El valor histórico y político de la denuncia pública
A debate de control político en la Cámara de Representantes, fueron llevados dos temas cruciales para el país: “Tierra, desplazamiento forzado, víctimas y despojo” y cementerios NNs en el departamento del Meta.
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Para muchos colombianos los dos hechos políticos más importantes que se han registrado en los últimos meses, los ha protagonizado el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro. La razón es haber convocado a dos debates cruciales para la historia del país: Uno sobre tierras y otro sobre los cementerios de NN ubicados en el departamento del Meta. Ambos temas resultan esenciales; pues en ellos se revela el origen y la permanencia del largo conflicto interno que ha padecido Colombia durante los últimos 60 años. La inequidad en la tenencia de la tierra con sus formas variadas de despojo, y la falta de verdad y justicia para los miles de casos denunciados sobre ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos que han ocurrido durante los últimos años en el país.
En los Llanos orientales se ha comprobado la existencia de cuatro cementerios de NNs en los que reposan 1.632 cuerpos, sobre los cuales no existe registro alguno acerca de la causa del fallecimiento. Muchos de estos fueron entregados por la fuerza pública, cuyos agentes habrían cumplido funciones de policía judicial para el levantamiento de los cadáveres, violando además los protocolos internacionales de inhumación de restos humanos.
No es una exageración plantear estos debates como hechos de enorme valor histórico; porque encarar y dar solución a ambos problemas es fundamental para el afianzamiento democrático, el fortalecimiento de la justicia y para sentar las bases de un genuino proyecto de reconciliación nacional. La democratización de la tenencia de la tierra y los derechos a la verdad, la justicia y reparación para todas las víctimas de la violencia son sustento para la consolidación de un genuino Estado Social de derecho.
El problema de la tenencia de la tierra, la falta de políticas públicas que brinden garantías de subsistencia digna al campesinado, soberanía alimentaria y fomento para el desarrollo agrario, sumado a la acción de grupos paramilitares que en asocio con multinacionales, empresarios y políticos han provocado el desplazamiento masivo de comunidades y familias campesinas para adueñarse de la tierra y asignar numerosas hectáreas a la siembra de palma o impulsar diversos megaproyectos, evidencian que se trata de un problema histórico que se ha ido transformado con el tiempo en cuanto a la adopción de nuevas modalidades para el despojo de la tierra y la violencia, pero que sigue reflejando la misma precariedad administrativa y la ausencia de voluntad por parte del Estado colombiano.
El problema de la tierra ha sido histórico en Colombia. Durante el siglo XIX los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, a través de la Ley 200 de 1936 o Ley de Tierras, el de Alberto Lleras con una nueva ley de reforma agraria y la creación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1961 y la aprobación de la Ley 1a. de 1968 bajo el gobierno Carlos Lleras Restrepo, se intentó hacer algo al respecto, pero los avances obtenidos fueron mínimos.
La violencia bipartidista de aquel entonces, que significó el desplazamiento masivo de miles de campesinos hacia las ciudades, el proceso de expropiación de fincas improductivas y tierra de propiedad privada por parte del Incora obstaculizado por latifundistas conservadores y liberales con fuerte injerencia política, sumado a las presiones y control que ejercían los terratenientes sobre el Congreso de la República, impidieron concretar la reforma agraria. Finalmente, en 1972, a través del Pacto de Chicoral, bajo el gobierno de Misael Pastrana, y el auspicio del senador Víctor Mosquera Chaux se abrió paso la contrarreforma, se fortalecieron los latifundios y la reforma fue descartada. Miles de campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes fueron expropiados de sus territorios.
Hoy el 70% de la tierra productiva en Colombia está en manos de los poderes mafiosos.
“No habrá reforma agraria si el campesinado y sus organizaciones de usuarios no la imponen”, afirmaba el presidente Carlos Lleras.
La realidad del despojo, expuesta en el debate, y de la cual no pueden ser ajenos la dirigencia política del país ni la sociedad en su conjunto, es una de las causas fundamentales, sino la principal, del ancestral conflicto que vive Colombia. De allí la resistencia que el tema ha genera en amplios sectores del país.
