¿Habemus alcalde en Bogotá?
2009
Casi 100 días llevan las familias desplazadas de la violencia viviendo en condición de hacinamiento en el Parque de El Tercer Milenio. Las negociaciones se dilatan, cada día llegan más y más familias al Parque, los auxilios humanitarios cesaron hace varias semanas y el Alcalde de Bogotá, ni siquiera ha hecho presencia en el lugar.
La crisis humanitaria que se está viviendo apenas a cinco cuadras de distancia del Palacio Presidencial, a cuatro de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a seis de la Secretaría de Gobierno, dan cuenta del nivel de indolencia e indiferencia por parte de los organismos de gobierno, y de la ausencia de una política efectiva capaz de poner fin a esta dramática realidad. Si la calidad de un gobierno se mide por sus logros sociales y por su capacidad de brindar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, debemos concluir que tanto el gobierno nacional, como el distrital, se han rajado, y lo han hecho estruendosamente.
-Nos tienen castigados- afirma un desplazado que duerme en el parque bajo la lluvia y el frío- por eso no nos dan prorrogas, ni ayudas ni se negocia nada. El “castigo” aplicado, que consiste en condenar a estas más de 2000 personas a una muerte lenta a falta de recursos que garanticen sus subsistencia, de atención médica adecuada y de condiciones de salubridad, se debe a no haber aceptado el traslado a unos albergues temporales que la Secretaría de Gobierno propuso hace casi un mes atrás.
En ese momento muchos de ellos, pese a un acuerdo firmado, desistieron de dicho ofrecimiento afirmando que ésta medida no se constituía en solución real a su tragedia, ni reconocía los derechos que como víctimas de la violencia, les corresponde. La falta de condiciones de habitabilidad en dichos albergues, como bien constataron algunas organizaciones de derechos humanos, “podría acentuar la frágil situación de salud de este conjunto de víctimas del desplazamiento”, como informó CODHES en su momento.
Tras su negativa a abandonar el parque, la Secretaría de Gobierno declaró: ""Al Distrito le está tocando cargar con este drama, que es una realidad, más allá de que para el Gobierno Nacional (lo sea)…, no se puede tratar con gente que utiliza para conseguir sus fines las vías de hecho”. Si bien es cierto que el tema del desplazamiento forzado debe ser asumido y resuelto por el Gobierno Nacional dada su dimensión y características, esto no exime al Distrito de su responsabilidad de encontrar salidas decorosas y efectivas a esta crítica situación. La Corte Constitucional ha señalado que la responsabilidad de atender a este tipo de población no solamente le corresponde a Acción Social, sino también a gobernadores y alcaldes.
¿Cundinamarca tiene gobernador?, (del último que tuvimos noticias, se sabía que era un pobre rico que juntaba cabezas de animales en vías de extinción en su ofensivamente lujosa casa cementerio y que el 26 de diciembre de 2007 fue llevado a prisión por enriquecimiento ilícito y acusado del presunto delito de extorsión agravado, nada más), y si lo tiene, ¿qué ha hecho el gobernador por todas estas familias que hoy padecen los efectos de la guerra y la indolencia de un Estado incapaz de reconocer a sus víctimas y de garantizarles elementales derechos constitucionales, entre ellos la reparación a la que obligan las leyes nacionales y los tratados internacionales?; Si bien es cierto que el Gobernador no tiene potestad sobre asuntos de la capital, bien podría, por delegación presidencial, aportar a la solución parcial del problema mediante la adjudicación de terrenos baldíos propiedad de la Nación para proyectos de vivienda social o asignando becas estudiantiles, entre otras muchas más alternativas.
