El 6 y 7 de noviembre de 1985, se produjo uno de los hechos más dramáticos y oscuros que recuerde la historia reciente del país. El comando “Iván Marino Ospina” de la guerrilla M-19, tomó por asalto el Palacio de Justicia con el fin de presentar ante el gobierno una demanda armada y exigir un juicio público al mandatario. A las 11:35 AM de un miércoles gris se inició “La operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, con unos 35 guerrilleros entre hombres y mujeres que aprovechando la escasa vigilancia de ese día entraron por el sótano del edificio en dos camiones llenos de armas y explosivos, intercambiaron disparos con los contados escoltas que se encontraban allí, con dos vigilantes de Cobaseg armados con un par de viejas escopetas, y tomaron cerca de 350 rehenes entre altos funcionarios de la Corte y del Consejo de Estado, empleados y visitantes. Casi de forma inmediata se inició la contratoma del Palacio por parte de las fuerzas militares que con tanques de guerra, rockets, granadas de fragmentación, armas y explosivos arribaron a la plaza de Bolívar.
La ocupación se mantuvo hasta horas de la tarde del día siguiente dejando un saldo desolador: cien personas muertas a tiros o calcinadas, entre ellas catorce magistrados y la casi totalidad de los guerrilleros, doce desaparecidos, setenta y cinco heridos, un Palacio semidestruido por las llamas con todos sus expedientes, actas y libros, una indolente y cuestionada victoria militar y un oscuro manto de vergüenza e impunidad, que aún hoy, veinte años después, nos alcanza, pidiendo verdad, justicia y reparación.
Fueron 28 horas de horror e incertidumbre, en las que se evidenciaron toda suerte de anomalías jurídicas, de errores de procedimiento y de cálculo, desatinos, silencios cómplices, violaciones a los tratados internacionales, barbarie, censura de prensa, sacrificios inoficiosos y sobre todo, fueron 28 horas en las que desde las distintas esferas del poder nacional, prevalecieron intereses particulares sobre el soberano derecho a la vida de los inocentes que perecieron en este trágico día.
Aún cuando se han escrito muchos libros sobre la toma del Palacio, que se ha novelado lo que ocurrió, que se ha publicado toda suerte de textos tanto dentro como fuera del país y desde las más disímiles orillas ideológicas, el país entero, incluso los sobrevivientes de Palacio, no saben realmente que fue lo que ocurrió ese día, aunque nadie desconoce que estos hechos produjeron una incuestionable fractura en la vida nacional que aún palpita en la psiquis colectiva.
La tragedia del Palacio de Justicia sigue vigente porque fueron demasiados los abusos y horrores cometidos, enorme el desatino histórico, abrumadora y dolorosa la impunidad ante tantas evidencias condenatorias y tantos testimonios contrarios a las versiones oficiales, muchas las incógnitas sin resolver y las contradicciones sin aclarar. Los desaparecidos siguen desaparecidos y nadie se responsabilizó por ello, pese a los serios indicios que apuntaban hacia la Escuela de Caballería y otras instancias militares. Los familiares de los muertos continúan, en esfuerzos aislados, clamando por justicia y verdad, mientras los directos responsables del magnicidio que no han muerto, viven alejados de la vida política negándose a recordar lo que de seguro no han podido olvidar.
Han pasado veinte años, y hoy nos preguntamos si es posible abrir el caso a la luz del Derecho Internacional Humanitario, y tal como lo planteó hace un lustro el abogado Carlos Medellín, pedir la intervención de una Corte Internacional para que el mandatario de ese entonces, el doctor Belisario Betancur, sea juzgado. ¿Sería factible demostrar, después de tanto tiempo, quién mató, por qué se alteró el lugar de los hechos removiendo cuerpos, lavando cadáveres y borrando pruebas?, ¿por qué aparecieron cuerpos calcinados en zonas a las que nunca llegó el fuego?, ¿por qué se buscó desaparecer el informe de medicina legal, tal como lo narra José Vicente Peña en su libro “Las dos tomas”?, ¿por qué al doctor Carlos Martínez Sáenz, emisario de la Cruz Roja, enviado para dialogar con los guerrilleros, el ejército le negó el paso?, ¿por qué el General Víctor Delgado Mallarino, director de la Policía Nacional empujó la masacre del cuarto piso y mintió ante el Consejo de Ministros que, a la cabeza de Enrique Parejo González, ministro de Justicia, pedía tiempo para salvaguardar la vida de los altos funcionarios?.
Y ahora, después de tantos años, de tantos silencios y ausencias, del miedo y las soterradas amenazas, será posible determinar responsabilidades concretas a la luz de la verdad en un país tan acostumbrado a la mentira, a burlar dolores y adormecer tragedias bajo el manto distractor de un partido de fútbol, un certamen de exaltada frivolidad o en el terror que exhibe rostro de impunidad?¿Será que al final se desnudará la mascara con que se viste nuestra realidad y podremos saber que sucedió con las personas desaparecidas, qué vínculos oscuros se tejían alrededor de los sucesos, cómo se dieron y por qué pudiéndose evitar, no se evitaron y por el contrario, llegaron al peor extremo posible, marcando para siempre la historia nacional?
“La verdad es el pilar fundamental de la paz; derrotar la mentira es también derrotar la guerra. Pedimos claridad sobre lo que pasó en el Palacio”.
Álvaro Fayad. Comandante del M-19. 1985
Un tenebroso punto de no retorno significó para el país la toma del Palacio de Justicia de 1985. La actual coyuntura, en medio de un cuestionado proceso de paz, una cada vez más desprestigiada clase política y una innegable incredulidad frente a las instituciones y gobernantes, en su punto de inflexión más álgido está marcada por estos trágicos sucesos, en los que además de perderse la vida de valiosos seres humanos, se cerró toda posibilidad para ampliar el horizonte democrático colombiano, aún cuando algunos ex lideres de la guerrilla M-19, sostengan que fue este trágico desenlace junto con la masacre de Tacueyó lo que precipitó su renuncia a las armas, los condujo a la vida civil y al país a la Asamblea Nacional Constituyente.
Con la tragedia del Palacio, se cerraron trágicamente para el país las opciones democráticas de consolidación de un Estado Social de Derecho, porque quedó demostrado que en momentos de mayor crisis y confusión, las medidas que adopta el Ejecutivo se producen de forma oscura y ajena a los principios de civilidad que alientan nuestra Constitución.
Tras veinte años de dolorosa impunidad se puede afirmar que los grandes derrotados de este holocausto fueron el Estado, la sociedad colombiana con sus instituciones, el ideal de la lucha armada como respuesta “efectiva” a los desmanes de un establecimiento que promueve la injusticia y premia la corrupción; la verdad, cualquier noción de principio y dignidad humana y, sobre todo, la justicia colombiana.
El hecho de la toma y contratoma del Palacio, leído en los anales de la historia como el suceso político que reviste mayor gravedad durante el siglo XX, dejó graves secuelas para el desarrollo del país, especialmente en materia de justicia, porque nos enfrentó a la más oscura y vergonzosa impunidad; fueron varios los hechos que acompañaron está sangrienta acción que quedaron sin resolver y por los cuales el Estado nunca se responsabilizó y nadie fue condenado. El país quedó marcado de forma rotunda porque con el triunfó de la impunidad se impidió una verdadera reconciliación, la democracia quedó herida de muerte, se institucionalizó la mentira, se abrió la ruta para la guerra sucia que se instaló en el país, y acabó con la Unión Patriótica como fuerza política al ser asesinados cerca de cinco mil de sus integrantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, se estimuló la creencia de que ante la ausencia de justicia y de entes competentes para velar por ella, es pertinente tomar medidas por cuenta propia, y sobre las normas sociales de convivencia se reforzó el autoritarismo limitándose toda suerte de libertades. No en vano, hoy se continúa utilizando el dolor de las víctimas y el según muchos, exitoso proceso de paz con el M-19, como arma política para deslegitimar la oposición, sin que se realicen verdaderos esfuerzos por resolver tantas irregularidades en cuanto a motivaciones y procedimientos de encubrimiento que acompañaron los hechos del Palacio de Justicia. Esto, sin lugar a dudas, anuló cualquier posibilidad de debate ético.
El M- 19, en busca de verdad y claridad, creyó necesario, ante la ruptura de la tregua, volver a sus “hazañas” de querer sustituir una paciente conformación de movimiento político, por acciones político-militares de gran envergadura, y a través de la toma violenta del Palacio poner en evidencia ante el país quienes habían sido los responsables de la ruptura del proceso de paz. Anhelaban tener un espacio político, reafirmar su protagonismo, y con graves errores de cálculo consideraron que atacar el corazón de la justicia colombiana les abriría las puertas a un diálogo y fortalecería su presencia nacional. Sin embargo no fueron escuchados ni se quiso negociar con ellos porque sobre la vida de unos cuantos, por más insignes ciudadanos que sean, el ejército demandaba el triunfo que en el escenario militar las guerrillas le impedían alcanzar, porque entrar a establecer largas negociaciones con la insurrección hubiese sido desestabilizador para un débil mandatario[1] y porque no habían justificaciones políticas capaces de sustentar dicha acción según el establecimiento. Las peticiones, formuladas con violencia ante la Corte, buscaban que el país entero supiera que en medio del proceso de Dialogo Nacional, su líder Carlos Pizarro, minutos antes de la firma de Corinto, había sido emboscado y herido, que el médico Carlos Toledo Plata había sido asesinado, Antonio Navarro estaba en Cuba recuperándose de un atentado que le costó una pierna y varios de sus hombres habían sido torturados y desaparecidos. El país debía conocer la verdad sobre los heridos de La Virgen, y los ya denunciados hostigamientos militares a los campamentos de paz, y por eso exigieron la presencia de la Comisión de Verificación y retaron al estamento a que presentará pruebas de un sólo hecho violatorio del acuerdo por parte de cualquier unidad del M-19. La respuesta que recibieron fue exclusivamente militar, un posterior proceso de investigación maniatado y una tremenda impunidad que ha hecho posible que quienes ostentan el poder logren imponer su propia versión de la historia distorsionando la memoria colectiva.
Entre la fatídica cadena de irregularidades que se sucedieron antes, durante y después del asalto, es de señalar, que según los informes de prensa y las conclusiones a la que llegó el Tribunal Especial de Instrucción, existían serios indicios de que se preparaba un asalto armado al Palacio, lo que hace concluir que ésta, efectivamente, fue una toma anunciada, y sin embargo la seguridad fue misteriosamente retirada un día antes de los hechos. Tampoco se aclaró lo concerniente al incendio que se desató quemando restos y expedientes comprometedores para las Fuerzas Armadas y los narcotraficantes, - tras la Ley 35 o Ley de Amnistía sancionada y promulgada el 10 de noviembre de 1982, no existía ni un sólo expediente contra los integrantes del M-19-, ni se aclararon las obstrucciones a las labores de investigación ni se supo tampoco que suerte corrieron los doce desaparecidos ni de que modo se produjo la muerte de los miembros de la guerrilla que participaron en el operativo “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”.