Tres días antes de realizarse el debate de control político sobre tierras, desplazamiento y despojo ante la plenaria de la Cámara de Representantes convocado por los parlamentarios Iván Cepeda Castro, Wilson Arias y Guillermo Rivera, dos líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y de la Asociación de Desplazados de Colombia, y el representante Cepeda, recibieron una amenaza de muerte firmada por el grupo paramilitar “Bloque Capital” de las Águilas Negras.
Pese a ello y a las suspicacias generadas, el debate se realizó en la fecha prevista y se hicieron graves denuncias.
El Debate de Tierras, víctimas y despojo
Con la presencia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se llevó a cabo un candente debate que finalizó cerca de la media noche del pasado 18 de agosto. Varias las denuncias fueron realizadas por los parlamentarios convocantes y varios los compromisos ratificados por el gobierno nacional.
El representante Cepeda reveló las nuevas caras del despojo, en relación con una bonanza especulativa que se viene presentando en varias regiones del país y que involucra empresarios, funcionarios públicos y terratenientes. Las nuevas agropecuarias son las que se están quedando con la tierra.
Dentro de las estrategias empleadas para hacerse a la tierra, Cepeda recordó las declaraciones dadas por ex cabecilla paramilitar Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, en el 2008 a la Fiscalía General y que fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación. Según Castillo Peralta la estrategia de los paramilitares, políticos y empresarios para apoderarse de la tierra era que: “Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.
Pitirri afirmó haber estado en dos reuniones con el entonces senador Mario Uribe, primo del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su socio político. La primera reunión fue en el municipio de Sagún, Córdoba y la segunda en el Hotel Piscis de Caucasia, Antioquia.
“…Quiero tierras en las regiones donde ustedes están metidos –cuenta Pitirri que le dijo Mario Uribe-, quiero engrandecer el terreno, pero la verdad es que no voy a poner esas tierras a nombre mío, tu sabes que eso es una vaina ilegal, que tenemos que reconocer a fondo que es ilegal, pero vamos a poner testaferros para que un futuro esas tierras pasen a mi nombre, yo sabré a quien se las voy a poner. […] Me interesa la finca la Alemania, que es de Rafael Zuleta, que era de los hermanos Julio y Zuleta se las quitó, se las remató; La Chispa, en San Marcos, una finca ganadera muy bonita. […] Averíguame esas tierras por ahora… ¿Hay que matar? No sé, eso es problema de ustedes, total, que las tierras sean baratas”.
El paramilitar encargado de conseguirle tierras baratas al ex congresista Mario Uribe, según cuenta Pitirri, fue Eder Pedraza, alias 'Ramón Mojana'.
El representante Cepeda con lista le pidió a la Fiscalía General interrogar a alias Ramón Mojana sobre las tierras del ex senador Mario Uribe y al gobierno de Juan Manuel Santos aplazar su extradición a Estados Unidos, en tanto no comparezca ante los jueces y fiscales colombianos y las 2.600 víctimas de sus acciones delictivas no tengan acceso a justicia, verdad y reparación. Igualmente solicitó que se investigue al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, a Rodrigo Sierra, alias El Negro o Ricardo, desmovilizado del bloque Calima y responsable del desplazamiento de decenas de miembros de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, y dueño de varios cultivos de palma en el Chocó[1].
La bonanza especulativa
A comienzos de 2008, empresarios antioqueños empezaron a llegar a varios municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, y luego a la Orinoquía, para comprar tierras, muchas de las cuales habían sido propiedad de campesinos desplazados por la violencia. Desde ese entonces se desató una fiebre especulativa sin precedentes. “La hectárea de tierra que compraron el año pasado a 300 mil pesos, hoy vale dos millones. La de un millón, vale tres”[2], denunció la Silla Vacía.
Otras personas, que según el representante Iván Cepeda se habrían beneficiado comprando predios en zonas de desplazamiento forzado fueron Carlos Murgas, ex ministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana y supuesto propietario de tierras al Norte de Santander; el empresario y contratista William Vélez Sierra y el ganadero cordobés Abraham Ganem[3]
“El representante Cepeda también denunció la existencia de una fundación llamada Amigos de Los Montes de María, de la cual forma parte Otto Bula, propietario de la empresa agropecuaria El Central S. A. y quien fuera parte de una lista de Mario Uribe al Congreso, considerada una de las mayores compradoras de tierras en la zona de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre”.