Además, si la Gobernación de Cundinamarca firmó un convenio interadministrativo con el Distrito Capital para la conformación de la Región Capital en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 305 de la Constitución Política y en la Ordenanza No. 009 del 11 de Junio de 2008 para la Gobernación y del artículo 35 del Decreto 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital No. 308 del 9 de Junio de 2008 correspondiente a la administración distrital, para la integración regional del Distrito Capital y Cundinamarca, quiere decir que si existen planes de desarrollo compartido. Dicha integración se realizó a través de la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, constituida en el 2001 como instancia de cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos regionales, y también mediante la conformación del Consejo Regional de Competitividad Bogotá - Cundinamarca para la ejecución de proyectos económicos regionales de largo plazo, y más tarde a través del Acuerdo de voluntades para la Cooperación Regional, firmado en el 2004, para el desarrollo humano sostenible de la región. En este contexto, es coherente pensar entonces que estos convenios se pueden traducir en la implementación de políticas públicas de largo alcance que afecten positivamente a la población más vulnerable que habita en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca, brindando soluciones viables y eficaces a su precaria y riesgosa situación. La responsabilidad le corresponde por tanto al gobierno nacional, a la gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía mayor de Bogotá.
A propósito de la cual, también valdría la pena preguntarse ¿Bogotá tiene alcalde?. Y si lo tiene, qué ha hecho por todas estas familias desplazadas que afean la ciudad, muestran el nivel de degradación del conflicto armado colombiano, la dimensión de la tragedia humanitaria y la ineficacia de la administración distrital?
Bogotá si tiene alcalde y se llama Samuel Moreno Rojas; estoy segura que si tiene, porque ya varias veces lo he visto en televisión inaugurando piscinas, de viaje por Estados Unidos respondiendo entrevistas en inglés sobre su apellido y su origen y me consta que los periodistas le llaman respetuosamente «señor alcalde». Ahora, después de una prolongada ausencia, justo cuando se producían las fallidas negociaciones con la población desplazada, volvió a aparecer en la tele diciendo que si va a haber Metro en la capital. ¿Cuándo? Algún día de estos, no se sabe; pero es tan escasa su presencia y tan evidente su ausencia, que ya nadie puede decir a ciencia cierta si vive en Bogotá o si administra desde Palm Beach. Por lo menos al Tercer Milenio no ha asomado, aunque me imagino que si está enterado sobre la presencia de todas estas familias desplazadas, y quizás algún insolente le habrá recordado que Secretaría de Salud se comprometió hace semanas, a hacer algo al respecto y aún no ha hecho nada. Incluso, el mismo alcalde vio a algunos de estos desterrados cuando se habían tomado la Plaza de Bolívar y vivían justo al frente de su sede de gobierno; sabemos que si los vio porque hay testigos que cuentan que lo vieron levantando la mano y que con esa sonrisa a flor de piel que lo caracteriza y que tanto uso en tiempos de campaña, los saludó a través de su ventana de cristal desde el Palacio Lievano. Eso quiere decir que si ocupa, al menos por ratos, la oficina que por voto popular le fue asignada. Lo que todos ignoramos es lo que hace al interior del edificio, puede hacer muchas cosas, o nada, no se sabe, y tampoco se sabe ni se entiende porque razón, en vez de asumir esa necia posición de defensa verbal sobre su honra ante sus detractores que cada día son más, no lo hace con hechos concretos y acciones de gobierno que demuestren que en Bogotá si hay un alcalde y que además, representa la principal coalición de izquierda en el país, es decir que se opone a los modos indolentes con los cuales siempre ha gobernado la derecha en este país, que lo asiste una vocación social y de progreso con justicia y equidad, o al menos eso es lo que creemos y esperamos aquellos a quienes aún nos late con fuerza el corazón a la izquierda del pecho.
Sea como sea, con alcalde real o virtual, lo único cierto es que urge la activación de una respuesta humanitaria integral por parte de los diferentes entes gubernamentales y de las organizaciones internacionales frente a la tragedia que siguen viviendo los desplazados en Bogotá y que cada día se agudiza más.
2009
Casi 100 días llevan las familias desplazadas de la violencia viviendo en condición de hacinamiento en el Parque de El Tercer Milenio. Las negociaciones se dilatan, cada día llegan más y más familias al Parque, los auxilios humanitarios cesaron hace varias semanas y el Alcalde de Bogotá, ni siquiera ha hecho presencia en el lugar.
