se trata de una memoria que para ser tal se resiste a la mordaza, a la negación, a la domesticación del discurso, y que en su negativa a ser silencio y en su necesidad de romper un pacto tácito con el olvido, se configura como expresión alegórica de nuestra amplia diversidad cultural; de nuestra riqueza y potencial humano, de nuestra capacidad para resignificar una y otra vez nuestro propio pasado” (26)

Como apelación simbólica al uso de la memoria y con el fin de preservar el nombre del mártir del genocidio contra la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, el reconocido artista plástico, Omar Rayo, diseñó un monumento en su honor, el cual fue ubicado a pocos metros del sitio del sitio donde fue asesinado.

El Concejal de Bogotá, Fernando Rojas, presentó el 1 de octubre de 2004, el proyecto de Acuerdo No 206, mediante el cual se crea el Parque de la Vida (ubicado en el Globo B del Cementerio Central) y se dictan normas para la recuperación de la Memoria Histórica" . Esta propuesta, diseñada con el objetivo de preservar la memoria sobre la sistemática violación a los derechos humanos ocurrida en el país durante las últimas décadas, y honrar la memoria de las víctimas, pretende reafirmar valores democráticos, de justicia y respeto a la vida con el fin de que los horribles hechos de violencia padecidos en el país, en especial contra organizaciones sociales y de oposición política, nunca más se vuelvan a repetir. El proyecto declara el 11 de octubre, fecha en la cual fue asesinado Jaime Pardo Leal, cómo día distrital de la memoria histórica.

Igualmente, y como forma de rendirle homenaje póstumo Cepeda y su obra, el antiguo colegio IED Britalia de Bogotá, pasó a llamarse Colegio Manuel Cepeda Vargas.

También un frente guerrillero de las FARC lleva su nombre. Frente a esto último, su hijo, Iván Cepeda han repudiado el uso del nombre de su padre por parte de las FARC, y ha condenado en varias ocasiones las acciones de esa guerrilla, declarando que "Una sociedad justa y democrática, como la que quería mi padre, no se construye a punta de atentados indiscriminados contra la población civil” (27)

“Ahora podrás pensar y cantar sin fatiga
-ni aves ni mariposas mutiladas-
Atrás quedó la arena movediza
y esta noche
tu noche
la de todos...”

Gloria Cepeda Vargas
Aparte del poema "Elegía en agosto"
"Carta a Manuel"

NOTAS AL PIE

(1) Pablo Andrés Nieto Ortiz (Antropólogo, Universidad Nacional de Colombia. Candidato Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia) “Subordinación o autonomía? El ejército colombiano, su relación política con el gobierno civil y su configuración en la violencia 1953-1990”