Cepeda recordó una carta que le fue dirigida a él y al ex candidato presidencial Gustavo Petro hace dos meses, en la cual varios ex jefes paramilitares afirmaron que “el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)”.
En la misma carta afirman: “El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico (...) la parapolítica, como la parainstitucionalidad y la paraeconomía, tienen un puesto en el banquillo de los acusados”.
Durante los últimos años han sido asesinados decenas de víctimas desplazadas y líderes comunitarios por reclamar sus tierras. La organización Somos Defensores denunció que a mayo de 2010, habían sido asesinados siete líderes campesinos y amenazadas 110 organizaciones de derechos humanos[4]. El de junio, el Tiempo informó que 45 líderes de víctimas fueron asesinados por reclamar sus tierras; en 15 días murieron tres. Otros tantos han sido objeto de intimidaciones y amenazas de muerte. Hace dos meses circuló por correo electrónico una amenaza firmada por las 'Águilas Negras' que iba dirigida contra 70 organizaciones defensoras de derechos humanos; 20 de ellas se dedican al tema de restitución de tierras. En el caso del Alto Naya, donde era líder Alexánder Quintero, uno de los asesinados, los panfletos los acusan de "oponerse al desarrollo".
Patricia Buriticá, comisionada de la CNRR, afirma que en algunas regiones se han detectado intereses económicos detrás de la escalada contra líderes de víctimas. Eso ha pasado, según informes de la Fiscalía y del Gobierno, en los Montes de María y en algunos pueblos del Sur de Bolívar[5].
El representante liberal, Guillermo Rivera, reveló que los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas del total de más de cinco millones de hectáreas que lograron apropiarse mediante el despojo, el desplazamiento o la venta obligada a precios irrisorios[6].
Rivera le solicitó a la Fiscalía que investigue algunos nombres de personas que han sido señaladas de fungir como testaferros de tierras en regiones objeto de masacres y desplazamientos forzados.
Entre los señalados por el parlamentario, figuran Augusto Tuto Castro Pacheco, hermano de un ex congresista condenado por parapolítica, quien tendría miles de hectáreas abandonadas por sus dueños en Magdalena, y que en Chivolo, en ese mismo departamento, aparecen como propietarios de predios que presuntamente fueron vendidos por amenazas de alias Jorge 40. También mencionó los nombres de Saúl Severini, Pedro Sánchez Gamarra, Miguel Gnecco y Neila Soto[7].
El representante Rivera denunció que algunas de las empresas palmicultoras instaladas en zonas de desplazados en el Chocó aportaron dineros a la campaña del ex presidente Uribe en 2002 y al referendo reeleccionista de 2009. También declaró que con el programa Agro Ingreso Seguro, AIS, se beneficiaron personas incluidas en la Lista Clinton y solicitadas en extradición por narcotráfico, como en el caso del empresario de Cúcuta Jensy Dávila, alias Ernesto, y Jorge Enrique Domínguez, alias Only, del Valle[8].
Durante el debate también se denunciaron serias anomalías al interior del Incoder. Varios de sus dirigentes han sido investigados por vínculos paramilitares o por haberse beneficiado del programa Agro Ingreso Seguro. El sistema de convocatorias públicas para acceder a la tierra implica enormes gastos para las familias campesinas y desplazadas que en promedio deben invertir 6 millones de pesos para poder participar; y varias de las asignaciones de tierras se realizan a dedo siguiendo intereses políticos y económicos.
Rivera recordó que la corte constitucional expresa que hay 60 observaciones de tiempo perentorio en materia restitución tierras, y lo más grave es que fue el propio gobierno de Uribe el que instruyó a su coalición para que en el último trámite de conciliación de textos de cámara y senado archivara el proyecto de victimas que incluía un capítulo sobre restitución de tierras; esperanza de más de 400 familias y 4 millones de desplazados que esperaban que el congreso expidiera una orden expedita para la restitución de sus bienes.
Wilson Arias, representante a la Cámara por el PDA, se refirió a las razones del desplazamiento vinculadas a problemas de tipo económicos y a la falta de oportunidades que enfrentan los sectores campesinos del país. También señaló la pertinencia de entender las causas directas del despojo para poder asumir de manera integral y eficaz una política de restitución de tierras, que reconozca en el modelo económico imperante, una de las principales causas del desplazamiento.