La crisis humanitaria que se está viviendo apenas a cinco cuadras de distancia del Palacio Presidencial, a cuatro de la Alcaldía Mayor de Bogotá y a seis de la Secretaría de Gobierno, dan cuenta del nivel de indolencia e indiferencia por parte de los organismos de gobierno, y de la ausencia de una política efectiva capaz de poner fin a esta dramática realidad. Si la calidad de un gobierno se mide por sus logros sociales y por su capacidad de brindar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, debemos concluir que tanto el gobierno nacional, como el distrital, se han rajado, y lo han hecho estruendosamente.
-Nos tienen castigados- afirma un desplazado que duerme en el parque bajo la lluvia y el frío- por eso no nos dan prorrogas, ni ayudas ni se negocia nada. El “castigo” aplicado, que consiste en condenar a estas más de 2000 personas a una muerte lenta a falta de recursos que garanticen sus subsistencia, de atención médica adecuada y de condiciones de salubridad, se debe a no haber aceptado el traslado a unos albergues temporales que la Secretaría de Gobierno propuso hace casi un mes atrás.
En ese momento muchos de ellos, pese a un acuerdo firmado, desistieron de dicho ofrecimiento afirmando que ésta medida no se constituía en solución real a su tragedia, ni reconocía los derechos que como víctimas de la violencia, les corresponde. La falta de condiciones de habitabilidad en dichos albergues, como bien constataron algunas organizaciones de derechos humanos, “podría acentuar la frágil situación de salud de este conjunto de víctimas del desplazamiento”, como informó CODHES en su momento.
Tras su negativa a abandonar el parque, la Secretaría de Gobierno declaró: ""Al Distrito le está tocando cargar con este drama, que es una realidad, más allá de que para el Gobierno Nacional (lo sea)…, no se puede tratar con gente que utiliza para conseguir sus fines las vías de hecho”. Si bien es cierto que el tema del desplazamiento forzado debe ser asumido y resuelto por el Gobierno Nacional dada su dimensión y características, esto no exime al Distrito de su responsabilidad de encontrar salidas decorosas y efectivas a esta crítica situación. La Corte Constitucional ha señalado que la responsabilidad de atender a este tipo de población no solamente le corresponde a Acción Social, sino también a gobernadores y alcaldes.
¿Cundinamarca tiene gobernador?, (del último que tuvimos noticias, se sabía que era un pobre rico que juntaba cabezas de animales en vías de extinción en su ofensivamente lujosa casa cementerio y que el 26 de diciembre de 2007 fue llevado a prisión por enriquecimiento ilícito y acusado del presunto delito de extorsión agravado, nada más), y si lo tiene, ¿qué ha hecho el gobernador por todas estas familias que hoy padecen los efectos de la guerra y la indolencia de un Estado incapaz de reconocer a sus víctimas y de garantizarles elementales derechos constitucionales, entre ellos la reparación a la que obligan las leyes nacionales y los tratados internacionales?; Si bien es cierto que el Gobernador no tiene potestad sobre asuntos de la capital, bien podría, por delegación presidencial, aportar a la solución parcial del problema mediante la adjudicación de terrenos baldíos propiedad de la Nación para proyectos de vivienda social o asignando becas estudiantiles, entre otras muchas más alternativas.
Además, si la Gobernación de Cundinamarca firmó un convenio interadministrativo con el Distrito Capital para la conformación de la Región Capital en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 305 de la Constitución Política y en la Ordenanza No. 009 del 11 de Junio de 2008 para la Gobernación y del artículo 35 del Decreto 1421 de 1993 y el Acuerdo Distrital No. 308 del 9 de Junio de 2008 correspondiente a la administración distrital, para la integración regional del Distrito Capital y Cundinamarca, quiere decir que si existen planes de desarrollo compartido. Dicha integración se realizó a través de la Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, constituida en el 2001 como instancia de cooperación interinstitucional para el desarrollo de proyectos regionales, y también mediante la conformación del Consejo Regional de Competitividad Bogotá - Cundinamarca para la ejecución de proyectos económicos regionales de largo plazo, y más tarde a través del Acuerdo de voluntades para la Cooperación Regional, firmado en el 2004, para el desarrollo humano sostenible de la región. En este contexto, es coherente pensar entonces que estos convenios se pueden traducir en la implementación de políticas públicas de largo alcance que afecten positivamente a la población más vulnerable que habita en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca, brindando soluciones viables y eficaces a su precaria y riesgosa situación. La responsabilidad le corresponde por tanto al gobierno nacional, a la gobernación de Cundinamarca y a la Alcaldía mayor de Bogotá.