UNA TOMA ANUNCIADA
Los magistrados habían recibido amenazas de los narcotraficantes extraditables en relación con la revisión de constitucionalidad de la ley que incorporaba el tratado de extradición con Estados Unidos a la legislación nacional. Para muchos, la Corte se encontraba inmersa en una fatal encrucijada ante las cada vez más comprometedoras evidencias que demostraban una temible alianza entre narcotraficantes y militares. Las denuncias hechas por Carlos Jiménez Gómez, Procurador General de la Nación, sobre la participación de 60 oficiales en crímenes organizados por el llamado escuadrón de la muerte, MAS, con financiamiento de la mafia, desató una tremenda polémica, de la que participó activamente el ministro de Justicia Enrique Parejo, como se registra en la misma fecha del holocausto en la primera página de El Espectador.
Así mismo, en junio de 1985, el Consejo de Estado dictó sentencia contra el ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, el general Luis Carlos Camacho Leyva, entonces ministro de Defensa y el nuevo ministro de esa cartera, general Miguel Vega Uribe, -antiguo comandante de la decimotercera brigada del Cantón Norte, sitio de donde el M-19 robó las armas en la llamada “Operación Colombia” en 1978-, por las torturas de que fueron víctimas varias personas, en su mayoría profesionales y estudiantes que cayeron en manos de la inteligencia militar de la época como resultado de la demencial cacería de brujas que se desató en respuesta al robo de armas y que además significó el encarcelamiento de varios cabecillas de esa organización guerrillera, puestos en libertad tras la caída del Estatuto de Seguridad, y la amnistía otorgada por el gobierno de Betancur como gesto de paz, causando gran enojo entre las tropas oficiales que discretamente empezaron a llamarlo en tono peyorativo “Lenisario”.
Por esos mismos días, en un programa de televisión, el general Landazábal Reyes, antecesor de Vega Uribe y del general Matamoros como ministro de Defensa, descalificó las políticas de paz de Betancur y declaró que el ejército estaba en capacidad de derrotar militarmente a la insurgencia y en tono colérico, concluyó «el país se acostumbrará a escuchar a sus generales».
A comienzos de 1985, el Consejo recibió un texto intimidatorio que se titulaba “Réquiem para el Consejo de Estado” y que decía así: “Después que haya sido entregado el fallo del Consejo de Estado sobre el tan mentado caso de tortura a Olga López y su hija volvemos a la realidad para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que el Consejo de Estado es una corte llena de títeres extranjeros, títeres estos, que en su gran mayoría no resisten una somera consideración. Ahora bien, si nos resistimos a creer que los magistrados colombianos pasan por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si éste catastrófico resultado –fallo- no es en buena parte debido a la intervención y a la manipulación comunista que se ha dado al caso”[2].
Los magistrados de la sala constitucional de la Corte venían recibiendo toda suerte de amenazas con el fin de que declarara, como ya se anotó, la inexequibilidad de la ley 27 de 1980 por medio de la cual se aprobaba el tratado de extradición. Y en su momento así lo notificaron los doctores Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Rosseli, quien, el 30 de octubre de 1985, declaró ante el juez 71 de instrucción criminal haber recibido una serie de amenazas contra su vida y la de su familia por parte de los extraditables exigiéndosele posición favorable para su causa: “Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. Cualquier posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como una aceptación de nuestra declaración de guerra y desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y plomo los más preciados miembros de tu familia”[3].
El magistrado Carlos Medellín Forero, declaró ante el Consejo Nacional de Seguridad ser víctima de constantes intimidaciones y amenazas a través de cartas y llamadas. Días antes del holocausto, recibió una de esas cartas amenazantes: «No te habíamos escrito antes -decía la carta - porque pensábamos equivocadamente que actuarías con sensibilidad, con nacionalismo y en forma imparcial y jurídica con el asunto de las demandas al Tratado de extradición… pensamos que con las llamadas telefónicas sería suficiente. Pero no. Te convertiste en socio de quien encabeza la lista de futuros aspirantes a propietarios de fosas en los Jardines de Paz… Si el Tratado de Extradición no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la Nación, ejecutáremos Magistrados y miembros de sus familias. Estamos dispuestos a morir, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en EU”[4].
El doctor Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, declaró también haber sido objeto de amenazas que daban cuenta que sus pasos eran vigilados y sus llamadas, incluso las personales, fiscalizadas, interceptadas y grabadas; y por ello fustigó para que se aplicaran medidas de seguridad acordes a la gravedad del asunto; el asesinato un año atrás del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por acción del narcotráfico evidenciaba la inminencia del peligro.
Además de las amenazas por parte de los narcotraficantes, semanas antes de la toma, dos guerrilleros habían sido arrestados con planos del Palacio en inmediaciones del edificio; tal como lo informaron varios medios escritos de la capital y el periodista Yamit Amat, a través de los micrófonos de radio Caracol, alertó sobre un posible ataque contra el Palacio de Justicia, descubierto por las autoridades. El 16 de octubre, según afirmó el Ministro de Defensa ante la honorable Cámara de Representantes, el comando General de las Fuerzas Militares recibió un anónimo en el que se leía: «El M-19 planea tomarse el edifico de la Corte Suprema el jueves 17 de octubre, cuando los magistrados estén reunidos, tomándolos como rehenes al estilo de la Embajada de la República Dominicana. Harán fuertes exigencias al gobierno sobre diferentes aspectos, entre ellos el tratado de extradición»”[5].
El 23 de octubre, se produjo un atentado contra el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina en Bogotá, del cual salió ileso. El M-19 se adjudicó el hecho, a la vez, que mediante una cinta magnetofónica enviada a una cadena radial, alertó sobre la pronta ejecución de «algo de tanta trascendencia que el mundo quedaría sorprendido».
Las autoridades estaban informadas sobre el inminente peligro que corrían tanto magistrados como consejeros; y por eso el 30 de septiembre en el Consejo Nacional de Seguridad se optó por reforzar la vigilancia del Palacio con un oficial, un suboficial, veinte agentes ubicados en lugares estratégicos de la sede y varios escoltas personales asignados a cada uno de los magistrados, con excepción del doctor Ricardo Medina Moyano, quien solicitó no se le diera protección. Por la misma fecha, varios funcionarios del Palacio fueron conducidos a algunas dependencias oficiales con el fin de tomar un curso preventivo sobre como se debía actuar en caso de ataque terrorista y manejo de armas de corto alcance pues, según se les informó, había sido descubierto un plan subversivo que pretendía tomar por asalto el Palacio de Justicia.
Durante la semana anterior a la visita del mandatario francés efectuada a mediados de octubre del mismo año, la seguridad fue extrema, a tal punto, como lo narra una magistrada sobreviviente del Palacio, todo personal que laboraba en la sede debía identificarse el entrar y salir, incluso dentro del edificio debían portar su identificación en lugar visible. Sin embargo el martes cinco no se hizo presente el cuerpo especial de vigilancia, alegando tiempo después que se trataba del día nacional de la policía, pero el miércoles seis tampoco hubo vigilancia y nunca se dio una explicación coherente sobre las razones que motivaron el abrupto retiro de las consideradas urgentes medidas de seguridad.
El 12 de Noviembre de 1985 el Coronel Eduardo Arévalo, jefe de la Oficina de Prensa del Ministerio de Comunicaciones, expidió un comunicado en el que sostenía: «No tiene ningún fundamento las versiones propaladas primero por varias cadenas radiales y luego por algunos periódicos de Bogotá, en el sentido de que desde hacia cerca de un mes las autoridades habían tenido conocimiento de que se preparaba un ataque contra el Palacio de Justicia». Ese mismo día, el comandante del Primer Distrito, el teniente coronel de la Policía Pedro Antonio Herrera Miranda, comunicó a su superior el general José Luis Vargas Villegas, comandante del Departamento de Policía de Bogotá, que la vigilancia del Palacio había sido retirada por solicitud del presidente de la Corte Suprema, doctor Alfonso Reyes Echandía, quien de modo personal así lo formuló el 31 de octubre de 1985, a lo que él le sugirió trasladará su petición al comandante operativo de Bogotá, teniente coronel Gabriel Arbeláez Muñoz, quien lo corroboró diciendo que el 1º de noviembre el doctor Reyes le pidió retirar la vigilancia porque «ese alto organismo, signo de la democracia, estaba para atender a todo el público que deseará hacer su ingreso».
En el informe del teniente Coronel Herrera, presentado ante el Tribunal Especial de Instrucción, se lee lo siguiente:
« El día 31 de octubre de 1985, fui requerido por la señora Janneth, secretaria de la Presidencia de la Corte, a que hablara con el honorable magistrado Alfonso Reyes Echandía, un asunto especial. De inmediato me dirigí a su despacho, fui recibido por la citada secretaria y se me hizo pasar al despacho del doctor Reyes Echandía, quien me manifestó:
a). En vista de las múltiples protestas de magistrados y abogados debía retirar la vigilancia del personal armado de la Corte;
b). Este servicio en lo posible, se lo debería prestar durante las Plenarias, las cuales se realizaban por lo general los jueves, pero que sería bueno consultar con el Consejo de Estado para saber si compartían ese criterio; como no se logró la comunicación con ningún Consejero, se procedió a llamar a la doctora Inés, secretaria general de la Corte, que compartió la idea expuesta por el honorable magistrado Reyes Echandía; como está determinación no dependía de mí, pues era competencia del señor Teniente Coronel Arbeláez Muñoz, comandante del departamento, le rogué al doctor Reyes Echandía se comunicara con el citado oficial para el retiro del servicio».
En el informe del Teniente Coronel Gabriel Arbeláez Muñoz se lee:
« Respetuosamente me permito informar a mi General, que el día 01-11-85, la secretaria privada del doctor Reyes Echandía, me estuvo localizando para una charla conmigo, de parte del señor doctor; está se efectuó solicitándome que por favor le retirara el servicio personal que se encontraba de la fuerza disponible a la entrada del Palacio de Justicia, ya que ese alto organismo, signo de democracia, estaba para atender a todo el público que deseara hacer su ingreso; le hice varias observaciones, pero con su espíritu civilista continuaba manifestando el retiro del personal y que sólo se prestara con el servicio normal, por lo cual accedí sin antes dejarle en claro la situación de peligro que se venía y la amenaza que estaba recibiendo….»
Herminia Narváez de Tello, Secretaria del Magistrado Reyes Echandía ante el Juzgado 77 de Instrucción Criminal; folio 270 del cuaderno VIII B., declaró no haberse enterado nunca que el doctor Reyes hubiera dado la orden de suspender la seguridad ni por escrito ni telefónicamente. “Si lo hizo, debió haber sido desde la residencia de él. Me atrevo a asegurar que esa versión es absolutamente falsa porque si había alguna persona interesada en la seguridad del Palacio y de todos los integrantes de la Corte era el mismo doctor Reyes Echandía”. Hay un hecho muy diciente y es el siguiente: el día martes 5 de noviembre, cuando el doctor llegó, como todos habíamos observado la falta de vigilancia o de policía en el Palacio, con Yanneth, la secretaria de la Presidencia, le preguntamos al sargento de escolta del doctor, no sé el nombre, que qué había pasado con la vigilancia, con la policía, que por qué no había un solo policía en el Palacio y él nos contestó que la policía estaba de fiesta o de aniversario. Entonces si el doctor hubiera dado esa orden y yo no me hubiera enterado, Yanneth sí debía saberlo, puesto que ella era la que tramitaba absolutamente todo lo de Presidencia y no estaba enterada”[6].