El propósito fundamental de su intervención, según afirmó, fue advertir sobre la precarización del campo, la concentración de la tierra en pocas manos, el uso inadecuado de ésta y la falta de garantías para la seguridad alimentaria de amplios sectores rurales del país.
En respuesta a las denuncias hechas, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo se comprometió a impulsar una reingeniería del programa Agro Ingreso Seguro, AIS, y del Incoder, y a poner en marcha una política pública clara para la restitución de tierras y el resarcimiento a las víctimas del desplazamiento forzado y la violencia.
“Estamos trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados y afectados por la violencia, esto es uno de los temas que tiene muy claro el Gobierno”, enfatizó[9].
Las políticas que planea adelantar el gobierno nacional en materia de tierras, y que serán recogidas en un nuevo estatuto de desarrollo rural y una Ley de Tierras, deberán ser sometidas a un proceso de consulta previa con las organizaciones de desplazados, con los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, de acuerdo a lo establecido en el convenio 069 de la OIT. Así mismo, esta iniciativa gubernamental debe reconocer la existencia del “Mandato Agrario por vida, soberanía alimentaria y derecho a la tierra” y la existencia de las zonas de reserva campesinas, creadas a por la Ley 160 de 1994 con el fin de regular la ocupación de terrenos baldíos, fortalecer las economías campesinas, estabilizar la situación de los desplazados y evitar la concentración de la tierra en manos de testaferros del paramilitarismo, mafias y empresarios.
El representante Cepeda Castro, exigió que las denuncias sobre el modelo de despojo ejecutado por grupos paramilitares con el patrocinio de empresarios y políticos, beneficiados directamente del desplazamiento forzado, sean investigadas por la Fiscalía General de la Nación y que sus responsables, protagonistas de la paraeconomía, también sean obligados a devolver todas las tierras acumuladas a través del despojo, la violencia y la bonanza especulativa que se viene implementando en varias regiones del país, como en los Montes de María.
“Hay que crear una unidad especial de la Fiscalía para perseguir a quienes se han beneficiado del despojo de tierras” afirmó el parlamentario Cepeda.
Destinar las regalías de la explotación de recursos mineros y del petróleo a la compra de tierras para que sean entregadas a las víctimas, sería a criterio del congresista, un mecanismo idóneo que le permitiría al Estado cumplir con su deber constitucional de reparar y satisfacer integralmente a las víctimas del despojo y la violencia.
LOS CEMENTERIOS DE NN
El segundo debate, convocado por el representante Iván Cepeda Castro y la senadora Gloria Inés Ramírez del PDA, sobre la existencia cuatro cementerios de NNs en el Meta y el Guaviaré y la crisis humanitaria en los Llanos Orientales, reveló la grave situación de violencia e impunidad que se vive en esta región de Colombia.
A la falta de controles para la inhumación de cuerpos no identificados, la precariedad con la cual debe operar tanto la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía como medicina legal, la posibilidad de que agentes de la fuerza pública sigan cometiendo ejecuciones extrajudiciales para presentar éxitos militares en la lucha contra el “terrorismo”, se suma la situación de miseria y abandono en que se encuentra sumido este departamento.
Iván Cepeda Castro, fue quien denunció la existencia de cuatro cementerios, ubicados en los municipios de Granada, Vista Hermosa, La Macarena y San José del Guavire, con 1.632 cuerpos sin identificar. Los descalificativos y las agresiones en su contra no han cesado desde entonces.
José Obdulio Gaviria, escudero del anterior gobierno, e investigado actualmente por su presunta participación en las chuzadas del DAS, sostuvo en su columna de opinión de El Tiempo, que “dos desmovilizados me previnieron en mayo que las Farc planeaban hacer detonar un escándalo monumental contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Colombia. Efectivamente, así ocurrió”[10]. Lamentable declaración, que incurre en la calumnia para restarle importancia a un hecho de tanta gravedad y niega la presentación del valioso material documental que el congresista Cepeda aportó al debate.