(2) Idem
(3) Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Reseña histórica. http://cpdh.free.fr/todo.htm
(4) Indem
(5) Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. Enero 31 de 2007
(6) Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(7)Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. Enero 31 de 2007
(8) Idem
(9) Idem
(10) CIDH, Informe No. 5/97 (admisibilidad), Caso 11.227, José Bernardo Díaz y otros “Unión Patriótica”, Colombia, 12 de marzo de 1997, Apéndice 2.
(11) Op Cit; Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) “La Unión Patriótica, una esperanza ahogada en sangre”. La OEA investiga los crímenes contra la UP. Enero 31 de 2007
812) Op Cit.Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(13) ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manuel Cepeda Vargas (Caso 12.531) contra la República de Colombia. Noviembre de 2008. Ver: http://www.cidh.org/demandas/12.531%20Manuel%20Cepeda%20Vargas%20Colombia%2014%20nov%2008%20ESP.pdf
(14) Idem; Desgloce del caso;Ver proceso de la CIDH 2007 y 2008.
(15)En El Tiempo; “Diez audiencias enfrentará gobierno colombiano durante 2 días en Comisión Interamericana de DD.HH”. Sección Justicia. Marzo 5 de 2007
(16) Datos obtenidos de la cita anterior. El Tiempo, marzo 5 de 2007
(17) Informe “Sindicalismo en Colombia, en la lucha por la vida y la libertad”. Observatorio del Trabajo. Fuente Comisión Colombiana de Juristas.
(18) Op Cit.Caja de Herramientas; “La Comisión Interamericana juega un papel muy importante para que en Colombia haya verdad, justicia y reparación” Entrevista a Iván Cepeda Castro realizada por Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Caja de Herramientas. Corporación Viva La Ciudadanía. 2007
(19) Idem; En la misma entrevista, Iván Cepeda cita dos ejemplos en los cuales el Estado en procesos de solución amistosa ha incumplido los acuerdos establecidos. “En el Sistema Interamericano ha habido reconocimientos de responsabilidad en varios hechos. Voy a citar dos: el primero es el caso de la masacre de Trujillo que se perpetró, durante varios años, de manera continuada a comienzos de los noventa. El Estado colombiano hizo un reconocimiento en cabeza del presidente Ernesto Samper de su responsabilidad en ese hecho y prometió que a las víctimas las iba no sólo a indemnizar debidamente, sino que se iban a tomar una serie de disposiciones tendientes a juzgar a los responsables y ofrecer garantías para que las familias que estaban en situación de desplazamiento retornaran, pero ninguna de esas cosas se cumplió. Igual ocurrió en el caso de la masacre de la Rochela. El Estado reconoce su responsabilidad y con esto quiere conciliar, pero después no cumple y no cumple porque todavía hay grandes deficiencias en el sistema de justicia y porque también hay una falta real de voluntad política. Es decir, el Estado avanza solamente hasta cierto nivel de la responsabilidad en cuanto a los autores materiales, pero los autores intelectuales quedan siempre por fuera porque buena parte han sido figuras que han desempeñado en el orden jerárquico del Estado responsabilidades de primera plana muy significativas en el poder ejecutivo o legislativo. Frente a esas limitaciones pensamos que hay que seguir hasta las últimas consecuencias ante el sistema de justicia internacional”
(20) Op Cit; Caja de Herramientas, entrevista a Iván Cepeda Castro
(21) Op Cit; Genocidio político: Caso Unión Patriótica. “Exterminio de una esperanza. Seis mil víctimas de la UP en 20 años”. Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar. Febrero de 2005. Número 1.
(22) Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra Zona de Reserva Campesina, 6 de junio de 2005 “Comienza el encarcelamiento de los dirigentes de la ACVC. Detenido de nuevo Álvaro Manzano, ex concejal de la UP. “Álvaro ya había sido capturado el 24 de abril en la vereda Notepases. En esa oportunidad fue detenido ilegalmente por efectivos del Batallón Nueva Granada al mando del coronel Castillo y sometido a presiones y torturas psicológicas durante más de 15 días. Nunca se le mostró una orden judicial y el Ejército manifestó que Álvaro se encontraba voluntariamente con ellos, para burlar los procedimientos de protección, como los hábeas corpus interpuestos. Durante su detención ilegal fue obligado bajo presiones a firmar varios documentos que nunca pudo leer. El objetivo del Ejército era obligarlo a convertirse en un "reinsertado", siendo un civil, y en un miembro de la red de informantes.
(22) Boletín Informativo. Reiniciar, 12 de noviembre de 2007. Miembros de la organización no gubernamental de derechos humanos Corporación REINICIAR. El personal de la organización no gubernamental de derechos humanos Corporación Reiniciar y las personas en cuyo favor trabaja corren peligro tras un asalto a las oficinas de la organización en la capital, la mañana del 6 de noviembre de 2008.. En 2002, a causa de las constantes amenazas y de su situación de vulnerabilidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos, dictó medidas cautelares para la Corporación Reiniciar. En ellas se instaba al gobierno colombiano a adoptar medidas de seguridad para proteger a los miembros de la Corporación. El 10 de octubre de 2007, el ex presidente de UP prestó testimonio en el caso de UP en una vista de la Comisión Interamericana. Este asalto a las oficinas de la Corporación Reiniciar es uno más de los que han tenido lugar este año en oficinas de organizaciones no gubernamentales de derechos humano en Bogotá. (Véase AU 165/07, AMR 23/018/2007, del 28 de junio de 2007.)
OEA Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Colombia Caso 12.531 Manuel Cepeda Vargas. 14 de noviembre de 2008.
(23) Op Cit; Genocidio político
(24) Op Cit, El Tiempo
(25) Cepeda Castro Iván; “No es por la Plata”. Columna de opinión publicada En El Espectador. Enero 24 de 2009
(26) Revista Taller; “Abriendo la cortina para ver el árbol de la memoria” por José Darío Antequera
En “Memoria, historia y futuro en Colombia”. Proyecto Académico literario de la Universidad de Neiva. Capitulo: “La memoria como constituyente de identidad social y colectiva” Maureén Maya. 2009
Alcaldía Mayor de Bogotá; Proyecto de Acuerdo No. 206 de 2004 presentado por el Concejal Fernando Rojas

(27) CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. CASO MANUEL CEPEDA VARGAS VS. COLOMBIA. SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 2010. (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones)

(28) CEPEDA, Castro Iván; “6 de marzo”. EN El Espectador. Sección Opinión. Febrero 21 de 2008