En constancia aprobada por la Sala Plena de la Corte, el 4 de diciembre de 1985, se reafirma el comunicado enviado por los magistrados sobrevivientes:
«La Corte Suprema de Justicia, ante algunas manifestaciones hechas en diversos medios de comunicación, afirma categóricamente que ni su Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, ni ninguno de los señores Magistrados integrantes de la Corporación, solicitó la suspensión de los servicios de vigilancia que se prestaron en el Palacio de Justicia hasta el 4 de noviembre de 1985.
Justamente en las reuniones de la Sala Plena llevadas a cabo los días 24 y 31 de octubre y en las salas del gobierno, verificadas en la Corte, poco antes de los sucesos del 6 y 7 de noviembre, se insistió en la necesidad de que dicho servicio fuese mantenido ante las propias recomendaciones del Consejo de Seguridad que daban cuenta de las serias amenazas que se habían hecho a los Magistrados y el propósito enunciado de la toma violenta del Palacio de Justicia».
En la Cámara de Representantes, el 12 de diciembre se desarrolló un debate con motivo de la tragedia, ante el cual compareció el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, desmintiendo el desmentido de su oficina de prensa, al confirmar que el comando general de las Fuerzas Militares sí había recibido un anónimo el 16 de octubre en el que se daba cuenta del atentado y declaró que el presidente de la Corte había ordenado suspender la vigilancia.
El 13 de diciembre, la Corte Suprema lo desmintió diciendo: “Resulta inadmisible, que al presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, en vida, nadie le escuchará sus peticiones de diálogo y cese al fuego, para que después de muerto aparezcan personas cumpliendo celosamente imaginarías ordenes suyas”[7].
A finales de diciembre, el abogado Yesid Reyes Alvarado, hijo del presidente de la Corte, presentó ante el juez de Instrucción Criminal una denuncia contra los coroneles Gabriel Arbeláez Muñoz y Pedro Antonio Herrera Miranda por el delito de «falsedad ideológica de empleado oficial en documento público» y desmintió los comunicados emitidos por ellos, afirmando que el doctor Reyes Echandía estuvo en Bucaramanga del 31 de octubre al 2 de noviembre dando una charlas a varios abogados, lo que demuestra de forma categórica la falsedad de las afirmaciones hechas por los oficiales. A la denuncia, el abogado Reyes Alvarado adjuntó una certificación expedida por el Club del Comercio, en la que consta que su padre estuvo alojado allí, los días en cuestión. Así mismo, mediante testimonios juramentados contra la versión del coronel Herrera, dos secretarias lo contradicen y queda de manifiesto que los oficiales mienten. En el libro “Las Dos Tomas” de Manuel Vicente Peña, se expone como posible a razón para tales mentiras, el hecho gravísimo de que ésta fue una toma anunciada y el retiro de la seguridad buscaba garantizar el desarrollo del operativo por parte de la guerrilla, tenderle una trampa y eliminar a sus cabecillas dentro del Palacio aún a costa de la vida de los magistrados.
El Presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, en ampliación de su testimonio, declaró que en el mes de octubre tuvieron una reunión en los altos de la Relatoría del Consejo de Estado, con unos oficiales de la Policía -entre estos, el Coronel Herrera de la 4ª Estación- para discutir el plan de seguridad de los magistrados y de la edificación misma. “En esa reunión nos informaron que ante las amenazas de los organismos guerrilleros y de los narcotraficantes, el gobierno pensaba adoptar unas medidas especiales de seguridad”. Betancur, ante el hecho de que los militares sólo hacían referencia a la protección que se prestaría a los magistrados de la Corte, les hizo ver que allí funcionaban dos dependencias igualmente importantes y que tanto funcionarios de la Corte como del Consejo merecían protección.
“Cualquier medida que tocará con la seguridad de los funcionarios que allí laboraban, tenía que tomarse por fuerza de común acuerdo entre las dos corporaciones. (…) En esa misma reunión se nos informó que las fuerzas militares habían detectado un plan terrorista orientado a la toma del Palacio por parte de la guerrilla del M-19. (…)Se nos dijo que ese plan terrorista quería coincidir con la llegada del Presidente Mitterrand.(…) El martes 5 de noviembre, después del festivo del cuatro, el Palacio amaneció sólo con la poca vigilancia privada que teníamos en los últimos cuatro, cinco meses. Esa vigilancia privada se prestaba con muy poco personal y muy mal armada. Aunque carezco de conocimientos a este respecto, si puedo afirmar que las armas de dotación eran de un sólo tiro y parecían más bien escopetas de cacería; creo que de calibre 16. Algunos vigilantes ni siquiera portaban un revolver…Yo no tuve ninguna información sobre el retiro de la fuerza pública, ni por parte de los militares ni por parte del señor Presidente de la Corte.(…) En mi opinión el servicio policivo no se suspendió por petición de algún miembro de la Corte o del Consejo”[8].
El magistrado de la Sala Penal, doctor Luis Enrique Aldana Rozo, declaró que la seguridad había sido suspendida de forma inexplicable. Y sobre las versiones de prensa según las cuales, el presidente de la Corte había dado la orden de suspender la vigilancia, manifestó que esa afirmación era absolutamente falsa, puesto que la Corte en Pleno en una de sus reuniones de Sala Plena había destacado la necesidad de que la seguridad fuera rigurosa y permanente. Por su parte, el nuevo Presidente de la Corte, doctor Fernando Uribe Restrepo, rindió un testimonio bastante similar asegurando que no le parecía verosímil que tal solicitud se hubiera producido.
Todas las declaraciones recibidas que aluden a la suspensión de la vigilancia contradicen las aseveraciones hechas por miembros de la Policía y del Ejecito Nacional. Según la propia secretaria de Reyes, el Coronel Herrera nunca estuvo en el despacho del presidente de la Corte ni éste la llamó, como se asegura, para manifestarle su decisión de retirar las medidas de seguridad.
La declaración del señor ministro de Justicia, Enrique Parejo, rendida el 14 de abril de 1986, dice:
« A mediados de octubre trascendió, a través de la prensa escrita, la existencia de un plan de las guerrillas para tomarse el Palacio de Justicia. Por esa misma época, la Policía Nacional dispuso un servicio especial de agentes uniformados, para vigilar la citada edificación… Además el 25 de octubre, una vez elaborado por el DAS y la policía, los presidentes de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía y del Consejo de Estado, doctor Carlos Betancur Jaramillo, me entregaron en mi despacho el plan de seguridad… Tuve conocimiento de que tal protección se estaba prestando por información de la propia policía y de los presidentes de la Corte y del Consejo de Estado. El ministro de Justicia vino a saber que esa protección había sido retirada solamente el 8 de noviembre, después de iniciada la toma… Ignoro las razones que tuvo la policía para suspender la vigilancia del Palacio de Justicia. En la reunión con el doctor Reyes Echandía, el día 25 de octubre, él me expreso que algunos magistrados se sentían molestos por las medidas de seguridad tomadas, pero me exteriorizó su confianza de que terminarán aceptándolas, en vista de que se habían establecido, precisamente para proteger sus propias vidas ».
Por su parte, y en relación con el anónimo que daba cuenta de los planes subversivos de tomarse el Palacio de Justicia, el ministro de Defensa, manifestó: «Informé y ordene inmediatamente al director de la Policía Nacional: Póngame en forma inmediata servicio de seguridad en el Palacio de Justicia».
Ahora bien, frente al hecho evidente de que las fuerzas militares mienten y nunca se dio esa orden por parte de Reyes ni de ningún otro funcionario, cabría preguntarse por el interés que tenía el ejército en retirar la seguridad y luego esconder el hecho. Todo pareciera apuntar hacia la hipótesis lanzada por Peña en su libro, al decir que estaban al tanto de la toma del Palacio, preparados para repeler militarmente a los guerrilleros y seguros de que el Presidente no optaría por una salida política al conflicto o sería controlado por las fuerzas armadas. Además, tampoco se pueden desconocer las declaraciones extraoficiales de algunos prestantes ciudadanos que días antes de la toma, en una reunión celebrada en el Senado de la República en homenaje el ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, escucharon las voces airadas de algunos militares que de modo despectivo se referían a los consejeros y magistrados que los investigaban por torturas y violaciones a los derechos humanos, responsabilizándolos directamente del caso de la medica Olga López, tachándolos de aliados de la subversión.
El Consejo logró demostrar -más no proceder en consecuencia-, que el gobierno y las Fuerzas Armadas se encontraban al tanto de las amenazas contra los magistrados y de la ocupación que el M-19 pensaba ejecutar, la cual además había sido publicada en el diario El Siglo el 18 y el 25 de octubre y que el asunto de vigilancia había sido tratado el 30 de septiembre de 1985 en un Consejo de Seguridad con la DIJIN en el que se elaboró un estudio sobre el edifico poniendo de manifiesto todas aquellas dificultades que se hicieron públicas después de haber sido destruido; y quedó bajo expresa responsabilidad del director del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, y del director de la Policía Nacional, Víctor Delgado Mallarino, la seguridad del Palacio.
Respecto a la forma como se desarrolló el operativo de rescate del Palacio, el Consejo sostuvo que el gobierno reaccionó de tal manera que sin obedecer a un operativo estratégicamente estudiado y analizado, sin medir las múltiples y graves consecuencias que de todo orden podían derivarse no sólo para el propio Estado sino para las instituciones judiciales amenazadas, haciendo caso omiso de la vida e integridad de quienes sin ser protagonistas de violencia quedaron encerrados en la edificación ocupada y sin atender las llamadas angustiosas del presidente de la Corte, quien clamaba por un cese al fuego, se desconocieron elementales derechos estipulados en nuestra legislación y en diversos tratados internacionales. “La única respuesta en la práctica fueron más disparos, más violencia, más agresión, que sólo dejarían más muertos y, sobre todo, el sabor amargo de saber que la violencia militar había prevalecido sobre el respeto que, constitucionalmente, la fuerza pública les debía a los jueces y colaboradores, quienes sin otras armas que su dignidad y sabiduría jurídica, se hallaron a tan mala hora en el Palacio de Justicia. El uso de las armas oficiales fue exagerado e irresponsable, la actitud de las autoridades fue en extremo negligente, imprevisivo y desde luego, culposa”. El operativo desconoció los más elementales derechos humanos y los principios básicos del Derecho de Gentes por cuanto “se caracterizó por la desorganización, la improvisación, el desorden y la anarquía de las Fuerzas Armadas que intervinieron y la total ausencia de voluntad para rescatar con vida a los rehenes”[9]
De este modo, el Consejo de Estado consideró probada la responsabilidad del Estado y lo condenó por daño moral y patrimonial a las familias de los fallecidos y a quienes por encontrarse en ejercicio de sus funciones laborales, debieron padecer el horror de la toma y contaron con la fortuna de salir con vida. Y aún cuando algunos sobrevivientes y familiares de los más importantes servidores de la justicia que murieron ese día, fueron indemnizados con un pago simbólico, para muchos y, con razón, no compensatorio al valor irreparable de semejantes perdidas y más por el modo en que se dieron los hechos y por la actitud posterior del Estado que a base de mentiras, argucias y componendas intentó desconocer los derechos de estos ciudadanos. El pago no bastó porque para muchos lo más importante era que se destapara la verdad a la luz pública y se hiciera justicia, que los responsables de este magnicidio pagaran con una justa condena. Eso nunca sucedió. Más de 100 muertos, 12 personas desaparecidas, denuncias por intimidación y torturas ejercidas por parte de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, cerca de 500 personas afectadas por los hechos y ni un solo detenido. Ni uno solo, jamás.