Cinco casos de víctimas de falsos positivos y el testimonio de un ex soldado de la Brigada XII de Ejército quien narró la manera en que fueron ejecutados tres labriegos por haber reclamado al ejército el sacrificio de ganado de su propiedad, fueron denunciados por Iván Cepeda durante el debate. Según el testigo, después de ser ejecutados, el ejército alteró la escena del crimen para dejar rastros de combate, y luego presentó los cuerpos como guerrilleros caídos en combate. “Los hermanos Agudelo Velázquez y el señor Javier Enteno les reclamaron a militares de la Brigada Móvil por sacrificar sus reses. Por esa razón habrían sido asesinados. Sus familiares buscaron sus cuerpos y los encontraron en el cementerio de Granada, en una tumba como NN”.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, no hizo referencia a los testimonios, y en lugar de ello negó enfáticamente que en La Macarena (Meta) existiera alguna fosa común. Lo que lo que allí existe es un cementerio legal y con pleno acceso al público, declaró en tono enérgico. También señaló que la responsabilidad de los crímenes cometidos en la región debe achacársele exclusivamente a las FARC.
Según denuncias de algunos medios de comunicación, en La Macarena existe una fosa común que tendría alrededor de 2.000 cuerpos enterrados sin identificar. La Procuraduría General de la Nación avaló está denuncia.
Cepeda pidió a las autoridades lograr la plena identificación de esas personas y determinar si existe responsabilidad por parte de efectivos de la fuerza pública en esos hechos. También solicitó una evaluación detallada sobre los controles empleados para la inhumación de los cuerpos, e investigar si el Ejército Nacional había asumido funciones de policía judicial.
“Cuatro cementerios del Meta dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Son la punta del iceberg, miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o clandestinos”, afirmó el parlamentario.
“La labor de identificación que adelanta la Unidad de Justicia y paz de la Fiscalía es lenta y con muy limitados recursos. Al ritmo que va, su tarea de exhumación tardaría por lo menos 50 años en concluirse. Por eso sería conveniente buscar una alianza entre la academia, investigadores forenses nacionales e internacionales, asociaciones de víctimas y la institucionalidad del Estado para que apoyen esa labor”, afirmó.
Los congresistas citantes al debate, aportaron fotografías de tumbas donde yacen cuerpos sin identificar y retomaron testimonios de víctimas que asistieron a la “Audiencia Pública por la crisis humanitaria en los Llanos Orientales” celebrada en julio pasado en La Macarena, en donde varios habitantes de la región denunciaron presuntas ejecuciones extrajudiciales[11].
Entre los casos citados por el parlamentario Cepeda Castro figura el de Everardo Borda Acuña, desaparecido en la vereda Mancitas, municipio La Uribe, Meta, el 15 de enero de 2007.
Un familiar de la víctima declaró: “El 16 de enero 2007, 5:00 a.m. lo pasaron cerca de la escuela de Mancitas. Le dijeron que iba a llegar el helicóptero a bombardear a la guerrilla, que se metiera en una caneca que hay no le pasaba nada. Él lo hizo, luego el Ejército empezó a disparar a la caneca. No había ningún guerrillero. Lo mataron. El mismo día llegó un helicóptero y se lo llevó. No volvimos a saber nada”
Cepeda sostuvo que “entre 2002 y el 2006 en La Macarena no se respetaron las mínimas normas para identificación de cadáveres e inhumación de cuerpos”, denunciando que las autoridades militares se “han tomado atribuciones de policía judicial”.
Tres días después del debate, apareció una declaración pública del señor Jesús Humberto Hernández, sepulturero del Cementerio Municipal de la Macarena quien desmintió al representante y declaró estar siendo objeto de amenazas.
“Hace alguna semanas -cuenta- un extranjero lo contactó: "Me ofreció plata para que dijera que en La Macarena había una fosa común y muchos falsos positivos (...) Prefiero que me dejen al lado de los N.N. antes que decir lo que no he visto"”[12].
Una delegación de europarlamentarios que participó en la audiencia pública de La Macarena el pasado 22 de julio, corroboró la existencia del cementerio de la Macarena y certificó que éste se ubica en inmediaciones de la base militar de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra.
El ex presidente Uribe desestimó el informe presentado por la Comisión y señaló a sus miembros de ser aliados del terrorismo.
“Hoy el terrorismo, a través de voceros, está proponiendo la paz para poderse refrescar y recuperarse para prolongarnos la victoria final. El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”[13].
