En eso no se equivoca el General

Si la justicia en Colombia no fuera selectiva, buena parte de la cúpula militar en tiempos de la toma del Palacio de Justicia y de la actual ya estaría tras las rejas, al igual que buena parte de la dirigencia política y empresarial del país; es más, la alta criminalidad del país no estaría representando la diplomacia colombiana en el extranjero. Si la justicia no fuera selectiva, el primero que debería de ser puesto a disposición de ella, sería el general Rafael Samudio Molina.

Hoy miente, miente como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho la historia oficial que a través del engaño, de la imposición de versiones amañadas y justificatorias del horror han pretendido silenciar y enterrar para siempre las voces de las víctimas que no olvidan, que exigen justicia y que hoy, pese a los años, a las amenazas, a que siguen siendo objeto de señalamientos no se rinden y, erguidas se mantienen en su lucha porque se conozca la verdad de los hechos y se aplique justicia ejemplar a los perpetradores de crímenes atroces en la retoma del Palacio de Justicia. El general Samudio esconde en el fondo de su empolvado traje militar y de una conciencia adormecida todos los vejámenes y crímenes que desde siempre se han permitido cometer las Fuerzas Armadas en Colombia, disculpa ante sí, con esa mentalidad retorcida herencia de la escuela de las Américas, crímenes de lesa humanidad, secuestros selectivos, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones por razones ideológicas, y sólo atina a decir que los medios de hoy han tergiversado la historia. Los medios que ayer se silenciaron, los que aplaudieron la sangrienta y desproporcional acción militar, los que sólo señalaron a la guerrilla M-19 como responsable y no supieron abrazar el dolor de las víctimas ni contar que el ejército desaparecía civiles en batallones militares, hoy, por fin reconocen otra cara de la historia; de esta herida nacional que sigue abierta y así permanecerá en tanto no se aplique justicia ni se revele toda la verdad sobre lo ocurrido durante las 28 horas que duró la toma y retoma, y después en los batallones y escuelas militares, y después cuando los testigos empezaron a exiliarse, a silenciarse, a ser perseguidos, y el abogado de los familiares de los desaparecidos, Eduardo Umaña Mendoza, fue asesinado como también ocurrió con el abogado de algunos funcionarios sobrevivientes, Tarcisio Roldán.

Samudio dice que el M-19 fue financiado por la mafia. Nunca se encontraron pruebas de ello, y de ello da fe el informe del Tribunal Especial de Investigación creado mediante decreto 3300 en 1985, redactado por dos magistrados, y el que realiza el juzgado 30 en 1989. Lo que si llegó a mano de medios y de los entes que administran justicia, fue la declaración del oficial Gamez Mazuera, fue la grabación de un grupo de soldados, tres días después de la retoma, en la que confesaban que en la Escuela de Caballería se encontraban varias de las personas que empezaban a ser conocidas como los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, que habían guerrilleros detenidos, y que el primero en caer a causa de las torturas había sido un miembro del M-19 que se negó a firmar un texto en el cual confesaba haber recibido varios millones de dólares de Pablo Escobar para llevar a cabo la acción.

Hoy como ayer el general intenta desconocer las razones políticas de la toma, la traición de los acuerdos de paz que la impulsaron, el brutal asalto militar, con consentimiento del presidente Betancur, en Yarumales en pleno proceso de dialogo, el atentado en Cali que casi le cuesta la vida a Antonio Navarro cuando era vocero en las negociaciones, el ataque a Carlos Pizarro cuando se disponía a firmar el acuerdo en el Hobo que lo dejó herido y le costó cuatro dedos a su compañera. No puede reconocer el general las razones de la toma, que las había, ni la incapacidad de sus tropas para derrotar a la guerrilla en el campo militar. No puede aceptar que al comando del M-19 que realizó el mal calibrado operativo, se le aplicó la pena de muerte, que fueron más los guerrilleros que murieron ejecutados cuando ya no contaban con municiones como relatan los testigos de los hechos o torturados en batallones militares que en medio del fragor del combate, no puede reconocer el miedo que les producía una guerrilla que contaba, según la revista Cromos de la época, como un 80% de aceptación popular. Tampoco puede aceptar que el proceso de paz del 89 con la guerrilla fue exitoso y que fruto de esa negociación quedó una nueva constitución que por primera vez reconoce al ciudadano como sujeto de derecho y reafirma la existencia de libertades ciudadanas y deberes estatales, que formula la existencia de un estado social, de una democracia participativa, y entrega instrumentos para la defensa de los derechos constitucionales y ciudadanos.

Dice el general que no pueden decir donde están los cuerpos de los desaparecidos de cafetería y de algunos guerrilleros porque “cada persona tiene la facultad y el derecho a no inculparse, y eso sería aceptar una responsabilidad que no se puede aceptar si la persona considera que es inocente”. Y es coherente, no se niega, para él, para la cúpula militar y sus oficiales adiestrados como perros rabiosos, la desaparición forzada está justificada, y desde siempre ha sido amparada por el silencio cómplice y la impunidad.

El general ya es un hombre mayor, siempre gozo de poder y logró desarrollar su carrera militar sin mayores altibajos, nada hará cambiar su mentalidad, eso es claro, pero aún así, resulta imperdonable que la justicia lo absuelva y aplauda su silencio, que se siga condenando a las familias de los desaparecidos a no conocer el paradero de sus seres queridos, que aún hoy prevalezca la necesidad de amparar a los victimarios, (la verdad ocasionaría el derrumbe del Estado, o el país no está preparado para conocer la verdad de su sanguinaria y corrupta historia republicana, etc.) sobre el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos, de entregar una verdad que pertenece al pueblo colombiano y de proteger a las víctimas y garantizarles su legítimo derecho a verdad, justicia ejemplar y reparación integral con garantías de no repetición.

“La verdad es el pilar fundamental de la paz; derrotar la mentira es también derrotar la guerra. Pedimos claridad sobre lo que pasó en el Palacio”.
Álvaro Fayad. Comandante del M-19. 1985
2008