¿Por qué se levantaron las medidas de seguridad de la sede del palacio de Justicia, justo un día entes de la toma?;¿Por qué, aún sobre las contradicciones entre las declaraciones por parte de funcionarios del Palacio y miembros de las Fuerzas Armadas, siendo claro que alguna de las partes mentía, nunca se desarrolló una investigación exhaustiva ni se determinó a la luz de los hechos en cuál de las partes podrían esconderse razones para la mentira?; ¿Por qué mintieron funcionarios de la Fuerzas Armadas, al decir que el Presidente de la Corte, doctor Alfonso Reyes Echandía, había dado la orden de suspender las medidas de seguridad y respecto al anónimo y los indicios que aseguraban se estaba fraguando un asalto armado al Palacio de Justicia?¿efectivamente se produjo un temporal golpe militar y Betancur se mantuvo en el poder a cambio de no interferir? ¿El M-19 sabía que se retiraría la seguridad? Y de ser así ¿cómo se entero?
En un documento que distribuyó el M-19 denominado “Convergencia, unidad y paz para una nación que desea nacer”, en las palabras de su líder Álvaro Fayad se lee lo siguiente: “Con o sin vigilancia nos habríamos tomado el Palacio de Justicia. Y no nos tomamos el Congreso porque tuviera vigilancia, sino porque se trataba de plantear una demanda y de plantearla ante un poder respetable”.
No obstante lo cierto es que las demandas planteadas por el M-19, impulsados por un espíritu nacionalista, como afirmaron después, incluía la derogación del tratado de extradición, lo que siembra dudas sobre la posibilidad de que existiera nexo entre el narcotráfico y la guerrilla M-19; sin embargo intereses comunes no significan acciones conjuntas y el Tribunal Especial descartó de tajo esta posibilidad. La única documentación que existe, al menos confiable, sobre estos vínculos se refiere al hecho de que en México a finales de 1984, Iván Marino Ospina declaró en una rueda de prensa que los extraditables debían cumplir con su promesa de matar a un norteamericano por cada colombiano extraditado. Estas palabras produjeron tal enojo en la cúpula del movimiento que dos meses después, Ospina fue relevado de la comandancia y degradado a combatiente raso. Sin embargo es bien sabido que uno de los fuertes del M-19 eran las relaciones públicas y que éstas, aún después del grave episodio de 1980 que impulsó la conformación del MAS incluía pactos de no agresión con los narcotraficantes, así que no resulta descabellado pensar como lo plantea Ana Carrigan en su libro “The palace of justicia; a colombian tragedy” que el M-19 hubiera compartido con ellos el plan de toma del Palacio, quizás con el fin de recibir apoyo en armamento a cambio de ejercer presión y lograr la caída de la extradición y luego hubiese sido traicionado por ellos.
El magistrado Hernando Tapias, sobreviviente de la toma declaró años después, que a los guerrilleros del M-19 no les interesaba la Sala Civil ni la laboral, “por eso no pasaron por los que estábamos en el tercer piso. A ellos sólo les importaba la Constitucional que era la encargada del tratado de extradición y la penal que estaba encargada de dar visto bueno a la extradición.
Pienso que la toma fue promovida por los narcotraficantes”[10]. Cierto o no, de leerse el conjunto de las evidencias, incluso lo referente a la acción de medicina forense que devela la diligencia con que se lavaron cadáveres y se agruparon, se borraron pruebas y se limpió el lugar antes de que llegaran los responsables de Instrucción Criminal de Cundinamarca como en su momento lo informó su directora al ministro Parejo, todo apunta a concluir que los más beneficiados con la tragedia fueron los narcotraficantes y el Ejército Nacional. Así mismo, no está demás señalar que incluso antes de que el Presidente de la República “asumiera” los hechos, de la Escuela de Caballería salían tanques cascabel y urutú con dirección al Palacio y el ministro de Defensa ya estaba al frente coordinando los operativos militares de contraataque[11]; por eso llegó tarde a la reunión de ministros. Una respuesta tan inmediata y rotunda, que devela la previsible ausencia de una opción negociada por parte del Ejecutivo, -no se podía repetir de ningún modo el episodio de la Embajada Dominicana- deja grandes dudas, y en su desmedida y pronta reacción militar, permite suponer que el plan era conocido y esperado; no simple respuesta al llamado “Plan Tricolor” de acción inmediata, aún cuando la improvisación en el desarrollo de la contratoma fue evidente.
En conclusión, y dentro de este contexto de supuestos, teniendo de presente las evidencias que señalan la existencia de las relaciones entre narcos y guerrilla- más no de alianzas- no estaría demás presumir que el M-19 de gestor del plan, pasó a ser el conejillo de una celada perfecta y discretamente orquestada, de ahí que se retirará la seguridad, y que la fuerza pública, declarada en contravía de las disposiciones vigentes que, en materia de derechos humanos apuntaban a la próxima destitución del ministro de Defensa y de otros altos mandos oficiales, viera en este acto una inmejorable oportunidad para acabar con la cúpula de la guerrilla más popular de todos los tiempos, cobrarles sus derrotas en el campo militar, como en Yarumales, y con las cabecillas muertas en su suicida ataque al Palacio, dejar al resto de la organización desprestigiada.
También acabarían con la vida de los magistrados a los que señalaban de títeres del comunismo, y -esto podría explicar el incendio- desaparecerían los archivos y expedientes de investigación en relación al caso de la médica Olga López y aquellos que señalaban sus nexos con los narcotraficantes; además al incinerar los cadáveres sería poco factible reconocer de donde provenían la balas que los mataron; aunque no lo lograron del todo, porque el departamento de balística del Instituto de Medicina Legal concluyó que los magistrados Manuel Gaona Cruz, Horacio Montoya Gil y José Eduardo Gnecco Correa entre otros, las auxiliares Aura Nieto Navarrete y Luz Estella Bernal y el presidente de la Corte doctor Alfonso Reyes Echandía murieron por acción militar, y los doctores Lisandro Romero Barrios y Carlos Horacio Urán fueron asesinados fuera del baño.
Y respecto al Ejecutivo, alguien le había recordado al presidente Betancur que en Colombia, se gobierna con los militares o no se gobierna del todo; y él también la tenía clara: «para ser buen gobernante, hay que ser buen carnicero».
Y respecto al Ejecutivo, alguien le había recordado al presidente Betancur que en Colombia, se gobierna con los militares o no se gobierna del todo; y él también la tenía clara: «para ser buen gobernante, hay que ser buen carnicero».
Resulta evidente que la cúpula del ejército conocía los planes de la guerrilla de tomar por asalto el Palacio, sino por qué las contradicciones, las mentiras y la celeridad con la que se procedió militarmente sin dar tiempo a una salida negociada?
María Almarales, compañera de Andrés, declaró varios años después que el M-19 cometió un grave error de cálculo con la toma, pues el fallido atentado contra el general Samudio meses antes, así como las recientes derrotas militares sufridas por el ejército lo tenían con la moral por el suelo, lo que pronosticaba una feroz contratoma. “El ejército sabía sobre la toma, sino cómo se explica el despeje del Palacio el día de la toma. Sin duda hubo una fuga de información”.
El escritor y periodista Ramón Jimeno, en su libro Noche de lobos, sostiene que tras el "juicio excepcional" que el M-19 pretendía hacerle al mandatario, estaba la intención de formar un nuevo gobierno. Era como agitar un trapo rojo frente a un toro bravo —dice— pues ni las elites del país ni el ejército estaban dispuestos a aceptar que se diera tratamiento de triunfadores a quienes, según ellos, habían sido derrotados en el campo de batalla. Aislado, Betancur optó por dejar que los militares aplastaran a los rebeldes aún a costa de la vida de sus propios funcionarios. Veintiocho horas después de iniciada la toma, unos 115 cuerpos yacían en los escombros del destruido Palacio de Justicia bogotano. En perspectiva —concluye Jimeno— tales acontecimientos no sólo señalarían el completo descrédito de los esfuerzos de paz sino que abrirían paso al clima de impunidad y descontrol militar que lanzó a Colombia por los caminos de la guerra sucia. Once años después, desdichadamente, las víctimas de la violencia política colombiana siguen contándose por decenas”[12]
EL INCENDIO.
“El fuego fue provocado intencionalmente, concluyó el juzgado 30 de Instrucción Criminal en 1989, de acuerdo a las pruebas recaudadas, sin embargo no se logró precisar técnicamente cuales fueron sus causas y quienes sus autores”[13]. No se encontraron huellas de combustible según declararon peritos químicos forenses, funcionarios de Medicina Legal y del Departamento de Criminalística, lo que hace suponer que se produjo por efecto de los rockets. «Las fuerzas Armadas actuaron con negligencia para controlarlo», concluyó el Tribunal. El perito Fernando Ospina Hernández declaró que “si se usaron armas de carácter incendiario.., los rastros posiblemente fueron borrados por la limpieza a que fue sometida la planta física del edificio”[14].
Igualmente se concluye que fueron varios los focos que originaron la conflagración.
Según el informe de criminalística, el incendio se inició en la biblioteca que se ubicaba en el primer piso del edificio, aproximadamente a las cuatro de la tarde, cuando ese piso estaba bajo completo control de los militares; sin embargo, en vez de ser contenido se propagó. Dentro del posterior proceso de investigación sobre los hechos de Palacio, los peritos del Instituto de Medicina Legal concluyeron: “Dentro de las muestra recogidas en el Palacio se relacionaron unos pedazos de vidrio de seguridad de los ventanales semihundidos o ablandados por el calor; el vidrio común se funde a 1.000 grados centígrados; algunos vidrios se ablandan a 810 grados centígrados, esto da una idea de las altas temperaturas alcanzadas”.
La fuerza del incendio cambió las condiciones de permanencia de las personas; combatientes y civiles, que se encontraban en el Palacio, obligando a varios de los rehenes, sobre todo los que se hallaban en el tercer piso, a salir de sus refugios para evitar la muerte por asfixia o por incineración. No tenían la más mínima oportunidad de sobrevivir de haberse quedado ocultos al interior del Palacio.
“La edificación, cuya construcción había sido objeto de enorme controversia porque rompía la armonía arquitectónica de la Plaza de Bolívar, era una fortaleza inexpugnable. La coraza de concreto que se ve desde el exterior, es en realidad, una muralla separada algunos metros del edificio interior, al cual se accede sólo por dos entradas, la de la plaza de Bolívar y la del sótano de la carrera octava. El carácter fortificado de la edificación que hacía imposible el acceso por las ventanas, sumado al hecho de que sólo había dos entradas, le daban una ventaja militar a quien estuviera adentro o anulaba cualquier posibilidad de fuga.
Por otro lado, atrincherarse en la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, dos de las instituciones más prestigiosas del país, tenía un gran valor simbólico desde el punto de vista político. Una consideración adicional de no poca importancia era la de que la respetabilidad de la envestidura de los más altos dignatarios de la justicia del país, los hacía rehenes inmejorables, pues los guerrilleros asumían que el gobierno no pondría en peligro personas de esta talla” [15]
El magistrado Hernando Tapias Rocha declaró haber visto a varios guerrilleros, tratando de apagar el fuego y el abogado Héctor Darío Correa declaró estar presente cuando algunos guerrilleros informaron al comandante Almarales sobre el incendio, diciendo que los querían sacar a punta de candela. Para el magistrado Humberto Murcia Ballén el incendio pudo haber sido provocado por la utilización de armas pesadas por parte de las Fuerzas Armadas coincidiendo con el Tribunal Especial que declaró no haber encontrado pruebas de que los guerrilleros provocaron el incendio, y en cambio, no descartó la posibilidad de que éste se hubiese producido por acción militar.
