¿QUIEN JUZGA A LOS TERRORISTAS DE ESTADO?

NO es la ley de víctimas la que iguala a militares con “terroristas”, sino su accionar terrorista y criminal, desde hace décadas promovido por el mismo Estado colombiano, lo que los convierte en terroristas.

Agentes del Estado han perpetrado crímenes de lesa humanidad a lo largo y ancho del país y esto no es nuevo, desde mucho antes del fatídico “estatuto de Seguridad” promovido por Turbay Ayala, ya se sabía que las Fuerzas Armadas bajo las directrices de la DSN, del Plan Lazo y del llamado Conflicto de baja intensidad, impuesta por los gobiernos norteamericanos, se dedicaban a secuestrar, a torturar, asesinar y desaparecer civiles y activistas políticos de izquierda o de oposición, y a desarticular todo proyecto de organización social o comunitaria mediante la represión. Lo siguen haciendo, es lo que saben hacer, pero no lo hacen por iniciativa personal o porque súbitamente se haya desatado en ellos un instinto criminal, no, ellos actúan como genocidas y asesinos porque para eso los entrenan, porque obedecen a una estrategia de aniquilamiento sistemático diseñada bajo una política de Estado que se vale del terror, de la intimidación, la represión, la violación a los derechos humanos, y el asesinato selectivo para sostener un régimen corrupto, excluyente y desigual. Los uniformados que se resisten a estas prácticas son señalados, perseguidos y objeto de falsas acusaciones; loes ejemplos también abundan.

Que se vincule al general ® Miguel Alfredo Maza Márquez a las investigaciones que nuevamente se abren por el genocidio del candidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, tarde que temprano tenía que ocurrir, aunque lo más seguro es que no suceda nada y que en algunas semanas sea absuelto o se empleen toda suerte de trampas jurídicas para absolverlo. Maza ha sido señalado de haber participado en torturas y violaciones a los derechos humanos y nunca ha sido investigado y seguramente no será condenado. Tampoco ha sido el único.

Ahora, pensar que agentes del DAS tuvieron participación en el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria, no es extraño. De hecho, se podría afirmar que todos los asesinatos políticos y los genocidios ocurridos durante los noventas sino fueron ordenados por altos mandos militares, al menos si fueron promovidos por ellos. Incluso se sabe que en muchos de estos homicidios, participaron dirigentes políticos de tradición, poderosos empresarios y mafias organizadas. Eso se sabe, se rumora, se dice, aunque muchas pruebas han sido eliminadas, muchos testigos asesinados, y la justicia, la inepta justicia colombiana, nunca ha querido actuar. Ahora se alega que no se puede demostrar. Este país dan ganas de llorar!!!

Ocurrió el genocidio contra el Gaitanismo, contra la UP, contra el Nuevo Liberalismo, contra los desmovilizados guerrilleros del M-19, contra pueblos indígenas y comunidades afro, siguen las ejecuciones “extrajudiciales” y los asesinatos selectivos; siguen las desapariciones y todavía hoy, se pretende negar la evidente complicidad del Estado o su rol protagónico en estos hechos; y buena parte de la sociedad colombiana esconde la cabeza y pretende hacer de cuenta que aquí no pasa nada.¿Cómo es posible que sigamos creyendo en esta llamada democracia y sigamos eligiendo a los mismos cavernícolas, a los mismos criminales de corbata, mentirosos, embaucadores y oportunistas, para que reafirmen el derrumbe de este amague de país?


¿Cómo es posible que un Congreso como el que tenemos, (sin ninguna legitimidad y respeto, donde cerca del 40% de sus parlamentarios han sido señalados por tener alianzas con grupos narcoparamilitares -perpetradores de crímenes de lesa humanidad-, dónde la inmensa mayoría de ellos son expertos en fraudes electorales, en compra de votos, en prácticas clientelistas y otros actos de corrupción) siga promulgando las leyes en Colombia? ¿Cómo es posible que un deshonroso Presidente como el actual, acusado de ser el promotor de estas bandas criminales, de tener un pasado personal y familiar ligado a las tenebrosas mafias de Medellín, señalado de haber participado en masacres y sobre quien recaen serias sospechas que lo vinculan con las extrañas muertes de sus ex amigos y ex funcionarios Pedro Juan Moreno, en un supuesto accidente de Helicóptero, y de César Villegas, baleado en Bogotá, y del viejo Guille, su vigilante en el Uberrimo, su finca en Córdoba, siga de jefe de Estado cuando debería estar siendo investigado y procesado por la justicia, aunque sea la internacional?

¿Qué tiene que pasarnos, para que empecemos a llamar las cosas por su nombre, para que confrontemos nuestro truculento pasado histórico y con base en la verdad, la aplicación de justicia y el reconocimiento y la merecida redignificación de nuestras víctimas, empecemos a formular otro país, uno más transparente, humano, decoroso?

A URIBE LE PREOCUPA LA PLATA PARA EL REFERENDO, LO TIENE SIN CUIDADO LA SUERTE DE LAS VÍCTIMAS O EL DEBER DEL ESTADO PARA CON ELLAS!!!
2009