A propósito de la cual, también valdría la pena preguntarse ¿Bogotá tiene alcalde?. Y si lo tiene, qué ha hecho por todas estas familias desplazadas que afean la ciudad, muestran el nivel de degradación del conflicto armado colombiano, la dimensión de la tragedia humanitaria y la ineficacia de la administración distrital?
Bogotá si tiene alcalde y se llama Samuel Moreno Rojas; estoy segura que si tiene, porque ya varias veces lo he visto en televisión inaugurando piscinas, de viaje por Estados Unidos respondiendo entrevistas en inglés sobre su apellido y su origen y me consta que los periodistas le llaman respetuosamente «señor alcalde». Ahora, después de una prolongada ausencia, justo cuando se producían las fallidas negociaciones con la población desplazada, volvió a aparecer en la tele diciendo que si va a haber Metro en la capital. ¿Cuándo? Algún día de estos, no se sabe; pero es tan escasa su presencia y tan evidente su ausencia, que ya nadie puede decir a ciencia cierta si vive en Bogotá o si administra desde Palm Beach. Por lo menos al Tercer Milenio no ha asomado, aunque me imagino que si está enterado sobre la presencia de todas estas familias desplazadas, y quizás algún insolente le habrá recordado que Secretaría de Salud se comprometió hace semanas, a hacer algo al respecto y aún no ha hecho nada. Incluso, el mismo alcalde vio a algunos de estos desterrados cuando se habían tomado la Plaza de Bolívar y vivían justo al frente de su sede de gobierno; sabemos que si los vio porque hay testigos que cuentan que lo vieron levantando la mano y que con esa sonrisa a flor de piel que lo caracteriza y que tanto uso en tiempos de campaña, los saludó a través de su ventana de cristal desde el Palacio Lievano. Eso quiere decir que si ocupa, al menos por ratos, la oficina que por voto popular le fue asignada. Lo que todos ignoramos es lo que hace al interior del edificio, puede hacer muchas cosas, o nada, no se sabe, y tampoco se sabe ni se entiende porque razón, en vez de asumir esa necia posición de defensa verbal sobre su honra ante sus detractores que cada día son más, no lo hace con hechos concretos y acciones de gobierno que demuestren que en Bogotá si hay un alcalde y que además, representa la principal coalición de izquierda en el país, es decir que se opone a los modos indolentes con los cuales siempre ha gobernado la derecha en este país, que lo asiste una vocación social y de progreso con justicia y equidad, o al menos eso es lo que creemos y esperamos aquellos a quienes aún nos late con fuerza el corazón a la izquierda del pecho.
Sea como sea, con alcalde real o virtual, lo único cierto es que urge la activación de una respuesta humanitaria integral por parte de los diferentes entes gubernamentales y de las organizaciones internacionales frente a la tragedia que siguen viviendo los desplazados en Bogotá y que cada día se agudiza más.
Este lunes se cumplen 100 días de esta situación y se hace aún más lejana la posibilidad de encontrar una solución definitiva, y se hace lejana no porque no existan los modos o la forma de impulsar nuevas y más efectivas estrategias políticas y sociales, sino porque no hay interés y éste tema poco interesa a las administraciones. Cuando estas familias se negaron a aceptar el traslado a un sitio donde seguramente serían olvidados, en vez de nuevos espacios de dialogo en la búsqueda de salidas que garantizasen el cumplimiento de las normas constitucionales y de los fallos proferidos por la Corte Constitucional, el Distrito optó por abandonarlos como primera medida, quizás calculando que sus pésimas condiciones de vida, el hambre, las enfermedades y el frío pronto los haría desistir y abandonar su corajuda acción de resistencia para esparcirse por toda la ciudad llevando a cuestas su miseria y desamparo; no ha sido así; y como segunda medida optó por la intimidación, anunciando la judicialización de sus lideres.