La percepción que tuvieron varios rehenes de que el ejército no estaba interesado en aplacar el fuego, se confirmó cuando días después varios testigos afirmaron que en la carrera séptima a la altura de la calle 12, algunos militares impidieron el paso de un camión de bomberos, de modo que sólo pudo llegar cuando la mayor parte del Palacio de Justicia ya había sido consumido por el fuego.
Para la memoria quedó la imagen del palacio envuelto en llamas, un tanque de guerra derribando la entrada de mármol y bronce en la que se leía “Colombianos, las armas os ha dado la independencia, las leyes os darán la libertad. Santander”, un operativo militar sin precedentes en la historia nacional que mantuvo en vilo a toda la comunidad durante 28 horas ininterrumpidas sobre la suerte que podrían correr los altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, quienes, cercados por las balas y atrapados por el fuego, saldaron con sus vidas la osadía de todos: de una guerrilla que se atrevió a profanar el templo de la justicia para con arbitrariedad clamar por justicia y verdad, de un Estado que sacrificó a sus servidores sin hacer el menor intento, en consideración de sus vidas, por buscar una salida negociada, y de un ejército indolente que guiado por razones oscuras de su cúpula, masacró a tantos y tan valiosas vidas inocentes.
¿Por qué le convenía al M-19 propiciar un incendio? ¿Quería autoinmolarse?; ¿Por qué le convenía al ejército provocar un incendio? ¿Querían desaparecer archivos, expedientes, pruebas de balística y de desmanes ocurridos durante el operativo de contratoma?
OPERACIÓN RASTRILLO
En las primeras horas del jueves se inicia la más cruenta ofensiva militar conocida como «Operación Rastrillo», que arremete violentamente con rockets contra el baño donde se encuentran los rehenes y los contados guerrilleros que han sobrevivido a la masacre; el doctor Arciniegas, enviado como emisario para dar parte sobre el estado de los rehenes termina por delatar su posición y el ejército tras derribar parcialmente la pared del baño empieza a lanzar granadas y cañonazos sin contemplaciones de ninguna índole.
Magalis María Arévalo, empleada y sobreviviente del Palacio, declaró a la Procuraduría y al juez 30 de instrucción criminal, que ante los disparos que provenían de afuera “el doctor Gaona Cruz gritaba cada al ejército que los guerrilleros no nos dejaban salir, que estábamos perdidos. La respuesta del ejército era el continuo disparar. Los rehenes seguíamos implorando que teníamos hijos, que nos dejaran salir. Al grupo guerrillero se le había acabado la munición, ya no podían disparar y las balas del ejército daban contra las paredes del baño. El ejército tiraba balas, granadas contra la pared del baño, se abrió un hueco allí, en toda la esquina del baño, y por ese hueco el ejército no dejó de disparar”. Este testimonio coincide con el de Héctor Fabio Correa, quien declaró que “gritaban que eran rehenes, que pararan el fuego, que no les masacraran, pero el ejército respondía con una tremenda balacera, comenzaron a disparar los tanques hacía el baño donde ellos estaban, los guerrilleros tenían poca munición. Se cayeron pedazos del techo, las paredes y los espejos. Un magistrado del Consejo de Estado gritaba al Ejército que por favor no lo mataran, que tenía cinco hijos. En ese momento se oyó una gran detonación, algo entró por un boquete que el ejército había hecho, era una granada que mató a un magistrado e hirió a otros”. Los testimonios de Hernando Tapias, Jorge Valencia Arango y otros sobrevivientes que declararon de manera independiente ante la Procuraduría, el juez 30 de instrucción criminal y el Tribunal Especial, sostienen igualmente que ante los clamores de los rehenes, el ejército siempre respondió con balas, y que el jueves cuando se intensificó la ofensiva militar con la «Operación Rastrillo», los guerrilleros carecían de municiones.
Además, existen grabaciones no recuperadas en las cuales se escucha al comandante Arias Cabrales responder a un coronel lo siguiente: « No puede ser que haya tanta gente en el baño, y si la hay, no importa, les hacemos un monumento después. ¡Vuélenlo!. El mismo oficial negó se hubieran empleado rockets, lanza cohetes, granadas o cañonazos desde el tanque Cascabel, sin embargo los testigos dicen otra cosa, al igual que las imágenes de televisión, la destrucción de la edificación y algunos oficiales bajo su mando: “El sargento segundo de artillería Ariel Grajales declaró en el Juzgado 30 que él había disparado uno de los rockets contra la pared exterior de los baños; el mayor Carlos Fracica Naranjo declaró que se usaron granadas de fragmentación dirigidas al entrepiso donde se localizaba el referido baño, afirmando que el fin era reducir la resistencia de la guerrilla. El sobreviviente, José Gabriel Salóm Beltrán, halló que sus lesiones habían sido producidas por la fragmentación del revestimiento metálico de un rocket AT-M72”[16], y convaleciente intentó ser sacado en ambulancia fantasma del hospital; posteriormente tuvo que abandonar el país por amenazas. El dictamen de Medicina Legal, también concluyó que los disparos que le ocasionaron la muerte al magistrado Manuel Gaona Cruz provenían de un sector en el que sólo se encontraba el ejército; además para ese momento, la guerrilla ya carecía de municiones.
El Coronel Plazas Vega, declaró que la orden de ingresar al Palacio con los tanques fue del General Arias Cabrales, por orden directa del General Samudio y por supuesto del ministro de Defensa y del mismo Presidente de la República quien ese mismo día “asumió” la responsabilidad de los hechos a través de los medios de comunicación, para retractarse días después alegando desconocer lo referente a estrategias militares. Cabrales también ha manifestado en repetidas oportunidades que nunca se le dio la orden de cese al fuego.
El magistrado Hernando Tapias declaró al canal argentino Infinito lo siguiente: “…Siendo las cinco de la mañana, entró un herido con un pequeño transistor y oímos una noticia que decía al país que todos los rehenes habían sido evacuados y solo quedaban los guerrilleros y que por lo mismo el gobierno había ordenado la «Operación Rastrillo» Cuando oímos eso quedamos sin saber que decir. Los magistrados que estábamos allí propiciamos una conversación con Almarales para que se rindiera garantizándole que nosotros serviríamos de garantes para que su vida y derechos fuesen respetados La posición de Almarales de que el eme no se rinde fue enfática. …Al final aceptó enviar un emisario, y nosotros, los magistrados gritamos varias veces a voz en cuello al ejército que cesara de disparar que habían heridos, que éramos magistrados de la corte suprema de justicia. El resultado fue deprimente porque la única respuesta consistió en más disparos y más fuertes…” y en entrevista concedida a dos estudiantes de la Universidad Javeriana sostiene: “No puedo decir que el ejército entró a matarnos, pero es claro que no hizo nada por preservar la vida de los magistrados. El ejército pensaba en acabar con el M-19 porque no hacía mucho tiempo en el Cauca el presidente dio la orden de alto al fuego cuando estaban a punto de acabar con el grupo insurgente”.
Algunos de los magistrados sobrevivientes entre ellos, Aydé Anzola Linares, Reinaldo Arciniegas, Humberto Murcia Ballén, “criticaron la falta de dialogo para buscar soluciones pacíficas a la toma terrorista a pesar de los angustiosos llamados hechos por los rehenes”.
El abogado Humberto Criales de la Rosa indicó que “faltó un tratamiento más político por parte del gobierno que se redujo al uso de la fuerza, pudiendo haber evitado el sacrificio de magistrados, la masacre de civiles y la destrucción de la mitad del Poder Judicial. No había necesidad de introducir tanques de guerra ni de convertir todo en una simple operación militar, habiendo de por medio la suerte de 500 civiles y despreciando la solicitud angustiosa del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía que pedía el cese al fuego”. El ataque hubiera sido contra el Congreso y no contra la Corte de Justicia, el gobierno habría procedido de manera más prudente”. El abogado anunció que pediría a la Procuraduría una investigación sobre el sepulcral silencio que guardó el presidente Betancur durante 27 horas y sobre las responsabilidades que tiene el gobierno en esta situación que culminó con el sacrificio de las vidas de un centenar de personas, entre ellas catorce magistrados en medio de un completo desconocimiento de las normas internacionales.
A la luz del DIH se violaron el tratado de Ginebra y el Protocolo II tanto por parte de guerrilleros del M-19 como por miembros de la fuerza pública; así como el tratado de La Haya sobre el derecho de los combatientes. Estos tratados se refieren a los derechos y obligaciones en los conflictos armados, como al control en el uso de ciertas armas o respecto al trato que deben recibir los prisioneros de guerra. Los derechos humanos – que no se aplican en conflicto armado-, se violaron por desaparición forzada y por tortura en el caso de los estudiantes, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matzon, quienes fueron conducidos a instalaciones militares donde fueron sometidos a crueles interrogatorios hasta que se comprobaron sus identidades. Sin embargo sus nombres jamás aparecieran registrados en la lista de las personas evacuadas de la zona de combate ni en el registro de los detenidos como sospechosos de pertenecer a la guerrilla.
El principio de distinción fue violado por el M-19 por la aprehensión de rehenes civiles ajenos al conflicto armado. El artículo 3º común a los convenios de Ginebra y el artículo 4º del Protocolo II adicional a dichos convenios, prohíbe de forma contundente la toma de rehenes aún en situaciones de conflicto armado no internacional. Este principio también fue vulnerado por parte de los miembros del Ejército Nacional que participaron en la contratoma por no distinguir entre civiles y combatientes cuando pretendieron con un ataque indiscriminado rescatar el Palacio de manos de los subversivos. Lanzaron su arsenal militar, dispararon en igual medida contra magistrados, guerrilleros y demás rehenes, tal como lo evidencia el trágico saldo de muertos civiles y las declaraciones por parte de algunos sobrevivientes. Su accionar también violó el principio de proporcionalidad por cuanto se emplearon métodos de guerra capaces de causar pérdidas innecesarias, no se protegió a los inocentes y se causaron sufrimientos excesivos. El principio de limitación fue desconocido por la excesiva cantidad de material bélico empleado en la operación de rescate, la voladura de paredes, el ingreso de varios tanques cascabel, el asalto de miembros del GOES y cuerpo Elite que entraron por la azotea y tomaron el cuarto piso disparando sin observancia alguna, lo que produjo, según se concluye, la muerte del Presidente de la Corte Suprema, doctor Alfonso Reyes Echandía, los magistrados Ricardo Medina Moyano, Fabio Calderón Botero, Darío Velásquez Gaviria, Emiro Sandoval Huertas, José Gnecco Correa, Pedro Elías Serrano Abadia, Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín y Fanny González Franco, las secretarias que se encontraban allí presentes y los comandantes del operativo Luis Otero, Alfonso Jacquin y Elvencio Ruiz. Y si bien este hecho se mantuvo silenciado durante varias horas y el general Mallarino, sostuvo al hijo del inmolado presidente de la Corte que su padre se encontraba bien y que incluso habían tenido comunicación, fueron las pruebas de balística, aunque sus resultados trataron de ser manipulados, las que demostraron que el doctor Reyes Echandía murió el miércoles seis a causa de una bala blindada calibre 9 Mm. qué perforó su caja toráxica y le causó la muerte instantánea. Aún cuando fue imposible realizar cotejo balístico, si se pudo determinar que las balas no pertenecían a las armas de la guerrilla, coincidían con las que emplean las autoridades y por los esquemas de posición se pudo determinar la dirección de donde provenían los proyectiles, y en algunos casos, como en el de Aura Nieto, se pudo concluir que se realizaron disparos a muy corta distancia, incluso a quemarropa.