El representante Iván Cepeda invitó al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, para que visite los cementerios de NNs a fin de que constate las denuncias presentadas, y le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que realice una inspección judicial en el cementerio de NNs de Granada, Meta.
El Polo Democrático Alternativo rechazó a quienes quieren minimizar estas denuncias llamando “mensajeros del terrorismo” a quienes intentan evidenciar esta realidad y exigen la acción de la justicia; al tiempo que desmintió haber usado una fotografía de la antigua Yugoslavia en las denuncias de La Macarena. La imagen ha sido replicada equivocadamente por diferentes medios de comunicación tras haber sido publicada en una página de Internet[14].
Lo cierto del caso es que los 4 cementerios existen y dan cuenta de un cuadro general de violaciones sistemáticas y generalizadas de DDHH y graves infracciones al DIH. Miles de cadáveres sin identificar están en los cementerios municipales o en cementerios clandestinos.
Colombia no puede acostumbrarse a la deshumanización del conflicto y mucho menos pretender justificar con posiciones ideológicas la ejecución de civiles, como se presume sucedió en el Meta. Los crímenes denunciados deben ser investigados con la mayor celeridad por la justicia colombiana, y será ésta la que determine la responsabilidad que en estos hechos pudieran tener miembros de la fuerza pública.
Visibilizar la realidad sobre la existencia de 1.632 cadáveres sin identificar, sepultados en cuatro cementerios de NN y cuyos procesos de custodia no cumplieron con las normas correspondientes, como lo afirmó la Procuraduría General de la Nación, más que un deber propio del ejercicio parlamentario, es una responsabilidad humana, social y del alto gobierno, que amerita la realización de exhaustivas investigaciones y la búsqueda de claridad sobre estos hechos.
Es irresponsable que emisarios del gobierno lancen temerarias acusaciones contra quienes denuncian los hechos de violencia que ocurren en nuestro país. Igualmente lo es, a base de calumnias, intentar demostrar la existencia de vínculos entre grupos alzados en armas con los denunciantes o pretender negar esta realidad afirmando que las imágenes que lo demuestran fueron tomadas en otro país. Estas acciones, con las que se quiere desviar la atención sobre el caso, obstaculizar la acción de la justicia y una vez más, condenar a los familiares de las presuntas víctimas a la impunidad, deben llamar la atención de la justicia para que ésta le revele al país cuáles son las intenciones políticas y de encubrimiento que se ocultan tras estas afirmaciones.
La verdad sobre los cementerios denunciados son un enorme reto para la Justicia: No se ha producido hasta el momento ninguna investigación penal que pueda esclarecer estos hechos, toda la investigación –incluyendo la de presuntos crímenes de lesa humanidad- la viene realizando la Justicia Penal Militar y no existen registros claros sobre los hechos que rodearon la muerte de los miles de muertos que sin identificación reposan en cientos de cementerios de NNs en todo el país. De allí la necesidad de visibilizar las irregularidades, denunciar los crímenes cometidos, de lograr que los organismos competentes lo asuman con la trascendencia que merece y se impulse la creación de un banco de datos sobre las personas desaparecidas en Colombia, como lo solicitó el representante Iván Cepeda Castro.
[1] El Espectador; Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras y víctimas”. Despojo, compra y legalización. Agosto 19 de 2010.
[2] En La Silla Vacía; Las tierras de la posguerra: los nuevos dueños de los Montes de María. Noviembre de 2009
[3] En El Espectador; Graves denuncias en debate sobre desplazamiento, tierras y víctimas”. Despojo, compra y legalización. Agosto 19 de 2010.
[4] http://www.colombiadefensores.org/noticias/item.asp?n=9583
[5] http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/ARTICULO-WEB-PLANTILLA_NOTA_INTERIOR-7737280.html
[6]El Espectador, Op Cit
[7] Idem
[8] Idem
[9] idem
[10] En El Tiempo. ALERTAS TEMPRANAS (I). Columna de Opinión. Miércoles 1 de septiembre de 2010
[11] En Revista Semana. El debate sobre los NN en los cementerios de Meta y Guaviare. Agosto 26 de 2010.
[12] En El Tiempo; Sepulturero del cementerio de La Macarena (Meta) dice que hay 461 N.N. y que 'no hay fosa común'. La verdad sobre el cementerio de La Macarena. Agosto 31 de 2010