“El Gobierno Nacional, a través de Acción Social, anunció que ante la Fiscalía se interpusieron demandas penales contra personas que vienen promoviendo tomas de desplazados en diferentes sitios de Bogotá, como las ocurridas en la Plaza de Bolívar y el parque Tercer Milenio. El anuncio fue hecho por Emilia Casas, coordinadora de Acción Social para Bogotá, quien agregó que se aportó un importante acervo probatorio para la investigación, aunque reconoció que es un tema delicado debido a que algunas personas han sido amenazadas. Casas también advirtió que Acción Social no privilegiará a grupos de desplazados que tomen las vías de hecho, como las ocupaciones indebidas en el espacio público, para solicitar ayudas. Dijo que la responsabilidad de atender a este tipo de población no es solamente de Acción Social, sino de gobernadores y alcaldes, tal como lo estipulan mandatos de la Corte Constitucional”[1]
Hoy la cifra de desplazados que habitan en el parque se ha duplicado y los organismos de gobierno, han preferido hacerse los de la vista gorda ante una tragedia cuya magnitud, pone en entredicho no sólo las políticas sociales de la administración Distrital, la transparencia administrativa de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional por cuyos cuantiosos recursos el Director saliente, Luis Alfonso Hoyos – ahora nombrado embajador de Colombia ante la OEA- no supo responder ante el Congreso de la República, sino que además, revela el escaso nivel de compromiso y solidaridad de la sociedad capitalina.
De las dos mil personas que habitan hoy en el parque, se calcula que por lo menos 800 de ellos son menores de edad, y de estos, más de la mitad padecen afecciones respiratorias, brotes y alergias en la piel, desnutrición y enfermedades estomacales. No son los únicos, también personas de edad avanzada y mujeres embarazadas padecen más que otros, y con mayor rigor, esta existencia de miseria y marginalidad.
Hace tres semanas una mujer a punto de dar a luz no encontraba cómo llegar a una clínica, pues no quería tener a su hijo tendida sobre el pavimento y tampoco tenía recursos para su movilización. La Defensoría del Pueblo, que fue contactada de inmediato, dispuso entonces de una ambulancia de emergencia para que la llevara a una clínica. Sin embargo, el conductor de ésta se negó a hacerlo, argumentando que su ambulancia estaba dispuesta para casos de emergencia y que no era un taxi; según me relató una testigo quien prefirió guardar el anonimato por temor a sufrir represalias; pues esa es otra. No sólo enfrentan el riesgo que para su vida implica el vivir en un espacio público sometidos al frío, el hambre, las infecciones y a la intemperie, sino que además se enfrentan a pequeñas redes de delincuentes que los acosan, y a veces asumen liderazgos a la fuerza bajo el chantaje y la intimidación, y dentro de ellos mismos, hoy se hace evidente la infiltración de actores armados ilegales. El miedo vive con ellos y exhibe muchos rostros. Es el miedo a ser desalojados por la fuerza de un momento a otro, a ser brutalmente reprimidos por la fuerza pública como ya les ha sucedido, el miedo a que nunca se solucione su situación y el gobierno no responda conforme a las leyes que rigen al Estado colombiano, el miedo a desfallecer, a que sus hijos les sean arrebatados, a morir de frío o asesinados, a ser apuñaleados al anochecer, el miedo a no resistir y ha tener que desistir.
La administración del PDA, tiene la última palabra.
[1] El Tiempo; “Comenzó traslado de 300 desplazados de 1200 que aún viven en el Parque Tercer”. Mayo de 2009. Ver en http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/comenzo-traslado-de-300-desplazados-de-1200-que-aun-viven-en-el-parque-tercer-milenio_5279867-1
No hay comentarios:
Publicar un comentario