El 20 de junio de 1986 el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, denunció ante la Cámara de Representantes al Presidente de la República, Belisario Betancur, y a su Ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, “…por su acción y/u omisión en relación con el personal civil, rehenes o no, atrapado y no evacuado en las instalaciones del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985, como consecuencia y en desarrollo de la ocupación violenta de dicha edificación por el movimiento guerrillero M-19 y durante el combate librado para su recuperación”.
La procuraduría señaló en su informe que la toma del Palacio fue «un acto de guerra… La ofensiva demostrada por el ejército no podía tener como objeto la protección de los rehenes, sino, por el contrario, afianzar la capacidad de ataque de las Fuerzas Armadas» Así mismo señala: “El derecho de gentes tiene carácter consuetudinario, no escrito, y se basa en los valores jurídicos y sentimientos humanitarios de los pueblos civilizados y en la práctica que ellos han ido generando a lo largo de la historia. Todos estos comparten el deber de respeto a la vida e integridad personal de los presos políticos de guerra y de los heridos tanto de las Fuerzas Armadas, como de los rehenes enemigos en poder propio. El artículo 121 de la Constitución Política establece que bajo el estado de sitio, que entonces y desde antes de los hechos de la toma del Palacio de Justicia vivimos por obra del Decreto número 1038 de 1984 (mayo 1º), el gobierno tiene, además de las facultades legales, las del Derecho de Gentes”[17].
El 31 de enero de 1989, juez 30 de Instrucción Criminal, en constancia procesal determinó que tanto el M-19 como la fuerza pública violaron el Derecho Internacional Humanitario consignado en los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1979.
OBSTRUCCIÓN A LAS INVESTIGACIONES
Entre las muchas trabas que se sucedieron ese día, antes y después de la toma, incluso en lo referente al tema de las desapariciones que nunca se aclararon, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Especial de Investigación, señalaron algunos de esos errores y desafueros que obstruyeron la labor de investigación.
1. Antes de que llegaran al lugar de los hechos los funcionarios correspondientes para el desarrollo de la investigación pertinente, altos mandos castrenses habían ordenado la incautación de las armas y demás material de guerra empleado por el M-19, lo que se hizo despojando a los cadáveres, que no fueron calcinados, de sus ropas y pertenencias. También se dispuso el traslado de los cuerpos a un patio de la edificación, “donde algunos de los muertos fueron sometidos a cuidadosos lavados”[18]
2. Indiscriminadamente fueron apilados despojos mortales y se cambio de ubicación cadáveres y objetos, destruyendo las huellas, eliminando pruebas, y dejando sin oportunidad de esclarecimiento algunos aspectos trascendentales.
3. El procedimiento afanoso por parte de uniformados de limpiar algunos escombros, hizo posible que hasta huesos humanos terminaron tirados en la basura.
4. El juez 78 de Instrucción Penal Militar, Darío Morales, dio sepultura en tumba colectiva a varios cadáveres levantados en el Palacio. Hay razones para creer que por lo menos fueron 27 los cuerpos inhumados en montón. Como lo anotó el Tribunal Especial «No se descarta que una de las dificultades para esclarecer el problema de los llamados desaparecidos, tenga relación con haber dado sepultura en fosa común a un grupo de cadáveres”. Y luego concluye:
“Huellas de desmanes quedaron: se lavaron y amontonaron los cadáveres contra toda práctica judicial; se hicieron disparos a contacto -sugiriendo homicidios fuera de combate-; se barrieron rápidamente todas las áreas del Palacio, se desvalijaron la mayoría de los carros abandonados en los sótanos” [19]
La Procuraduría y el Tribunal Especial coincidieron con este informe, y varios representantes del Instituto de Medicina Legal declararon que se les impidió cumplir con su deber, pues el sitio fue lavado antes de su llegada, y aunque la señora Amelia Mantilla testificó haber presenciado el momento en el que varios soldados procedieron a incinerar varios cuerpos entre los que se encontraba el del presidente de la Corte, nunca se reseñó a nadie ni se impulsaron las debidas investigaciones. Para el Procurador Jiménez Gómez constituyen “violaciones de elementales normas del Código de Procedimiento Penal”[20]
Iván Motta Motta, secretario de Asonal Judicial, vocero de los jueces declaró. “quienes estaban al mando del operativo militar, una vez sucedidos los hechos, no permitieron la actuación de quienes por mandato legal, debían investigar los hechos de Palacio. A los jueces de instrucción criminal que estaban ese día en turno, el estamento militar no les permitió el levantamiento de los cadáveres ni la recopilación de pruebas, violándose así, el principio de juridicidad y del propio Estado de Derecho. (…) Hay que recordar que el Palacio fue barrido el día 7 de noviembre, por una empresa de aseo, creo que Serviaseo y los cuerpos fueron lavados”.
En otro estudio se afirma: “Los reconocimientos de los cadáveres calcinados fueron apresurados, imprecisos, vagos, arbitrarios y en ningún momento se apoyaron en procedimientos o técnicas científicas, lo cual indica serias dudas sobre la veracidad de muchas identidades. Por ello afirmamos que el caso del Palacio de Justicia es un caso paradigmático para la Antropología Forense”[21]
Según declaró el doctor Egon Lichtenberger, director del Instituto de Medicina Legal, se enviaron 38 cadáveres a fosa común por orden del juez 78 de Instrucción Penal Militar, justificando tal decisión con el argumento de que el general José Luis Vargas Villegas, comandante del departamento de Policía de Bogotá le manifestó que el M-19 preparaba un asalto a las instalaciones de Medicina Legal con el propósito de recuperar los restos de sus compañeros caídos en la toma; por lo que era necesario inhumarlos de inmediato.
Los magistrados manifestaron que la decisión de dar sepultura en fosa común a varios cadáveres sin identificación no era procedente porque interrumpía el proceso de reconocimiento por parte de familiares y allegados; y si se trataba de un caso de orden público, justificación poco creíble, bastaba con movilizar miembros de la fuerza pública para vigilancia de la sede. Del mismo modo queda claro que el juez 78 carecía de las facultades legales para semejante disposición como se anota en el Diario Oficial de 1986, “…el Estado no tiene libre disposición de los cadáveres de las personas…”; y aún así el gobierno ordenó que no fuesen entregados los cadáveres de los guerrilleros caídos impidiéndose el acceso de los familiares a las instalaciones de medicina legal.
Cuando María Almarales se enteró que su compañero iba a ser enterrado en fosa común, habló con muchas personas sobre sus intenciones de ir al Palacio a rescatarlo, pero le dijeron que era una locura, que el país estaba en guerra, en golpe de estado y que nadie respondería por su vida. Esa noche el cadáver de Almarales fue robado por personas allegadas a la causa y guardado en un congelador. El sábado fue entregado a un juez, y cuando María quiso darle sepultura en un cementerio del norte, el ejército se lo impidió, y sus restos fueron llevados al cementerio central; no fue posible velarlo porque según se le informó se podían producir incidentes de orden público.
DESAPARECIDOS
Doce personas desaparecieron del Palacio de justicia durante la toma, incluyendo a Irma Franco Pineda, a quien, según testigos, los militares señalaron como guerrillera cuando ésta salió viva del Palacio y fue conducida a la Casa del Florero. “Al entrar venía acosada por miembros del ejército que la declararon guerrillera”, afirmaron los testigos. Después fue sacada a la fuerza del Museo y subida a un jeep verde Nissan Patrol por varios uniformados. Por otra parte, un testigo reconoció entre los retenidos en la Casa del Florero al conductor José Eduardo Medina Garavito, quien posteriormente apareció muerto en el Palacio, “algunos creen que fue asesinado y posteriormente conducido su cadáver al interior para hacerle aparecer entre las víctimas”.
Bernardo Beltrán, al igual que otros sobrevivientes, fue conducido a la Casa del Florero por orden del coronel Sánchez Pubiano, según versiones de testigos y luego desapareció.
El Tribunal afirmó que Irma Franco fue “sacada del Museo y embarcada en un campero sin que hasta hoy se tenga noticia de su paradero”. La procuraduría en su informe declaró que había sido probada la versión de los testigos que la vieron salir con vida del Palacio y entrar en la Casa del Florero. “El Ministerio Público incluyó su nombre entre las personas que «habiendo sido vistas después de su evacuación, no aparecen”.[22]. Y si bien es cierto que algunos restos habrían terminado en las bolsas de basura o inhumados, como bien lo señaló la Defensoría del Pueblo respecto al dudoso e inadecuado manejo que se dio en el proceso de investigación; los que salieron con vida y fueron vistos, ¿a dónde fueron a parar?
El Tribunal afirmó que Irma Franco fue “sacada del Museo y embarcada en un campero sin que hasta hoy se tenga noticia de su paradero”. La procuraduría en su informe declaró que había sido probada la versión de los testigos que la vieron salir con vida del Palacio y entrar en la Casa del Florero. “El Ministerio Público incluyó su nombre entre las personas que «habiendo sido vistas después de su evacuación, no aparecen”.[22]. Y si bien es cierto que algunos restos habrían terminado en las bolsas de basura o inhumados, como bien lo señaló la Defensoría del Pueblo respecto al dudoso e inadecuado manejo que se dio en el proceso de investigación; los que salieron con vida y fueron vistos, ¿a dónde fueron a parar?
El magistrado Hernando Tapias aseguró que ante la oportunidad que les brindo Almarales de salir a los heridos y mujeres, vio que las guerrilleras Clara Elena Enciso e Irma Franco se vistieron de civiles y salieron vivas e ilesas del Palacio. La magistrada auxiliar de la Corte, Helena Gutiérrez Romero, en diligencia de reconocimiento fotográfico, aceptó haber visto a Irma Franco en la casa del Florero al igual que los señores Cesar de la Cruz Lara y Pedro León Acosta, empleados del museo.
Héctor Darío Correa, citador de la sala Constitucional de la Corte relató que estando dentro del Palacio fue confundido con un guerrillero porque vestía pantalón caqui y se había quitado la corbata por el calor del incendio. “quedé en manos de unos soldados porque no había ninguna persona de mayor rango, estaban como locos porque habían cogido a un guerrillero, me maltrataron, me insultaron y me daban patadas y golpes por pura sospecha… Yo lloraba y les pedía que no me mataran-. Cuando llegamos al museo le preguntaron a las personas retenidas si me conocían, pero todas decían que no porque yo llevaba sólo dos días trabajando en el Palacio. Me subieron al segundo piso y le preguntaron a Irma Franco si yo era guerrillero -la reconocí porque había estado en el baño donde nos retuvieron-, y ella respondió que no. En la tarde apareció el jefe de escolta del Doctor Patiño Roselli quien me reconoció. Le dije que estaba en calidad de guerrillero, entonces él se fue y regresó con dos militares y les dijo- yo respondo por ese muchacho, él trabaja hace poco en la Corte y por eso nadie lo conoce-; dicho esto, me regresaron los papeles, me dieron asistencia médica y me permitieron ingresar a la lista de las personas recuperadas del Palacio de Justicia”[23].
El señor Jorge Franco Pineda, supo que su hermana estuvo en la toma y salió con vida porque la vio a través de un noticiero y porque ese mismo día recibió la llamada de un soldado que le informó que ella se encontraba retenida en la Casa del Florero; luego supo que había sido trasladada a la Escuela de Caballería de Usaquén y tras una semana de infructuoso esfuerzo por contactarla, un oficial le informó que estaba retenida y que se le seguiría un proceso normal. Después de varios días de no volver a tener noticias, recibió la llamada de un joven militar, quien le contó que Irma le había dado el número y que él lo había anotado con la punta de una bala en su cartuchera, para que informará a su familia donde se encontraba; no obstante cuando la familia se dirigió a esa dependencia militar les negaron toda información. Después de seis meses de buscarla y de recibir toda clase de informes y evasivas, un militar cercano a la familia Pineda, bajo efectos del licor se decidió a hablar y le dijo a Jorge “es la primera y última vez que le voy a hablar sobre el tema de su hermana. Ella duró exactamente ocho días en el sitio de reclusión, luego todos fueron ejecutados; algunos los llevaron a la fosa común del cementerio sur, y a ella y a otra muchacha las llevaron a otro sitio”[24]. La familia denunció el hecho ante la Cámara de Representantes y la Procuraduría, a la cabeza de Alfonso Gómez Méndez, ordenó el 28 de septiembre de 1990 la destitución del comandante del B-2 de inteligencia militar, Coronel Edilberto Sánchez Rubiano por tortura; posteriormente la Justicia Penal Militar lo absolvió bajo el principio de obediencia debida.
El oficial Ricardo Gámez Mazuera declaró ante la procuraduría que algunos sobrevivientes fueron torturados y asesinados, incluyendo al comandante guerrillero Andrés Almarales Manga bajo las órdenes del entonces Coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería. En su declaración con copia a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, al Ministerio de Justicia, al Juzgado 26 de Instrucción Criminal, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y a la Comisión Episcopal por la vida, la justicia y la paz, y con firma reconocida por el notario Darío Caicedo Trujillo, notario diecisiete, se lee:
“Como participante activo en tareas de inteligencia durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, los días seis y siete de noviembre de 1985, doy testimonio de lo siguiente:
1.La señora Ruth Mariela Zuluaga de Correa, secretaria del magistrado Carlos Medellín, fue sacada del Palacio y llevada con quemaduras graves al hospital Simón Bolívar, donde fue atendida por el doctor Cristóbal Sastoque Melani, jefe del pabellón de quemados. Algunos informes dieron cuenta que habían sacado una guerrillera y la tenían en el hospital Simón Bolívar. Fue enviado el sargento Juan, de apellido posiblemente Rodríguez (…) con tres soldados del S-2 para sacarla del hospital y llevarla a Escuela de caballería. El doctor Sastoque se opuso, pero el sargento lo presionó diciéndole que sería acusado de cómplice; entonces accedió y la señora fue llevada a la escuela donde fue sometida a torturas, golpeándola con guantes de caucho mojados sobre las quemaduras. La señora murió en medio de la torturas.
2. El señor Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio, salió de este y fue llevado a la casa del Florero sin ninguna lesión. De allí fue enviado a la escuela de Caballería por orden del Coronel Alfonso Plazas Vega, quien dio las siguientes instrucciones: «me lo trabajan y cada dos horas me dan informe». El Coronel se basó en la hipótesis de que en la cafetería del Palacio se habían escondido armas previamente al asalto y por ello ordenó fuera torturado por cómplice. El señor Rodríguez fue sometido a torturas durante cuatro días, sin que se le suministrara alimento o bebida. Fue colgado varias veces de los pulgares y golpeado violentamente en los testículos mientras colgaba; le introdujeron agujas en las uñas y luego se las arrancaron. El siempre manifestó que no sabía nada de nada. (…) Murió durante las torturas y su cadáver fue enterrado en secreto, probablemente en “los polvorines” cerca al sitio donde se hace polígono en la misma escuela. (Anexa planos a la declaración)
3. El día 7 de noviembre, en la mañana, el señor Andrés Almarales, del comando superior del M-19, fue sacado con vida del Palacio con una herida en una pierna y trasladado en ambulancia a la Escuela de Apoyo y Logística donde funciona el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”. Allí fue asesinado y su cadáver devuelto al Palacio para ser sacado entre los muertos. A esto cabe agregar que las pruebas de balística demuestran que murió a causa de un disparó perpetrado a quemarropa en la sien derecha. Igualmente María Almarales, aseguró haber visto por televisión cuando Andrés salió con vida del Palacio. “Yo ahí mismo pensé: lo cogieron ya, pero qué hacemos, en la cárcel lo volvemos a ver. Salió cojeando y todo pero salió vivo. Afuera lo montaron en una ambulancia, y mientras le daban la vuelta a la manzana le dieron el tiro de gracia. Regresaron el cuerpo y lo tiraron en la azotea donde estaban los otros cadáveres”[25].
El oficial Gámez Mazuera fue amenazado y pidió asilo en un país europeo.
En un casete presentado por Carlos Arturo Guana Aguirre, abogado asesor de la Procuraduría General que se menciona en el folio 454 del c.p, y que permaneció durante algunos años en la caja fuerte de la Secretaría del Tribunal de Inspección Criminal, se escuchan las declaraciones de un grupo de agentes del B-2, informando que un número aproximado de doce personas fueron conducidas a las instalaciones de la Escuela de Caballería del Cantón Norte y de la Brigada de Institutos Militares al norte de Bogotá, donde fueron torturadas y luego asesinadas.
“Dentro de las preguntas que nosotros presenciamos, por orden directa de mi Coronel Plazas Vega, a uno de los tres subversivos se le quiso hacer firmar un acta, una carta donde decía que habían recibido tres millones de pesos del narcotráfico para comprar parte del material de guerra que se uso en el operativo y para financiar la operación. El subversivo que no quiso suministrar datos, respondió con un madrazo, … aunque ya estaba en estado delicado de salud por las torturas que se le habían hecho; fue sacado, golpeado y ahogado en los bebederos de las caballos en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas donde llevan a los retenidos; este individuo se movió algunos segundos, pero con los golpes que se le dieron en la parte baja de los riñones quedó ahí tirado; nosotros pensamos que fue el primer muerto de esas personas”.
“Dentro de las preguntas que nosotros presenciamos, por orden directa de mi Coronel Plazas Vega, a uno de los tres subversivos se le quiso hacer firmar un acta, una carta donde decía que habían recibido tres millones de pesos del narcotráfico para comprar parte del material de guerra que se uso en el operativo y para financiar la operación. El subversivo que no quiso suministrar datos, respondió con un madrazo, … aunque ya estaba en estado delicado de salud por las torturas que se le habían hecho; fue sacado, golpeado y ahogado en los bebederos de las caballos en todo el centro de las caballerizas, que son las mismas celdas donde llevan a los retenidos; este individuo se movió algunos segundos, pero con los golpes que se le dieron en la parte baja de los riñones quedó ahí tirado; nosotros pensamos que fue el primer muerto de esas personas”.
Los agentes advierten que este casete aunque lleva la voz distorsionada no puede caer en manos militares porque se puede “descualizar”, serían localizados y sin duda sufrirían represalias; así mismo sostienen que esa grabación es motivada porque no están de acuerdo con estas prácticas violatorias de los derechos humanos y porque “la democracia se puede defender sobre los pilares de la justicia, de la dignidad y no en forma atroz”.
Más adelante entre otros detalles, al igual que el oficial Gámez Mazuera señalan los lugares donde son enterrados los desaparecidos, y agregan que “el martes en la tarde supimos que habían otras tres mujeres retenidas en otra instalación militar y que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz Mery Puerta, Nohora Esguerra y Rosa o Margarita Castiblanco y que estaban sometidas a fuertes interrogatorios... presumimos que corrieron la misma suerte que los tres subversivos y los empleados de la cafetería”. Luego dicen: “el miércoles cuando se preparaba urgentemente el operativo de respuesta al ataque, mi Coronel Plazas Vega, nos dijo a todos los efectivos del B-2 que teníamos que estar dispuestos a cobrar las vidas que el terrorismo había sacrificado en el cerro de comunicaciones del cable en Bogotá y el Batallón Cisneros en Manizales, que fueron más de cien muertos aunque esto no lo conoce la opinión pública…”
Más adelante entre otros detalles, al igual que el oficial Gámez Mazuera señalan los lugares donde son enterrados los desaparecidos, y agregan que “el martes en la tarde supimos que habían otras tres mujeres retenidas en otra instalación militar y que correspondían a los nombres de Luz Marina o Luz Mery Puerta, Nohora Esguerra y Rosa o Margarita Castiblanco y que estaban sometidas a fuertes interrogatorios... presumimos que corrieron la misma suerte que los tres subversivos y los empleados de la cafetería”. Luego dicen: “el miércoles cuando se preparaba urgentemente el operativo de respuesta al ataque, mi Coronel Plazas Vega, nos dijo a todos los efectivos del B-2 que teníamos que estar dispuestos a cobrar las vidas que el terrorismo había sacrificado en el cerro de comunicaciones del cable en Bogotá y el Batallón Cisneros en Manizales, que fueron más de cien muertos aunque esto no lo conoce la opinión pública…”
Al final de la grabación, también aseguran que algunos muertos en la tortura fueron devueltos al Palacio, y que algunos desaparecidos, fueron, como se solía hacer, introducidos en canecas de ácido sulfúrico para que no quede el más mínimo rastro de los cuerpos.
El señor Enrique Rodríguez, fundador de la Asociación de los Familiares de los Desaparecidos, denunció la existencia de unos casetes que contenían los interrogatorios que se les siguieron a los funcionarios de la cafetería; pero estos desaparecieron misteriosamente. Posteriormente acusó al juez 30 de destruir pruebas y denunció ser objeto de persecuciones, incluso de que su casa fue allanada y su investigación robada. Sus denuncias llegaron ante la OEA, a la Corte Interamericana incluso ante el Vaticano, sin que hoy se conozca la suerte que corrió su hijo.
En el Cementerio Sur se lograron seleccionar 28 restos óseos para pruebas genéticas para ser cotejadas con los familiares de los desaparecidos. El resultado permitió la identificación de Ana Rosa Castiblanco, empleada de cafetería que se encontraba en estado de embarazo.
Sí todas estas declaraciones fueron recibidas por las autoridades competentes, por qué razón nunca se desarrollaron las debidas investigaciones y varios declarantes tuvieron que abandonar afanosamente el país? ¿Por qué han sido amenazados los familiares de los desaparecidos y sus investigaciones robadas? ¿De dónde provienen las amenazas?
LAS FUERZAS ARMADAS.
De todos los procesos entablados, sólo dos concluyeron en fallos sancionatorios: uno contra el General Jesús Armando Arias Cabrales y otro contra el Teniente Coronel Edilberto Sánchez Rubiano. La resolución 404 del 28 de septiembre de 1990 proferida por el Procurador Delegado para las Fuerzas militares, José Plinio Moreno, y confirmada por el Procurador General de la Nación, sancionó disciplinariamente con solicitud de destitución al general Jesús Armando Arias Cabrales. Posteriormente fue absuelto porque el fallo se dio cuando se había vencido el plazo. La procuraduría aclaró que este alto oficial no fue sancionado por defender las instituciones, sino por el método que se empleó para tal fin. «Las torturas, las desapariciones forzadas o el sacrificio de rehenes no forman parte de las funciones de ningún representante del Estado»[26] La Procuraduría y la justicia ordinaria manifestaron: «La situación militar ocurrida en el baño y en el cuarto piso del Palacio de Justicia fue manejada por el general Arias Cabrales con indiferencia y desinterés por la integridad física de los rehenes allí cautivos… Las pruebas indican que no existió por parte del general Arias un ánimo de proteger la vida de los rehenes indefensos, ajenos al conflicto, ni mucho menos de sobreponer la seguridad física por encima del afán de sometimiento de las fuerzas rebeldes que resistían. Ello a pesar de las altas dignidades que ostentaban los rehenes». El general Arias Cabrales fue absuelto porque el fallo se dio cuando se había vencido el plazo y, la justicia Penal Militar lo absolvió definitivamente junto al coronel Edilberto Sánchez Rubiano bajo el principio de la obediencia debida. El fallo fue cuestionado por el Ministerio Público, pero el Tribunal Superior Militar en 1994 ratificó la absolución de los dos oficiales, alegando falta de pruebas en la provocación del incendio, la muerte y desaparición de las víctimas de Palacio.
Los dos oficiales que mintieron al asegurar que Reyes Echandía les había ordenado retirar la vigilancia fueron absueltos.
La Justicia Penal pidió se investigará al entonces director de la Policía Víctor Delgado Mallarino por desobediencia militar el negarse a suspender el operativo de ingreso al cuarto piso del Palacio. La Corte Suprema de Justicia, el 24 de octubre de 1990 reabrió la investigación, pero el 7 de febrero de 1991 declaró que el caso había prescrito.
EL ESTADO
El Tribunal Especial que fue creado básicamente para defender la imagen de un gobierno moralmente condenado, no tenía poder para emitir juicios sancionatorios; sin embargo, y pese a la manipulación de ciertos hechos, arrojó algunos resultados interesantes que sirvieron para abrir otros procesos que hasta la fecha no han arrojado resultados.
El Presidente de la República, de quien tiempo después la Corte declaró que “no ordenó nada y simplemente toleró”, nunca dio explicaciones claras sobre su negativa al diálogo conformándose con la explicación oficial de que el gobierno no negoció “por cuanto hacerlo implicaba someter la soberanía del Estado a la voluntad de los terroristas”. Tampoco explicó las razones que lo impulsaron a mentir diciendo que intentaba comunicarse con Reyes Echandía y al tiempo negarse a hablar con él, decirle a Gabriel García Márquez que aceptaba la presencia de John Agudelo Ríos y otras altas figuras negociadoras para resolver el problema de la toma y luego negarles la entrada a Palacio. También mintió cuando insinuó que el ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala le había recomendado al igual que otros ex mandatarios y candidatos presidenciales, no negociar. En declaraciones hechas por Turbay, éste reveló que “cuando habló con el presidente Betancur, le recomendó esperar unas horas, darle tiempo a la situación para buscar soluciones sin el nerviosismo inicial”. Así mismo afirmó que “cuando empieza un operativo militar es difícil detenerlo” y agregó que en el momento en que conversó con el jefe de Estado, ese operativo ya estaba en marcha. En declaraciones radiales, sostuvo que seguramente habrá mucho que discutir sobre la forma como se cumplió el rescate del Palacio de Justicia”[27]
La Comisión de Acusaciones de la Cámara, pasando por encima de los hechos, terminó por aceptar la intervención del nuevo presidente electo, doctor Virgilio Barco y resolvió absolver al anterior mandatario, bajo la tesis de «acto típico de gobernar» rechazando las acusaciones del Procurador General sobre el desconocimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, al alegar que no eran aplicables a las circunstancias concretas del país. El juicio político contra el presidente Belisario Betancur y contra su ministro de Defensa general Miguel Vega Uribe fue archivado en 1989. Las investigaciones contra el director de la Policía Nacional Víctor Alberto Delgado Mallarino y demás altos mandos castrenses que participaron en el operativo, prescribieron en 1989. La Fiscalía General de la Nación en el año 2000 investigó las desapariciones y ordenó excavaciones en la Escuela de Caballería sin encontrar nada. Según testimonio de algunos soldados de ese entonces, la zona donde se encuentran sepultados varios desaparecidos, no sólo de la toma del Palacio, esta minada haciendo imposible llegar a los restos. En 1993 el Consejo de Estado falló una sentencia reconociendo la responsabilidad del Estado por la desprotección a los magistrados de la Corte Suprema antes del asalto y por el “equivocado, improvisado y desorganizado operativo militar de recuperación del Palacio”. El Tribunal administrativo de Cundinamarca censuró la acción del M-19 e igualmente la anarquía de las fuerzas del orden en el “absoluto desconocimiento de los más elementales derechos humanos”.
El M-19.
La Corte calificó la toma del M-19 como “absurda y demencial acción”, y pidió, fuera investigada, al igual que la reacción de las autoridades, que arrasó y pisoteó la sede de las más altas dignidades de la rama Jurisdiccional del Poder Público.
El 31 de 1989, el juzgado 30 de Instrucción Criminal, llamó a juicio a 38 miembros del M-19 que participaron en la planeación y ejecución de la toma, por homicidio, rebelión y secuestro. El indulto político concedido por rebelión por el Congreso, mediante la ley 77de ese mismo año, acabó con el proceso y no cobijó a ningún guerrillero participante en el asalto, puesto que todos, a excepción de una guerrillera que se presume fuera del país, murieron en el operativo. El 24 de octubre de 1990, la Sala de Casación Penal de la Corte pidió que al margen del indulto aprobado por el congreso, se continuara con la investigación hasta sus últimas consecuencias. El 15 de mayo de 1992, una jueza sin rostro consideró que las acciones del M-19 en la toma del Palacio correspondían a los delitos de terrorismo, que el incendio había sido provocado por la guerrilla y que la organización había incurrido en actos de ferocidad y barbarie que no podían ser indultados por lo que expidió medida de aseguramiento contra los principales cabecillas de la guerrilla de ese entonces, hoy destacados líderes políticos. El Congreso expidió una norma de garantía de cosa juzgada, y la jueza terminó siendo investigada penal y disciplinariamente.
En el 2004, el presidente Álvaro Uribe Vélez, lanzó un imprudente comentario en Miami según el cual “El M-19 quemó el Palacio de Justicia en asociación con el narcotráfico y está indultado”. De inmediato los ex guerrilleros del Eme, con Antonio Navarro Wolff a la cabeza, dijeron estar dispuestos a renunciar al indulto y solicitaron se nombrara una comisión de la verdad que clarifique lo ocurrido en la toma del Palacio con la esperanza de que con justicia y verdad, estás heridas, que insistentemente se abren cada seis de noviembre se cierren para siempre.
Han transcurrido veinte años de la toma, y aún no logramos entender que no reconocer de modo oficial la historia de las víctimas y vencer la impunidad, las excluye de la historia, frena cualquier proceso de reconstrucción y altera dramáticamente el rumbo de un país.
Las reconciliaciones requieren de gestos públicos transparentes que ayuden a recuperar la memoria y la dignidad de la víctimas; sin justicia, voluntad política y verdad nunca habrá paz.
[1] PIZARRO, Eduardo, Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. 1987
[2] SERRANO, Jaime; UPEGUI Carlos; Informe sobre el holocausto del Palacio de Justicia; Diario Oficial. Junio 17 de 1986, p 4.
[3] Ibídem, p 3
[4] Ibidem,. p 3.
[5] ECHEVERRY CÁRDENAS, Adriana y HANSSEN PÉREZ, Ana María; El olvido: holocausto de la historia, el caso del Palacio de Justicia. Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación Social. Bogotá.1999, página 126.
[6] SERRANO, op.cit.p.11
[7] SERRANO, op.cit. P.6
[8] Diario Oficial. Núm 37509. Junio17 de 1986. P.11. Bogotá.
[9] Diario Oficial. Núm 37509. Junio17 de 1986. P.11. Bogotá.
[10] SERRANO, Op. cit. p 3.
[11] HERNÁNDEZ, Germán; La justicia en llamas, p 56. Carlos Valencia Editores, Bogota, 1986.
[12] RÉNIQUE, José Luis; De tomas y líderes fuertes: las raíces de un impase y el futuro del Perú. enero de 1997
[13] Informe final del Juzgado 30 de Instrucción Criminal Ambulante. Enero 31 de 1989, p16.
[14] Ibídem, p 13.
[15] GARAVITO, Fernando, Tragedia del palacio, tragedia de la justicia. P.7.En Suplemento jurídico de El Espectador. Enero 16 de 2001. Y Revista Semana. Edición Especial. 11 Noviembre de 1985
[16] RESTREPO, Javier Darío; La Corte no cree en héroes. Su Defensor. P, 20-22. Núm11. Junio de 1994. Bogotá ( Informe final de Juzgado 30 de Instrucción Criminal)
[17] SU DEFENSOR. Revista de la Defensoría del Pueblo. P.9. Núm.28. Noviembre de 1995. Bogotá,
[18] Informe del Tribunal Especial de Instrucción». Diario Oficial. Núm 37509. Junio17 de 1986.
[19] Ibídem, p,12
[20] SU DEFENSOR. No 28.op.cit. p.13
[21] SÁNCHEZ, SÁNCHEZ Mary; Palacio de Justicia: Un caso paradigmático para la antropología forense. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Antropología, Especialización en antropología Forense. 2002.
[22] Informe de la Procuraduría General de la Nación. P.21. EN Revista de la Defensoría del Pueblo. Noviembre de 1985.
[23] ECHEVERRY Y HANSSEN PÉREZ, Op.cit. página 141.
[24] ECHEVERRY CÁRDENAS, Op. cit. p 180.
[25] ECHEVERRY HANSSEN PÉREZ, Op.cit. p 126.
[26] LÓPEZ, Juan Manuel. Aspectos jurídicos y políticos en la tragedia del Palacio de Justicia. EN: Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas. Universidad Externado de Colombia. No.41-42, (mayo- diciembre de 1990); p,254.
[27] EL ESPECTADOR. Noviembre de 1985. P.13 A.
PREMIO MEMORIA 2005
LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA; UNA FRACTURA EN LA HISTORIA NACIONAL
PUBLICADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Hola Maureen.
ResponderEliminarEstoy enfrascado en una investigación que luego indicaré, y para ello, estoy leyendo "Prohibido Olvidar", además de otras obras, artículos y ensayos relacionados. Los aportes del libro han sido invaluables al igual que tu ensayo.
De requerir información adicional sobre "la toma al Palacio de Justicia", quisiera saber si puedo contar con tu colaboración.
Mil Gracias
Fernando Vallejo
Administrador de Recursos Humanos
Formador Pedagógico Especializado
ABOGADO
Medellín